El fiscal de Estado, Fernando Simón, le dio curso a la denuncia formulada por los legisladores provinciales Néstor Majul y Néstor Parés, en nombre del equipo del nuevo gobierno que encabezará Alfredo Cornejo, a raíz del llamado a licitación para concesionar los anexos del Casino de Mendoza de una manera que consideraron "viciada" y "nula".

 MDZ dio a conocer la situación el martes, cuando se planteó que la situación amenazaba con convertirse en un escándalo, habida cuenta principalmente de que el proceso licitatorio se abrió con mucho tiempo de anticipación al vencimiento de las actuales concesiones y en tiempo récord, lo que le podría haber permitido sólo a algunos oferentes cumplir con los requisitos y presentarse.

Como este diario lo interpretó, fue el primer traspié de la transición entre los gobiernos de Francisco Pérez y Alfredo Cornejo, a sólo dos días de realizadas las elecciones generales. 

Tras la publicación de la primera información, el presidente de la Comisión Especial de Políticas de Juego de la Cámara de Diputados, Néstor Majul, y el presidente del bloque de Diputados de la UCR, Néstor Parés (foto), presentaron una denuncia ante el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJC) con copia a la Fiscalía de Estado.

Pocas horas después, quien había defendido el proceso -uno de los directores del Casino, Federico Dominguez- anunció que se daría marcha atrás. 

Pero las licitaciones no se anularon: se suspendieron, tal como lo contó MDZ, mediante la resolución de directorio31/15.

Actúa la Fiscalía de Estado

Lo hicieron rápido. Lograron tomar una medida antes de que en lo político la situación pasara a mayores y poco antes de que la Fiscalía de Estado aceptara el planteo de la oposición y decidiera pedirle al Casino "que se abstenga de emitir el acto de adjudicación o cualquier otro que pudiera generar obligaciones para la Provincia en los procesos licitatorios de referencia hasta tanto haya sido resuelta la denuncia" que había sido presentada durante la mañana del miércoles.

El fiscal de Estado, como el proceso licitatorio no se eliminó sino que solamente quedó en suspenso, decidió abrir una investigación.

Consultado por MDZ, Simón consideró que "las supuestas irregularidades denunciadas poseen la entidad suficiente para justificar el avoque a la investigación de los hechos denunciados".

Desde el punto de vista de la Fiscalía de Estado, no había que suspender el proceso licitatorio, sino "abstenerse de disponer la adjudicación". Simón decidió esto porque entendió que suspenderlo podría comprometer los intereses de la provincia "creando derechos subjetivos en base a actos que pueden ser atacados por la nulidad".

La Fiscalía, entonces, decidió que el Casino no haga nada con el proceso licitatorio, salvo no adjudicar, "hasta que haya sido resuelta la denuncia". En tanto, le pidió a las autoridades del IPJC que "en un plazo de 5 días informe sobre los hechos" denunciados en su presentación por los referentes legislativos de la UCR.