Una investigación preliminar indica que numerosos educadores se jubilaron de cargos inexistentes y vienen cobrando remuneraciones desde hace años por trabajos que nunca cumplieron. Esta situación ocasionaría inspecciones a las oficinas de la Anses para recabar datos precisos de los sospechados con nombres y apellidos.
Entonces, la investigación judicial no se limitaría a los organismos de la provincia, sino que también podría haber afectado a la Anses, que es la encargada de abonar mensualmente los haberes de los jubilados.
En ese marco, nombres, fechas, haberes y direcciones,enriquecerían el cúmulo de pruebas provisto por el Consejo General de Educación, en la investigación por presuntos cobros irregulares de sueldos.
La batería de información forma parte de un combo entregado, días atrás, por la presidenta del organismo, Marcela Menini de Barchini.
Los receptores fueron el juez Darío Alarcón y el fiscal Julio Vidal, quienes hoy se reunirán para dar un fuerte impulso al proceso.
Identidades
De acuerdo con voceros judiciales, Menini de Barchini alertó sobre la existencia de numerosos maestros que desde hace años percibirían haberes a contraperlo de la ley.
Un grupo habría recibido sustanciosas mejoras, sin que órgano alguno oficial le haya dado luz verde.
Otros vendrían percibiendo altas remuneraciones por dos y tres empleos, curiosamente en cargos ficticios.
Así lo habría enfatizado la funcionaria educativa, precisando que hay docentes que cobran hace 12 años.
La contundencia de los hechos habría edificado una carpeta con nombre y apellido de los sospechosos, muchos de los cuales cumplirían funciones en la provincia y en la Nación.
En el seguimiento, el Consejo habría delatado repuntes sugestivos en muchos sueldos, hasta hoy no percibidos por la calculadora oficial, ya que sería común que Educación solicitara más fondos desde otras áreas, de acuerdo con la versión de Menini de Barchini.
Citaciones
Con pruebas concretas en sus manos, hoy Alarcón y Vidal definirán una serie de medidas.
Un funcionario adelantó que serían citados muchos docentes, los mismos que hoy realizan sus descargos en órbitas del Consejo.
El segmento estaría conformado por maestros de los niveles Primario y Superior.
Con el sólo fin de evitar equivocaciones, la Justicia solicitaría la colaboración de expertos de la División Delitos Económicos.
Éstos verificarían el rol cumplido por directivos del Consejo y los empleados.
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