La toma masiva en Villa Cordobita puso sobre el tapete la cuestión del tráfico de influencias y el uso de esa información por parte de funcionarios municipales para entregar u ocupar terrenos “flojos de papeles”.  En pocos días vendrá a la ciudad el fiscal que investiga la denuncia por “asociación ilícita” y empezará a darle cuerpo la causa.

En el ojo de la tormenta se encuentra el primer candidato a concejal de Miguel Lunghi: Juan Pablo Frolik.  Meses atrás tuvo que salir a blanquear que efectivamente había tomado un terreno aledaño a su vivienda en Villa del Parque.  Justificó que no había podido dar con sus dueños.  Pero sus dueños dieron con Frolik y terminó pagando por esa tierra tras una ocupación de varios años.  Frolik fue cercano de Jorge Lezica y Griselda Altamirano aunque hoy estén enfrentados.  Frolik se hizo del detalle del loteo de Tandilia gracias a los contactos de Lezica.  Ambos comparten la misma información y por eso la precisión de Lezica y Altamirano a la hora de ocupar las tierras.

También ambos saben los apellidos que constan en una planilla “excel” donde figuran los dueños originales de los terrenos y los titulares que hoy están pagando los impuestos sobre esas tierras para reclamarlas a través de la figura de la usucapión.  Y en esa planilla hay apellidos de municipales y de funcionarios de la Justicia.  Lunghi tiene una copia de esa planilla en su escritorio. Lo que intentará averiguar el fiscal es cómo hicieron esos “ocupas VIP” para acceder al pago de las tasas municipales sobre terrenos que no estaban a su nombre.

Entre tanto, Mario Civalleri salió con el proyecto del traslado de la Estación de Trenes y recibió el rechazo unánime de los vecinos.  Inmediatamente circularon las sospechas de que detrás del proyecto urbanístico se escondía una suculenta ganancia inmobiliaria.  Nunca antes, el radicalismo había mostrado tan mal olfato para presentar un eje de campaña.  Las críticas de los vecinos se sucedieron apagando cualquier intento de justificación y obligaron que el mismo Lunghi ordenara quitar el tema de la agenda.

Finalmente, en Vela se desató el gran infierno cuando El Eco de Tandil dio a conocer un desfalco de proporciones todavía inimaginables.  Algunos se atreven a comparar el caso con el de Galotto, el funcionario de Tesorería de Miguel Lunghi que terminó disparándose en la cabeza cuando el robo nunca cuantificado salió a la luz.

Entre tanto, María Ignacia es un hervidero de especulaciones.  No pocos vecinos ponen las manos en el fuego por el cajero Jorge Ferreiro, hoy suspendido y sospechado de quedarse con el dinero de los pagos de la Tasa Vial. 

Desde el Gobierno aseguran que no se trata de problemas de control sino de “personas”.  Como en el caso Balbín (horas extras municipales para armar un acto de Lunghi en Independiente) o Diéguez (subsidios truchos de Desarrollo Social), intentarán reducir el incidente a una persona sin que las sospechas sigan la escalda hasta cargos importantes.

Lo cierto es que los vecinos del acusado sospechan que detrás del caso hay mucho que no se muestra.  El cajero es afiliado radical y fue puesto en ese cargo por cuestiones políticas más que por necesidad de trabajo.  Aseguran en el pueblo que tiene fortuna suficiente para vivir de su actividad sin requerir de cargo público.

Sin embargo, allí estaba, cumpliendo funciones detrás de una caja recaudadora.  El caso salió a la luz no por una virtud de los controles, sino por la denuncia de un particular.  A ese vecino se sumaron otros y se seguirán agregando nombres a la lista.  En Vela entienden que el desfalco no podría realizarse sin un contacto en la administración central y piden que no se haga del vecino un “chivo expiatorio”.

El lunghismo ha sustentado buena parte de su discurso en el patronato de la república y las instituciones, sin  embargo, en los hechos, en el día a día de su gestión, cuando emergen acusaciones de corrupción, reduce los hechos a conductas personales de sus funcionarios.  Hasta ahora le ha venido resultando.  Lo indican los números.  Ni las sospechas fundadas ni los fallos judiciales contundentes, como el de los alquileres sociales truchos, han hecho mella en la protección discursiva del oficialismo.  .