La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo avaló que cinco legisladores que culminan sus mandatos el próximo 10 de diciembre integren el Comité contra la Tortura. El dictamen favorable se firmó tras la audiencia pública que se llevó a cabo este martes en el Salón Illia. Uno de los candidatos es el entrerriano Jorge D’ Agostino (Cambiemos-UCR)

Los demás son los senadores Juan Manuel Irrazábal y María Laura Leguizamón, propuestos por el bloque PJ-FpV; el diputado Alex Ziegler (Libertad, Valores y Cambio) -sugerido por Cambiemos al igual que D’Agostino- y Diana Conti, a pedido de la bancada FpV-PJ. La postulante restante fue Rocío Alconada Alfonsín, nieta del expresidente Raúl Alfonsín, propuesta por senadores radicales.

La designación de los seis representantes parlamentarios podría votarse en el recinto del Senado este miércoles. La Cámara alta ya aprobó en el recinto los nombramientos de los tres representantes por las ONG’s y uno por la Secretaría de Derechos Humanos, registró Parlamentario.com.

D’ Agostino remarcó en su exposición ante la comisión la “abundancia de normativa que trata sobre la prevención de la tortura” pero señaló que hay que dar un “paso material” para que “en la práctica logremos nuestro objetivo. Es fantástico lo formal, pero en lo material estamos fallando”, manifestó y agregó: “Tenemos que encontrar la causal para torcer esta realidad”.

El Comité contra la Tortura fue creado en 2012 por la Ley 26.827, que instauró el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, hasta ahora no se había avanzado en su conformación.

Entre las funciones del Comité se encuentran las de realizar visitas de inspección a lugares de detención; recopilar y sistematizar información sobre la situación de las personas privadas de su libertad en todo el país; y elaborar estándares y criterios de actuación sobre prevención de la tortura.

Estará integrado por 13 miembros. Además de los legisladores, serán el Procurador Penitenciario de la Nación; dos representantes de los Mecanismos Locales elegidos por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura; tres representantes de las organizaciones no gubernamentales; y un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

D’Agostino tendrá un mandato de cuatro años en el Comité, por lo que estará hasta 2022. Según la ley que creó el organismo, el ejercicio del cargo es incompatible con la realización de otra “actividad remunerada, pública o privada”, salvo la docencia y la investigación académica.