El 11 de septiembre, el ex contratado municipal Carlos José Etcheverry denunció ante el fiscal Gustavo García una supuesta trama político-policial, “a través de la cual se cobraba por dar protección a comerciantes, a vendedores de drogas, como también a la prostitución y el juego, dando detalles puntuales de los involucrados y la forma en que se realizaba la cobranza por esos ´servicios ilícitos´”, según se transcribe en el diario Compromiso de Dolores.

El mismo periódico le realizó una entrevista a Etcheverry en el estudio del abogado que lo patrocina, Jorge Domínguez. Tras la publicación de la nota, la causa, que estaba invisibilizada para la prensa, tomó otro cariz y provocó un escándalo en esa ciudad de la Quinta sección electoral. 

En su denuncia pública, Etcheverry asegura que mientras trabajaba como contratado para el área de protección ciudadana del municipio, el Secretario de Seguridad de la comuna, Fabián Puig, lo mandaba a “buscar dinero a ciertos lugares o negocios”. Y dice que ese dinero era llevado a la casa de un funcionario, que sería el hermano del intendente Camilo Etchevarren. En diálogo con La Tecla, Jorge Domínguez, confirmó que el funcionario al que su cliente denuncia como el que recibía el dinero “es efectivamente Mario Etchevarren” 

El abogado de Etcheverry reafirmó que “lo que se ha hecho público es el nombre del Secretario de Seguridad de la ciudad (Fabián Puig) y de Mario Etchevarren, hermano del intendente, que es el presidente del Concejo Deliberante, y que a su vez ocupa un cargo a nivel provincial, donde es el segundo de (Fabián) Perechodnik en la Secretaría General”.

Efectivamente, en la estructura del gobierno bonaerense, Mario Etchevarren, aparece como Subsecretario General de la Gobernación. 

El abogado contó que la causa se ha desdoblado. Se inició en la UFI N°1 de Gustavo García “y ahora, con este giro, intervendría la UFI N°3 (a cargo de Diego Torres), que es la que lleva a cargo todo lo relacionado por estupefacientes; pero también es posible que intervenga la Justicia Federal, porque ya no estaríamos hablando de una comercialización directa al consumidor (menudeo), sino de una red de personas que se dedican al tráfico”.

En diálogo con La Tecla, Domínguez, dijo que Etcheverry recibió amenazas después de hacer la denuncia penal y también luego de conceder la entrevista por la cual el caso tomó estado público. El abogado sostuvo que una de esas intimidaciones “se realizó por la red social Facebook”, también confirmó que el auto del denunciante apareció con los tornillos flojos de una rueda, y hace referencia a una oferta para que desestime la denuncia, en la cual menciona “a una persona que también tiene causas vinculadas al narcotráfico o la droga, que es el señor (Carlos) Ferro Viera, de la ciudad de La Plata”.

Domínguez dijo que “Etcheverry tiene una custodia en su casa, de la Policía Federal y un día, al retirarse de su vivienda, le comunica a la custodia dónde iba a estar. Después, cuando sale de la casa del amigo al que había ido a visitar y se dirige a su automóvil se encuentra con una persona que lo intercepta, lo llama por su nombre, se presenta como abogado y le manifiesta que quiere que cambie la declaración a cambio de un dinero importante. 800.000 pesos es lo que le ofrece, 400.000 si está de acuerdo y los otros 400.000 en los días siguientes. Le pide cambiar la declaración, sacarme a mí como abogado defensor y poner sus abogados. Este señor después es identificado por Etcheverry en la fiscalía por una fotografía en la que está junto a Ferro Viera”.

“Evidentemente, la custodia también ha sido filtrada. Nos enteramos que una de las personas que realiza la custodia de la Federal es hijo de uno de los abogados que lo intercepta a él. Por eso se pidió el cambio de la fuerza que lo custodie, va a ser Gendarmería o Prefectura”, concluyó el letrado.