Por: Ezequiel Spillman.

El martes volverán a reunirse. La mesa nacional de Juntos por el Cambio volverá a ser noticia: se juntarán para coordinar la contraofensiva ante el avance del oficialismo contra los jueces de la Corte Suprema y ante el caso del ministro de Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro, quien tuvo que pedir licencia del Gobierno tras el hackeo y la difusión de presuntos chats de su celular.

La idea que comenzaron a barajar los presidentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica (Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Maximiliano Ferraro) es analizar la coyuntura y encarar una serie de acciones políticas ante la embestida del Frente de Todos contra el máximo Tribunal, incluídos los pedidos de juicio político contra los magistrados.

En ese marco, estarán los jefes de los bloques parlamentarios principales de JxC y allí se discutirá si avanzan, como contraofensiva, con los expedientes de juicio político contra el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Será parte del debate que viene en estos días luego de que el jefe de Estado le pidiera a su bloque en la Cámara Baja que avance en la Comisión de Juicio Político que preside la entrerriana Carolina Gaillard, del kirchnerismo.

De esta forma, se vendrá una dura batalla entre oficialismo y oposición y, en ese marco, la reunión del martes servirá para alinear estrategias, discurso y posiciones en el Congreso ante un tema de trascendencia institucional como el intento de remover a los jueces de la Corte.

El caso del hackeo del teléfono de D´Alessandro se metió en la agenda y generó denuncias del kirchnerismo que, además, aprovechó para avanzar contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Ante esto en JxC no dudan: no avalarán ningún proyecto vinculado al máximo Tribunal y denunciarán una “persecución” de parte del kirchnerismo contra los jueces y fiscales.

Este escenario permite vislumbrar, además, que el Congreso seguirá parado y, cada vez más lejos, de retomar actividad parlamentaria en el recinto dada la mala sintonía que continúa desde fines del año pasado entre los dos bloques mayoritarios.

Otro eje de preocupación tiene que ver con las elecciones provinciales venideras. En particular, la decisión de la mayoría de los gobernadores de separarlas de las nacionales e incluso, en muchos casos, cambiando las reglas de juego para voltear las primarias y hasta implementar la polémica Ley de Lemas por la cual un candidato puede perder en cantidad de votos pero ganar la gobernación porque ganó su frente político sumando a todos los candidatos.

En ese marco, Tucumán, Neuquén y Río Negro (que tienen elecciones el 16 de abril) más La Pampa en febrero se colarán en el debate de coyuntura.

En JxC confían que en varias de esas provincias hay desorden político aún sobre las reglas de juego y quiénes competirán.

Con todo, en las próximas semanas en el frente opositor buscan avanzar en una cumbre dedicada 100% al tema energético. Incluso se barajó que se realice en la zona de Vaca Muerta para mostrar los programas técnicos del área como una “política de Estado”, según anticiparon.

El otro tema que se trataría a finales de enero o comienzos de febrero es la presentación pública de los diez ejes programáticos que trabajaron las cuatro Fundaciones que forman parte de los equipos técnicos de los partidos que componen JxC.

El contenido de los diez ejes está terminando de pulirse en estas semanas con la idea de presentarlo públicamente en el primer trimestre de este año a modo de “guía” para todos los precandidatos a presidente que jueguen en las PASO opositoras.

Los diez ejes, que fueron anticipados por PERFIL hace un mes, son:

- Trabajo productivo para todos los Argentinos.

- Un cambio de fondo en la Educación.

- Bajar la inflación para potenciar el crecimiento económico.

- Justicia independiente, eficaz y creíble.

- Salud: de la emergencia al desarrollo humano.

- Nuestro paradigma de seguridad.

- Asumimos nuestra responsabilidad ambiental.

- Política exterior: volver a ser un país respetado.

- Pobreza y crisis social

- Estado, pacto federal y bienes públicos de calidad.