Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que dirige el economista Nadín Argañaráz, uno de los más respetados del país en la materia, la recuperación de Entre Ríos por fondos adeudados por la Nación entre los años 2006 y 2015 en concepto del 15 % de importes por precoparticipación asciende a, nada menos, que 10.875 millones de pesos. Ni más ni menos que el mes que, según siempre afirma el ministro Diego Valiero, le está faltando todos los años para poder cerrar en equilibrio las complicadas cuentas públicas provinciales. Todo esto sin intereses, lo cual puede constituir una nimiedad a juzgar por la inyección de fondos frescos que significaría recuperar lo mal imputado a nivel nacional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a las demandas planteadas por las provincias de Santa Fe y San Luis y declaró inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional para financiar a la Anses. También ordenó al Estado Nacional, con carácter de medida cautelar, que suspenda de manera inmediata los descuentos que se le efectúan a Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos; y devolver a las provincias la suma retenida desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan. Frente a este panorama, el Iaraf describe en qué consiste el financiamiento tributario de la seguridad social, a través del cual todas las provincias argentinas y el Tesoro Nacional resignan recursos de la coparticipación con destino a la ANSES. El Sistema de Seguridad Social es de especial relevancia dado que constituye uno de los instrumentos principales de política social del Estado. Su participación presupuestaria refleja su importancia, ya que el rubro correspondiente ha estado, junto con Educación y Salud, entre los principales dentro del gasto público social ejecutado en nuestro país (entre el 34 % y el 38 % desde 2003).

La actualización muestra que las provincias de Córdoba y Santa Fe resignaron desde 2006 el equivalente a casi $ 40 mil millones de pesos cada una medidas a valores actuales, y $ 10 mil millones en el caso de San Luis. En el caso de las provincias de la zona Centro, es una cifra que equivale a aproximadamente medio presupuesto anual, y a casi un presupuesto entero de la administración puntana. Visto desde el punto de vista del Tesoro Nacional, la suma de los $ 90 mil millones involucrados equivale a alrededor de un 7 % del gasto primario neto de coparticipación, o bien a casi la totalidad de lo recaudado por el Impuesto al cheque, por ejemplo.

"Se destaca el señalamiento por parte de la CSJN que van a cumplirse 20 años desde la fecha fijada por la Constitución Nacional para establecer un nuevo régimen de coparticipación que garantice la remisión automática de fondos y que contemple criterios objetivos de reparto, que sea equitativa, solidaria y que de prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional (art. 75 inc. 2)", expresa el informe del Instituto cordobés.

Según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la provincia de Entre Ríos resignó en el período que abarca 2006-2015 implica una resignación de Entre Ríos a manos del fisco Nacional un total de 10.875 millones de pesos.

De acuerdo a la secuencia anual, en 2006, en total, las provincias resignaron en conjunto un total de 6.018 millones de pesos. Ese año, Entre Ríos perdió compulsivamente 285 millones. En 2007 resignó 369 millones; en 2008 468 millones; en 2009, 508 millones. Al año siguiente, en 2010, la provincia cedió 684 millones, casi 300 millones menos de lo que resignó en 2011 cuando cedió 918 millones. Ya en 2012 se superó las cuatro cifras llegando a 1.171 millones de pesos.

En 2013 el número se ubicó en 1522 millones de pesos mientras que el año pasado la cesión alcanzó los 2.093 millones de pesos. Finalmente, para este año la estimación es que Entre Ríos transferiría un total de 2.855 millones de pesos en concepto de Fondos de precoparticipación mal imputados en beneficio de la Nación. Esta saga alcanza la cifra de 10.875 millones en 11 años, a los que habrá que sumar los intereses. Para estos casos, generalmente, se toma como referencia la tasa pasiva histórica del Banco Nación. Todas estas acciones se pusieron a consideración de las administraciones provinciales luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hacer lugar a las demandas planteadas por las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis.