La sociedad de Viedma está shockeada y no es para menos. El miércoles trascendió que la Justicia investigaba una red de prostitución que supuestamente entregaba nenas alojadas en un instituto de menores a prominentes hombres de la ciudad. Y desde entonces los acontecimientos no dieron respiro: primero los detalles del caso fueron confirmados por el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro y a las pocas horas fue allanada la finca de un juez señalado en la causa, quien negó todo y se pidió licencia. Finalmente otro acusado, empleado estatal, se suicidó el viernes pegándose un tiro en su casa, según informó Télam.

El caso, a cargo del juez Fabio Igoldi y del fiscal Juan Pedro Puntel, comenzó el año pasado con la denuncia de la madre de una de las víctimas y a ella se sumaron otros casos recopilados por Desarrollo Social, a cargo de Ricardo Arroyo quien aseguró que “no solo hay testimonios sino también fotografías como pruebas” de la supuesta prostitución de las menores.

Según declaró Arroyo a una radio local, la causa por “corrupción de menores y facilitación de la prostitución infantil” involucra a tres chicas de 13, 14 y 15 años que estaban alojadas en un centro de atención de menores en Viedma destinado a jóvenes en conflicto con la ley o en situación de vulnerabilidad.

En declaraciones a radio Noticias, de Viedma, Arroyo dijo que en la denuncia judicial presentada contra un grupo de adultos –al que denominó “la banda de los viejos”– “hay funcionarios judiciales, empresarios y hasta funcionarios del propio Ministerio de Desarrollo Social, que iban a buscar favores sexuales”.

“Tres nenas denuncian que han prestado servicio sexual en una vivienda, que no se trató de una cuestión aislada, sino de un metodología”, precisó el ministro. Y explicó que esas declaraciones “fueron hechas en cámaras Gesell, donde ellas explicaron lo que hacían”.

De acuerdo a la agencia Télam, luego de la denuncia el Ministerio trasladó “con total sigilo a dos de las chiquitas afuera de Viedma”. Pero “a pesar de todas las precauciones que tuvimos, algunos de los acusados sabían a los diez minutos a dónde las llevamos”, dijo el ministro al ser consultado sobre la marcha de la investigación.

Si bien el miércoles, al conocerse la noticia de la existencia de la causa, no se difundieron datos de los imputados, los nombres no tardaron en trascender. Y quien quedó más expuesto fue el camarista penal Juan Bernardi, quien difundió un comunicado negando los cargos y pidió licencia, aunque estaba en medio de un juicio oral por un caso de homicidio. El magistrado planteó que la denuncia en su contra pueda ser una venganza por su labor como vocal de la Sala 2 de la Cámara del Crimen de Viedma (ver Bernardi...).

“Yo a Bernardi lo conozco hace 22 años y creo absolutamente en lo que él me ha contado. Nuestro estudio no atiende delitos sexuales, solo en raras excepciones y esta es una de ellas porque creemos en la inocencia del juez”, declaró a los medios el abogado Manuel Mazza quien se hizo cargo de la defensa de Bernardi luego de que éste fuera formalmente imputado por el juez Igoldi, quien además le prohibió la salida del país al camarista.

Según trascendió, en el caso hay al menos otros cinco imputados. Entre ellos, el encargado de la finca del juez que fue allanada –una hipótesis dice que se habría usado para algún encuentro sexual–, un comerciante, un médico y un ganadero. En la misma situación procesal se encontraba el empleado del Ministerio de Salud que se suicidó el viernes.

El cuerpo del hombre, identificado por Télam como Fabián Peralta, de 38 años, fue encontrado con un disparo en la cabeza, en el interior de su casa, en la calle Santa Cruz, en el barrio Santa Clara de la capital rionegrina.

Peralta había sido notificado este miércoles de su calidad de imputado en el expediente por supuesto abuso y corrupción de menores. “Quieren meterme en ese lío, pero yo no voy a ir a preso”, le habría dicho a un vecino el jueves por la tarde, luego de que éste lo consultara sobre el caso.