La codiciada licitación de la hidrovía del río Paraná, por donde circula el 80% de las exportaciones de la Argentina y Paraguay y algunas de Bolivia y Brasil, además del narcotráfico, sigue generando polémica. A medida que se acerca la fecha para la apertura de los pliegos -el 12 de febrero- se acumulan los reclamos de distintos sectores que denuncian un favoritismo por parte del gobierno de Javier Milei para la actual empresa que explota el negocio.

Este lunes el Congreso volvió a hacerse eco de la problemática. La Coalición Cívica de Elisa Carrió reclamó en la Cámara de Diputados la presencia de funcionarios nacionales para que den explicaciones públicas al respecto. Ya la semana pasada la bancada radical en el Senado pidió que se permita competir en igualdad de condiciones a una oferente chino.

El conflicto se abrió hace semanas cuando trascendió que la subasta está hecha “a medida” para que gane la misma empresa belga que está a cargo del dragado del río desde que se lo entregó Menem en 1995, Jan de Nul. Entonces otras firmas internacionales como la belga DEME y la danesa Rohde Nielsen pidieron la nulidad de la licitación.

El viernes pasado senadores radicales de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, provincias atravesadas por el río Paraná, le pidieron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que introduzca cambios en la licitación de la hidrovía, formalmente conocida como la Vía Navegable Troncal (VNT). Curiosamente exigieron que se habilite la participación de la empresa estatal china Shanghai Dredging Company.

La misiva de los senadores Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela, Stella Maris Olalla, Carolina Losada y Eduardo Galaretto buscó “recomendar” a la Casa Rosada que se fracccione la concesión en dos o tres tramos para que haya una “mayor participación de oferentes” y un “control más eficiente de los servicios”.

Este lunes, el reclamo contra el Gobierno llegó de Diputados. El legislador lilito Maximiliano Ferraro pidió por segunda vez en dos semanas que que se convoque a funcionarios del Ejecutivo a que expongan en las comisiones de Transporte y de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. “Estamos hablando del mayor contrato de dragado en 40 años, por más de USD 12.000 millones. El Congreso no puede desentenderse”, cuestionó el diputado, que le envió una nota a los titulares de las comisiones: Pamela Verasay (UCR-Mendoza) y Gabriel Chumpitaz (PRO-Santa Fe).

Este lunes también desde el partido amarillo salieron a cruzar al Gobierno. La Fundación Pensar, presidida por María Eugenia Vidal y apadrinada por Mauricio Macri, elaboró un informe donde sostuvo que el llamado a licitación para privatizar la hidrovía “es apresurada” y “nos vas a hacer perder a todos”.

En el documento, Eduardo Plasencia, exfuncionario del Ministerio de Transporte durante la presidencia de Macri, criticó a la administración de Milei por continuar postergando la licitación iniciada en 1995 y por “haber publicado sorpresivamente” pliegos diferentes con fecha de apertura de ofertas el 29 de enero pasado y que fueron prorrogadas al 12 de febrero próximo.

“El nuevo proyecto del Gobierno es controversial porque puede llegar a interpretarse como direccionado al actual concesionario, encarece el uso de la vía navegable para la exportación y restringe las posibilidades actualizar la infraestructura en un futuro próximo”, sostuvo el exfuncionario.

Por fuera de los reclamos políticos también se acrescentaron las quejas empresariales. La belga DEME, que pidió en la Justicia la nulidad de la licitación, publicó un comunicado donde expresó su “sorpresa y preocupación por el notorio direccionamiento del pliego de licitación internacional lanzado por el Gobierno argentino” para el mantenimiento, modernización y ampliación de la hidrovía.

Según la compañía, el “perjuicio económico para la producción nacional se funda en que la ecuación utilizada para evaluar las ofertas en la licitación asigna un 60% de puntaje a los precios de la oferta en tres etapas y un 40% al puntaje técnico final”. Sostuvo que a partir de esto “el actual operador podría ofertar una tarifa más alta y aun así ganar la licitación”. La empresa también cuestionó que “el tiempo para preparar las ofertas (55 días hábiles) es insuficiente en comparación con licitaciones similares y la documentación técnica proporcionada no es suficiente para realizar un análisis adecuado. Esto beneficia al operador actual que ya posee la información necesaria”.