Todo el volumen informático del Consejo General de Educación fue incautado ayer tarde por la Justicia, como primer paso en la incipiente investigación por supuestos cobros exorbitantes de haberes y por cargos inexistentes.

El allanamiento fue presidido por el juez Darío Alarcón y el fiscal Julio Vidal, respaldados por expertos informáticos del Poder Judicial y de la División Delitos Económicos.

La movida judicial arrancó a las 6.50 de la madrugada.

A esa hora, irrumpieron efectivos de Delitos Económicos y clausuraron las áreas Sueldos, Informática y del Programa de Reforma de la Gestión Administrativa de los Sistemas Educativos Provinciales (Pregase), de raigambre nacional.

Personal

Dichas áreas monopolizan la tarea de más de cien empleados, de los cuales al menos 20 han sido citados para declaraciones testimoniales ante el juez Darío Alarcón y el fiscal Julio Vidal, confiaron voceros del Consejo.

Por la tarde, Alarcón comandó el allanamiento al Consejo desde las 17.

Antes, mantuvo una reunión con la titular del alto cuerpo educativo, Marcela Menini de Barchini, quien garantizó al magistrado que todo el personal trabajará para arribar a las últimas consecuencias.

Posteriormente, Alarcón se dirigió a las tres áreas vitales: allí operan más de 20 computadoras, cuyas memorias han sido copiadas y retirados los servidores.

“Nuestra tarea consta de obtener información de los últimos años. Ésta se encuentra en el sistema informático, el cual desde hoy (ayer) está en poder de la Justicia”, clarificó un profesional judicial.

Cada secuestro fue monitoreado por Alarcón y Vidal, quienes mantuvieron otra reunión, en pos de acelerar la tarea y adelantarse a cualquier filtración.

Desde hoy, Delitos Económicos trabajará con las planillas de haberes, entrecruzando identidades y las áreas específicas en que se habrían materializado modificaciones en haberes.

Otro aspecto clave del proceso es analizar algunas jubilaciones, edificadas sobre cargos inexistentes o bien sustanciosas mejoras, sin sustento legal aparente.

No es todo. La Justicia también ya citó al menos a cuatro docentes, sospechados de integrar el grupo de beneficiarios, hoy en la mira de los investigadores.

“El tema es complejo, pero las autoridades dieron un primer paso trascendente: creemos que las anomalías van mucho más que los últimos tres años. Y tenemos la certeza de que hay una estructura añeja detrás de ella”, enfatizó un investigador.