La Justicia de Río Negro investiga una presunta red de prostitución infantil y corrupción de menores en la ciudad de Viedma, en un hecho que desató el escándalo por involucrar a profesionales reconocidos de la capital provincial. Según las sospechas, la operatoria del grupo era llevar a adolescentes internadas en un albergue del Ministerio de Desarrollo Social a un determinado lugar para mantener allí relaciones sexuales con las jóvenes. La mira está puesta en empleados de esa cartera, funcionarios judiciales, empresarios, un abogado y un médico, entre otros. La policía allanó incluso la casaquinta de un camarista, que tomó licencia mientras duren las actuaciones por el caso, aunque declaró que es inocente, negó rotundamente cualquier participación en los hechos y sostuvo que la acusación es una “represalia” por su actividad como juez.

La investigación por “corrupción de menores y facilitación de prostitución infantil” comenzó a finales del año pasado y es llevada adelante por el juez de instrucción Fabio Igoldi y el fiscal Juan Pedro Puntel. El caso se mantuvo en absoluta reserva hasta esta semana, cuando comenzó a trascender en distintos diarios locales. El ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo, finalmente confirmó el miércoles que las actuaciones judiciales se iniciaron por una denuncia de operadores de su propia cartera.

Este personal del área de asistencia a menores en situación vulnerable habría detectado las salidas de las niñas desde el hogar, aparentemente con la finalidad de prestar servicios sexuales a un grupo de personas mayores, que serían conocidos como “los viejos”.

“Es una situación puntual que se dio el año pasado. Ante declaraciones de chiquitas que tenemos bajo protección, realizamos las denuncias correspondientes en el fuero provincial y el federal”, contó Arroyo. “Tres nenas denuncian que han prestado servicio sexual en una vivienda. Tienen 13, 14 y 15 años, por eso las declaraciones fueron hechas en cámara Gesell, donde explicaron lo que hacían. No se trató de una cuestión aislada, sino de una metodología”, sostuvo.

El titular de la cartera señaló que “los funcionarios públicos debemos quitarnos las caretas, es muy fácil decir cosas como erradicar la trata” y destacó “la valentía de algunos funcionarios que recibieron presiones por acompañar a las chiquitas a hacer las denuncias ante el juzgado provincial y luego el federal”.

“Esto no es un hecho aislado. No hay que meter la basura debajo de la alfombra, esto pasa en nuestra sociedad. Hay que mirar a la vuelta de la esquina, en nuestro barrio. Muchas veces los funcionarios creemos que con una ley solucionamos o una resolución y está todo solucionado y no es así”, indicó Arroyo.

Además, resaltó que “no estamos hablando de declaraciones, hay fotos como pruebas que demuestran que hay funcionarios judiciales, empresarios y hasta funcionarios del propio Ministerio de Desarrollo Social involucrados que iban a buscar favores sexuales”.

Pocas horas después de las declaraciones de Arroyo, el juez Igoldi dispuso las imputaciones del camarista penal Juan Bernardi y otras personalidades de Viedma, entre las que se encontrarían un funcionario de Desarrollo Social, un abogado, un empresario ganadero y un médico.

El propio camarista involucrado en la denuncia dio ese día a la prensa un documento donde afirma su “absoluta inocencia y profundo desconcierto por el origen de la denuncia, la que puedo asociar a una represalia por mi actividad jurisdiccional”. También comunicó su decisión de tomar licencia mientras duren las actuaciones del caso. El mismo miércoles hubo un allanamiento en la casaquinta de Bernardi, a la vera de la ruta provincial Nº 1, en las afueras de Viedma.

Ayer, el camarista penal hizo uso de la licencia. Bernardi debía presidir el tribunal del juicio por el robo y tentativa de homicidio del que resultó víctima el comerciante Sergio Dato. Finalmente, el juicio se suspendió.

El Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes (Coniar) de Río Negro, a través de un comunicado, repudió ayer los hechos denunciados. “Ante los acontecimientos que son de dominio público, relacionados a denuncias sobre corrupción y prostitución infantil en la ciudad de Viedma, queremos manifestar que repudiamos enfática y enérgicamente este hecho que tiene características aberrantes. Nos solidarizamos con las niñas víctimas de esta situación y con sus familias”, afirmaron desde el organismo.

“Cuando una sociedad permite que niños y niñas vivan en la calle, padezcan hambre, sufran enfermedades de transmisión sexual, sean vendidos sexualmente y se droguen a toda hora, estamos frente a una comunidad que ha perdido la sensibilidad y la vergüenza”, detalló el comunicado, firmado por la titular del Coniar local, Viviana Pereira.