El ex director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Julio Prieto, fue enviado a juicio por el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Marcelo Sago, bajo la imputación de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal, al considerar que el ex funcionario incumplió obligaciones que le correspondían al conocer que ocurrían presuntas irregularidades en la venta de órdenes médicas y no realizó denuncia ni actuaciones para establecer si alguien cometía un delito o no.

El expediente fue elevado a juicio durante el pasado mes de marzo por Sago y el abogado del imputado, Pedro Justiniano Vélez, se opuso a la medida, por lo que ahora quedó en manos del Juzgado de Control de Garantías la remisión de la causa a una Cámara Criminal para que se realice el juicio oral.

El origen de la causa contra el ex director fue una denuncia que radicaron en febrero de 2014 un grupo de diputados del bloque del Frente Cívico y Social, por lo que presumían era la comisión de un delito. Los legisladores señalaron, entre algunas de las pruebas, las declaraciones que el propio director de la OSEP realizó, unos días antes de la radicación de la denuncia y cuando ya había abandonado su cargo, ante los micrófonos de Radio Ancasti.

La acusación del fiscal contra Prieto señala concretamente que en un período de tiempo que podría ubicarse entre agosto y diciembre de 2013, mientras ejercía funciones al mando de la Obra Social de los Empleados Públicos, tomó conocimiento por diversas fuentes dentro del organismo, que existían o que había sospechas de irregularidades en el expendio, rendición y pago de las órdenes de consulta médica (del denominado 1º nivel), al Círculo Médico de Catamarca.

En concreto, se señala que había diferencias entre las órdenes médicas que se emitían y las que finalmente se pagaban, que naturalmente eran muchas más que las que figuraban en el sistema de la OSEP.

Frente a estos informes, Prieto no habría realizado, por ejemplo, una denuncia penal para establecer responsabilidades dentro de la obra social. Al no haber dado a conocer esta situación, le reprocha el fiscal en la acusación, estas falencias perduraron en el tiempo y, por lo tanto, generaron un perjuicio al Estado Provincial.Frente a esta presunción, el fiscal acusó al ex director de los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.

Para sostener la acusación, el fiscal agregó testimonios de empleados y funcionarios de la Obra Social, delegados gremiales de los empleados, y de la titular del Círculo Médico de Catamarca, Patricia Rojas, entre otros.

Entre los muchos detalles que se señalan en las declaraciones, varias de las cuales fueron conocidas públicamente en medio del escándalo originado posteriormente por las "órdenes truchas" de OSEP, se indica la existencia de órdenes médicas duplicadas, comprobantes que eran vendidos en una sucursal pero eran impresos en otra distante a cientos de kilómetros, las diferencias de facturaciones entre las órdenes vendidas, las impresas y las que se facturaban, y en forma generalizada, la falta de un control concreto sobre el sistema informático que se había implementado para la venta de las órdenes.

Estas circunstancias habrían sido informadas a Prieto antes de que estallara el escándalo de las "órdenes truchas", pero se remarca la ausencia de una denuncia penal o del inicio de una investigación formal para dar con los responsables de las supuestas irregularidades.

 Las razones de un déficit muy marcadoEl desequilibrio en la obra social El envío a juicio de la acusación contra Julio Prieto es un paso adelante en las investigaciones que se iniciaron a finales de diciembre de 2013, cuando se decidió intervenir la OSEP y nombrar a Julio Cabur al frente del organismo, y estalló posteriormente con la denuncia que presentó el Círculo Médico de Catamarca por la proliferación de las "órdenes truchas" confeccionadas a favor de un grupo de médicos que ahora están imputados por el mismo fiscal Marcelo Sago.

Si bien la causa de las órdenes truchas, que tiene 11 médicos imputados y hasta incluye la falsificación de títulos de médicos y la suplantación de identidad de personas de Santiago del Estero, es paralela a la investigación iniciada contra el ex director, tiene varios puntos conectados y se refiere a un hecho central: el perjuicio contra la Obra Social de los Empleados Públicos y contra el Estado Provincial.

En concreto, Julio Cabur admitió en reiteradas oportunidades que al hacerse cargo de la conducción de OSEP, había un déficit cercano a los 15 millones de pesos, que se explicaban en parte (en solo una parte) por la abultada diferencia entre las órdenes que se emitían y las que efectivamente pagaba la OSEP al Círculo Médico. 

SISTEMA

Uno de los principales puntos que se remarca tanto en la acusación fiscal contra el ex director de la OSEP como en el marco de la investigación por las "órdenes truchas", que mantiene imputados a un grupo de 11 médicos, es la precariedad que tiene el sistema informático implementado por la obra social para la venta de órdenes médicas del primer nivel, es decir, para la consulta diurna.

Dicho sistema fue aplicado por Julio Prieto en 2012, y se presentó como una de las soluciones que la obra social entregaba a los afiliados para que se evitaran esperas prolongadas en la sede central de la mutual.

 Pero a poco de aplicarse comenzaron a evidenciarse los inconvenientes: los cajeros enviaban una orden a imprimir, y salían dos, los comprobantes podían duplicarse sin problemas y había órdenes que se vendían en un departamento de la provincia y se entregaban en otro.