A partir de las directivas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) se están realizando los trámites para regularizar la entrega de lotes a 350 exempleados de YPF que compraron un terreno de 13 hectáreas en la capital salteña a través de la mutual de Campamento Vespucio, hace casi veinte años. 

Con ese motivo se convocó a los interesados a presentarse hoy, entre las 16 y las 19, en el centro de jubilados Martín Miguel de G�emes (Warnes y Aráoz) de la ciudad de Tartagal.

En la ocasión recibirán asesoramiento por parte de la abogada Juana Graciela Santucho Giménez, quien fue autorizada por el liquidador de la mutual para realizar estos trámites, conforme lo dispuesto por el juzgado donde se tramita el expediente. 

Según la letrada, la mutual compró el terreno ubicado en las inmediaciones del hospital Papa Francisco en 1987 y fue escriturado en la Dirección General de Inmuebles a nombre de la entidad en 1989. Dijo que los socios completaron el pago de su lotes en 60 cuotas y que en aquel momento el objetivo era construir un plan de vivienda a través del Fonavi, pero que ese proyecto se vio interrumpido por el despido de los empleados a partir de la privatización de la empresa petrolera dispuesta por el presidente Carlos Menem en 1992.

Santucho Giménez sostuvo que en 1994 la mutual de Campamento Vespucio quedó bajo la órbita del Inaes y en proceso de liquidación a cargo Juzgado Nacional Federal 37 de Capital Federal. "Yo conocía lo de la compra del terreno porque trabajé en la mutual, pero luego de la privatización me desentendí del tema porque me dediqué a mi profesión", dijo. 

"A pedido de la esposa de un socio que compró su terreno tomé intervención en el caso y fue así que en marzo del año pasado me trasladé a Buenos Aires y en el juzgado me informaron que en todo este tiempo nadie había movilizado los papeles para regularizar la entrega de los lotes a los socios y, por ese motivo, hasta el momento sigue estando a nombre de la mutual, ya que todo se interrumpió con el proceso de privatización de la empresa", indicó la abogada. 

La profesional refirió que en la reunión que mantuvo con el liquidador designado por el juzgado porteño este la autorizó a realizar las gestiones del caso y que unos 70 socios le otorgaron el poder para iniciar los trámites que se exigen para la regularización de este proceso. "La mayoría de los adquirentes de los terrenos vive en norte y es por eso que todos los viernes me traslado a Tatagal para interiorizar a la gente acerca de los procedimientos a seguir", señaló. 

Santucho Giménez insistió en que como el terreno de 13 hectáreas está a nombre de la mutual, es indispensable realizarlos planos y la subdivisión del predio para entregar y escriturar la parcela que le corresponde a cada uno de los empleados que cumplió con el pago de las sesenta cuotas que se fijó en su momento. "Desde este punto de vista no hay problemas porque todos los empleados que se inscribieron cumplieron con el pago, ya que el descuento de la cuota se hacía por planilla", aseguró la letrada.

"LA IDEA ES ENTREGARLOS CUANTO ANTES

""Mi tarea es poder localizar a todos los beneficiarios o a sus herederos para poder regularizar esta situación cuanto antes", expresó la abogada Santucho Giménez. En ese sentido, la profesional señaló: "La idea es confeccionar los planos, hacer la subdivisión y entregar los lotes a medida que los interesados vayan cumpliendo con el trámite, porque hay muchos que no tienen casa y desde que se fueron de YPF viven alquilando".

Explicó que como todos cumplieron con el pago de la cuota, lo que se exige es la presentación de los comprobantes y en caso de muerte del titular, él o los herederos deben acreditar su condición del tales."Lo ideal sería que todos los que pagaron su terreno lo puedan recibir, después de haber esperado tanto tiempo y sobre todo porque ha sido fruto del trabajo de tantos años", señaló la letrada. "Sería una pena que el predio quede sin lotes sin ocupar porque eso después pasa al estado", concluyó Santucho Giménez.