Frente al férreo rechazo de la oposición de Juntos por el Cambio y de cámaras empresarias, los legisladores del Frente de Todos avanzan a fondo con negociaciones “con todos los sectores” con el objetivo de conseguir la mayoría necesaria para tratar la la Ley de Envases con Inclusión Social en la Cámara baja.

El proyecto de ley, impulsado por Máximo Kirchner y la Federación de Cartoneros, establece la creación de una tasa ambiental de hasta el 3% según los materiales de los productos envasados y su facilidad para el reciclaje, y que tendrá que ser abonada por los productores responsables de estos artículos si no se hacen cargo de la recuperación.

En las conversaciones que está llevando adelante el Frente de Todos, la tasa ambiental “no está en discusión”. Sí se están negociando otros puntos de la ley que fueron cuestionados por sus detractores. Entre ellos, se busca modificar los “controles en la distribución” de los futuros recursos, la definición de “metas más específicas para el reciclado” y la creación de “sistemas de reciclaje mixto de gestión pública y privada”. Las correcciones alcanzan a algunos de los planteos que realizó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) al Poder Ejecutivo, junto a otros sectores empresarios de la cadena de valor.

“Estamos charlando con todos. Estamos cerca”, sostuvo a Infobae uno de los dirigentes que sigue de cerca las negociaciones.

El nuevo marco normativo propuesto por el Gobierno nacional planteen la obligación para que empresas y productores utilicen envases con materiales reciclables y financien el tratamiento de sus propios residuos, en base al principio rector de la “Responsabilidad Extendida del Productor”. Caso contrario, se los penalizará con la tasa a aquellas firmas que no se ajusten a la política ambiental. Los defensores de la propuesta aseguran que la alícuota no incidiría en el precio final del producto, con un impacto marginal en el precio de botellas de gaseosas (0,17%), aceites (0,08%) o latas de cerveza (0,019%). Los infractores, además, tendrán costos específicos como multas monetarias variables, la suspensión o el cese definitivo de la actividad, dependiendo de los grados de incumplimiento.

Con los recursos recaudados, la ley establece la creación de un fideicomiso administrado por la banca pública que tendrá el objetivo de desarrollar emprendimientos sociales, como la inclusión de las cooperativas de trabajo de los cartoneros a la cadena o impulsar la valorización de los envases.

La iniciativa provocó resistencias en la mayoría de los bloques de la oposición, ya que se niegan a establecer un “nuevo impuesto” y que afectará a la producción sectorial. Además de Juntos por el Cambio, los sectores más dialoguistas, como el bloque Consenso Federal y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo-hasta hace poco encabezado por José Luis Ramón- advirtieron que tampoco acompañarán la normativa.

“Así cómo está, la mayoría de nuestro Interbloque no va a votar ese proyecto. El oficialismo sabe cuáles son nuestras críticas”, señalaron a este medio desde la bancada que integra Alejandro “Topo” Rodríguez. Por su lado, el legislador Luis di Giácomo, de la bancada de la fuerza provincial Juntos Somos Río Negro y que comparte el interbloque con tres diputados del Frente Renovador de la Concordia Misionero, rechazaron todo tipo de conversación. “Dijimos que nos íbamos a oponer y creo que no la presentan porque no le dan los números”, auguró.

Además de la AmCham, otros representantes empresarios como la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibsa) y la Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal, Cosmética y Perfumería (Alpha) plantearon diferencias. Los planteos tienen que ver con algunos de los artículos en revisión, como la flexibilización del sistema integral de gestión de residuos recicables, a fin de que se habiliten otros tipos de modelos distintos a los del proyecto, el pedido para que se fijen “metas graduales, progresivas y razonables” de recupero a nivel nacional y diferenciales según tipo de material, entre otros aspectos.

“Se están discutiendo algunos cambios que permitirían que apoyen algunos de los bloques chicos. Estamos tratando de llegar al martes”, dijo una de las voces parlamentarias del Frente de Todos.

Hasta el momento, el proyecto mantiene una férrea resistencia pública, lo que obligó a recalcular las intenciones iniciales del oficialismo. En los últimos días, según reconstruyó Infobae de fuentes opositoras, el acuerdo está lejos de concretarse y “si la norma se mantiene en el temario, se caería la sesión” próxima.

Los bloques están negociando que el 7 de diciembre se realice la sesión preparatoria en donde juren los nuevos diputados y el 8 -que es feriado- o el 9 de diciembre sesionar con la composición actual en donde el Frente de Todos tiene 120 diputados, 9 menos que el quórum. Otros diputados, en off, señalan que están haciendo lo posible para que la iniciativa se trate el próximo martes 30.

Los tiempos legislativos son importantes en el tratamiento de la ley, ya que a partir del 10 de diciembre se modifica la composición de la Cámara de Diputados, con una correlación de fuerzas más negativa para el oficialismo para aprobar proyectos. A partir del 10 de diciembre, necesitará sumar 11 diputados para alcanzarlo: ahora solo requiere de 9 bancas.

El riesgo para que la iniciativa naufrague esta vez tiene un antecedente reciente, cuando se intentó llevar al reciento la ley de Etiquetado Frontal para los alimentos ultraprocesados. En aquella oportunidad, la sesión se cayó porque el Frente de Todos no logró negociar un temario con Juntos por el Cambio y obtener el quórum de 129 diputados.