Llegaba el fin de semana y se conoció la noticia: la Justicia instaba al ministerio de Capital Humano a retomar los planes vigentes de seguridad alimentaria «de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna». Dicho de otro modo, la ministra Sandra Pettovello debería reactivar la llegada de mercadería a los comedores y merenderos pertenezcan o no a organizaciones sociales. Así lo decidió la Sala Contencioso Administrativo Federal N° 7 a cargo del juez Walter Lara Correa.

La decisión de la justicia resultó una consecuencia de una acción colectiva contra la ministra, que impulsara el dirigente Juan Grabois, a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con el objeto que cumpla con los convenios sobre entrega de alimentos, que la funcionaria había suspendió alegando que existían irregularidades en el listado de los merenderos y asociaciones a los que debía enviar los productos.

La medida judicial los obliga repartir los más de 5 millones de kilos de alimentos que permanecen por semanas y semanas en los depósitos del ex ministerio de Desarrollo Social.

Pero está claro que el gobierno está obstinado en no dar el brazo a torcer en este tema. En las últimas horas se conoció la información de que fue presentado un escrito a la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se revoque el fallo judicial. Con un agregado: no sólo es rubricado por la propia ministra y también por el presidente Javier Milei, sino también por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, ex integrante de la Corte y ministro de Justicia de Carlos Menem.

Los argumentos presentados por Barra se apoyan en el controversial supuesto que el Poder Judicial no puede entrometerse en decisiones del Poder Ejecutivo, en temas como ser el reparto de los alimentos. Plantea “una indebida intromisión del Poder Judicial”, que el fallo se mete con “cuestiones políticas no justiciables”, que es “una clara violación del principio de división de poderes”. 

No se refiere a que en una instancia anterior había sido el juez Sebastián Casanello, luego la Cámara Federal y finalmente la Cámara de Casación, los estamentos de la Justicia que fallaron de esa misma manera. Así, el gobierno sigue dilatando un tema que es urgente si se entiende que se trata de alimentos de deberían ir a paliar las necesidades de sectores carenciados, y que además se corre el riesgo de que se venzan o se pudran.