Durante los últimos años, Raúl Reynoso disfrutó de hacer catarsis en los medios en su rol de magistrado a cargo de una zona totalmente caliente. Juez federal de Orán, Salta, siempre se refirió a él mismo como un buen funcionario, un poco desbordado por la realidad de tener que hacerle frente altráfico de drogas en plena frontera con Bolivia, un virtual colador transitado por bagayeros y camiones de carga. Un ejemplo reciente de estos descargos es una entrevista que concedió en Radio Splendid. Allí, afirmó que por su despacho pasaron en los últimos años "unas 31.500 causas en las que se han secuestrado 24 mil kilos de droga de todo tipo", que operaba bajo alertas amarillas y naranjas dada la gran cantidad de estupefacientes que cruzaban su jurisdicción. Cristina Kirchner misma se había puesto de su lado, cuando se quejó públicamente ante la Corte Suprema a comienzos de este año de que Reynoso tuviera apenas 22 empleados para tramitar tantos expedientes. De todas formas, en un futuro cercano, los problemas del magistrado pueden terminarse de una manera un tanto abrupta.

Esta mañana, miembros porteños de la Policía de Seguridad Aeroportuaria -fuerza federal que Reynoso prohibió operar en su territorio- allanaron el despacho del juez entre otros puntos en busca de documentación. Los procedimientos ocurrieron por orden del juez federal de Salta capital, Julio Bavio, junto al fiscal Eduardo Villalba y su par Diego Iglesias, jefe de la PROCUNAR, el ala del Ministerio Público Fiscal que investiga el comercio de drogas y que viajó expresamente a Salta para supervisar la situación.

Un día antes, Villalba y la PROCUNAR habían presentado ante Bavio un pedido de indagatoria contra Reynoso, su jefe de despacho y varios abogados locales, habituales defensores de narcos con una sospecha firme basada en meses de investigación que representa uno de los mayores escándalos judiciales a nivel institucional de los últimos tiempos: la aparente corrupción de un juez federal clave, encargado de una línea de defensa elemental en el territorio argentino.

En al menos once causas de narcotráfico internacional de los últimos cinco años, dice la denuncia a la que Infobae accedió en forma completa, Reynoso habría beneficiado con la libertad a narcotraficantes colombianos y bolivianos que apresaba a cambio de jugosas coimas. En las causas mencionadas, dice el pedido de indagatoria, "se juzga el tráfico ilícito de más de 2 toneladas de cocaína, producto que de ser comercializado en su presunto destino, Europa, implicaría una ganancia de aproximadamente u$s 70.000.000". La Justicia, por otra parte, también investiga la ruta del presunto dinero del juez. Se habla de supuestos cruces ilegales a Bolivia y giros a otros países. El tráfico de divisas es otro delito en el que el juez federal habría encontrado réditos.

Un caso testigo es el empresario transportista boliviano José Sejas Rosales, a cargo de la firma Creta, con más de 90 vehículos vínculos comerciales con YPFB, la petrolera estatal boliviana, cuya historia este medio desarrolló en los últimos meses: se halló más de cien kilos de cocaína y precursores químicos en once de sus camiones cisterna que cruzaron el país. Reynoso le otorgó la libertad en mayo pasado, declarándolo partícipe secundario tras hallar 600 litros de droga en estado líquido y 35 mil litros de tolueno, un precursor químico. De acuerdo a testimonios valorados por la PROCUNAR,el pago que Reynoso habría recibido para tomar su decisión sería de 350 mil dólares. El beneficio a Sejas había sido disputado por el ex jefe de la PROCUNAR, Adolfo Villatte, que viajo él mismo a Salta para enfrentar la situación. Hoy, Sejas está detenido en Bolivia por la Justicia de su país; pericias determinaron que se hallaron restos de cocaína en cuarenta de sus camiones. Se espera unaextradición a la Argentina que no ocurriría por lo menos en dos años.

Se habla también de otros montos, como una excarcelación en mayo último a un procesado, Eduardo Quiroga en mayo de este año, con presunta etiqueta de 700 mil pesos. A Quiroga, Reynoso le había negado el beneficio a fines de febrero último y hasta le había dado prisión preventiva una semana antes de liberarlo.

Todos afuera

El Ministerio Público -que sugirió las figuras de asociación ilícita, cohecho y prevaricato en contra del juez- razonó que Reynoso formaría parte de "una organización criminal que tiene por objeto la gestión y concesión de resoluciones judiciales tendientes a mejorar la situación procesal, especialmente la libertad ambulatoria, de distintos personas imputadas" en causas de drogas.. El análisis resultante es obvio: "Con el accionar descripto en el marco de los expedientes judiciales reseñados, quien se encuentra llamado a investigar conductas de narcocriminalidad, parece favorecerlas enprocura de obtener beneficio patrimonial". En el esquema, la participación de los abogados defensores se habría vuelto esencial. Una fuente de la investigación indica: "Orán es un pueblo chico, se conocen todos. Y se sabe con quién arreglar".

El texto de la indagatoria indica: "Los abogados se presentaban ante familiares de personas detenidas en el marco de un proceso que tramitaba ante el juzgado federal que conduce el juez Reynoso, asegurando contar con el aval del juez para que en los procesos donde intervenía el magistrado les otorgara la libertad a sus defendidos o resolviera los planteos de la defensa conforme a sus intereses. Así, obtenían de los familiares de los imputados privados de la libertad la designación como letrados defensores revocando cualquier otra anterior actuación profesional, a la vez que les requerían altas sumas de dinero (que correspondía a los honorarios profesionales y otro tanto destinado a pagarle al magistrado), o la entrega de diversos bienes para tramitar libertades y/o la devolución de efectos, tales como dinero, automotores u otros bienes similares. Ese peculio era puesto a disposición de Reynoso, quien luego dictaba las resoluciones necesarias para resolver el caso conforme lo pactado".

El magistrado ya había soportado denuncias en las últimas semanas. David Leiva, un abogado de Orán, fue el primero en hacerlo, en base a trascendidos de colegas suyos. Reynoso habría beneficiado a un procesado por narcotráfico, José Miguel Farfán, con un hermano también implicado. La PROCUNAR chequeó la historia de Farfán: su nombre figura en una causa de 2013, con una camioneta con 369 paquetes de cocaína hallada en el Peaje Fernández en Santiago del Estero. Reynoso, pese a estar en otra provincia, solicitó la inhibitoria del Juzgado Federal santiagueño. En enero de 2014, Reynoso avaló una exención de prisión para Reynoso, pese a la negativa del fiscal federal de Orán.

Un testimonio al respecto es incendiario. Otro abogado mencionado por Leiva habla de una curiosa operatoria de entrega de 150 mil dólares para Reynoso, que el juez habría retirado él mismo en la casa del abogado defensor, dice el pedido de indagatoria del fiscal Villalba y la PROCUNAR. Otros testimonios coincidieron en que resultaron contestes en que "Farfán le entregaba grandes cantidades de dólares a Reynoso por intermedio de su abogado defensor".

Sin embargo, de cara al pedido de indagatoria, que puede desembocar en un procesamiento para el juez, la preocupación principal es quién es el magistrado que queda a cargo de perseguir los delitos federales en la frontera en Orán. Paradójicamente, no queda nadie más que Reynoso mismo.