Uno de ellos, hombre de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Urribarri, ex gobernador provincial. El otro, un radical asociado a Cambiemos, Sergio Varisco, todavía intendente de Paraná. 

Las PASO y el cierre de listas dejaron a ambos protagonistas rutilantes del pasado en situación muy comprometida. Urribarri aspiraba a ingresar en la boleta como candidato a una senaduría nacional con el apoyo de CFK para obtener fueros, pero el gobernador Gustavo Bordet le bajó el pulgar, y promovió al secretario General de la gobernación, Edgardo Kueider. Sus perspectivas no son envidiables.  

Sergio Varisco se impuso en las PASO de Cambiemos para la renovación de su cargo, con autorización de la Justicia pese a estar procesado. En las generales hizo todo lo que tuvo a su alcance para repetir ese resultado. No le alcanzó, ya que fue derrotado por el actual vicegobernador, Adán Bahl. Varisco trató entonces de apelar a un plan B, presentándose como precandidato a una diputación nacional por Juntos Somos el Cambio, pero se lo impidieron. Ahora, despojado de la protección partidaria, deberá afrontar el proceso judicial.

A Urribarri y Varisco se los acusa de la comisión de dos delitos sensiblemente diferentes. El ex gobernador está procesado por fraude a la administración pública. Varisco, por narcotráfico. 

El procesamiento de Urribarri se relaciona con irregularidades en el manejo de la publicidad oficial durante su gestión. Los cargos son: negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración, por la contratación irregular de publicidad. Puntualmente se le objeta la adjudicación de un millón de pesos para publicidad en medios gráficos sin identificación y 500 mil más a Global Means SA, una empresa con radicación fiscal en La Plata. A mediados del año pasado fue embargado en 26 millones de pesos y su juicio se desarrollará entre el 29 de julio y el 27 de agosto. Otros dos ex funcionarios afrontan cargos similares en la misma causa. 

Varisco, ya procesado, afrontará su juicio oral en el mes de septiembre. El cargo: financiar la compra de drogas en Entre Ríos. Pese a todo, la Justicia lo habilitó a presentarse en las PASO, a pesar de habérsele impuesto un embargo por un millón de pesos.

Tanto Varisco como el concejal Emanuel Gainza (Cambiemos), se encuentran en una situación muy comprometida. La Justicia pretende demostrar que se utilizó la estructura del municipio de Paraná para generar una asociación ilícita para el contrabando de marihuana. Otros miembros de la organización, según la acusación, serían el concejal Héctor Pablo Hernández; la funcionaria policial en comisión de servicio en área de Seguridad de la municipalidad de Paraná, Griselda Noemí Bordeira; y Alán Nicolás Viola, empleado de la dirección de Tránsito de la municipalidad.