Casas fue vicegobernador de Luis Beder Herrera en el período 2011-15, por lo tanto la única opción para ser reelecto es a través de una enmienda que deberá ser convalidada por una consulta popular y según fija el artículo 177 de la Constitución “tendrá lugar en oportunidad de la primera elección general que se realice". De ser así, Casas realizaría un plebiscito, en el mismo momento que se sometería a votación para su nuevo mandato, algo que claramente es imposible.

El gobernador riojano quiere convocar a la elección de intendentes en febrero próximo y colar allí la consulta popular, pese a que la Constitución habla de "elección general". El problema es que si Casas incluyera la consulta en los comicios provinciales estaría preguntándoles a los riojanos sobre la posibilidad de postularse en la misma elección en la que pretende competir por un nuevo mandato.

A pesar de estos argumentos, la legislatura de La Rioja aprobó la enmienda por 27 votos a favor, 24 son los necesarios que exige la Constitución, dos abstenciones y cinco legisladores que estuvieron ausentes porque no convalidan el cambio y lo anunciaron en una conferencia de prensa previa al debate.

Sin embargo, este atropello legal no es el único ejecutado por la gobernación. El vicegobernador actual, Nestor Bosseti, es el encargado de llamar a sesiones extraordinarias, pero fue la vicepresidenta primera de Diputados, Adriana del Valle Olima, quien lo hizo en su lugar.

Desde el 15 de junio del 2017 vengo denunciando un permanente y sistemático ataque a la institucionalidad. Ayer encontrándome en La Rioja, la sra del sello usurpador convocó a sesión extraordinaria. No será mucho @SergioGCasas hasta donde estas llevando a la Provincia?? pic.twitter.com/cKGKu9jpW2

— Néstor Gabriel Bosetti (@nestorgbosetti) 18 de diciembre de 2018

Según denuncia Bosseti pública y legalmente, el día 15 de junio del año pasado, por un decreto de la Cámara, vaciaron de su cargo las atribuciones y competencias; es decir que la administración de los fondos, la designación y remoción del personal, y la firma de contratos quedó a cargo de Del Valle Olima, a pesar de que originalmente no le correspondían esas atribuciones.

Además, destituyeron a los funcionarios con dependencia directa como presidente de la función legislativa y removieron a sus secretarios administrativo y legislativo. La vicepresidenta primera, de manera servil a los intereses de Casas, utiliza un sello que la designa a cargo de la presidencia a pesar de que su puesto le permite reemplazar a Bosseti solo en casos excepcionales.

En este contexto el vice riojano presentó una denuncia penal contra Del Valle Olima por usurpación de cargo atributos y funciones, pero no tuvo lugar y fue archivada por la fiscal Cecilia Moreno.

Denuncia penal por usurpaci... by on Scribd