En vísperas del cambio de gobierno, crece la expectativa por un aumento extraordinario a los jubilados antes de las fiestas. Pese al deterioro de sus haberes, el sector fue el único que no recibió un bono de fin de año.

En ese marco, los equipos de Alberto Fernández y Mauricio Macri recibieron en los últimos días una carta del defensor de la tercera edad de la Ciudad, Eugenio Semino, con el pedido de una recomposición urgente, al margen de de los reajustes previstos por la Ley de Movilidad para diciembre y marzo.

"La presenta misiva está destinada a solicitarles, respetuosamente, que instruyan a sus respectivos equipos encargados de acordar la transición, en el cambio de administración, a modificar la grave situación que atraviesan los adultos mayores jubilados y pensionados", reza el facsímil al que accedió iProfesional dirigido al presidente en funciones y al mandatario electo bajo el título "Los adultos mayores no tienen tiempo de esperar". Fuentes del gobierno respondieron a este medio que "no hay nuevos aumentos previstos".

Del lado de Fernández todavía no está claro quiénes ocuparán las principales áreas de la Seguridad Social, aunque la diputada camporista Luana Volnovich y la legisladora massista Mirta Tundis suenan para dirigir la ANSES.

Así las cosas, cerca del presidente electo aseguran que la solicitud de Semino será incorporada a la agenda una vez que se "descongele" el traspaso. "Calculo que podrá ser encarado por quienes sean designados en las áreas relacionadas con la problemática, algo que todavía no ocurrió", explicó a iProfesional el defensor de la Tercera Edad.

En el documento de cuatro páginas, Semino alerta sobre el empeoramiento de la calidad de vida de ese sector de la población en los últimos dos años y anexa la canasta básica de los jubilados estimada por la defensoría porteña, que marcó en octubre un valor de $37.815. Ese guarismo representa una suba del 45% desde diciembre pasado, cuando la canasta costaba $26.043, y supera la inflación en igual período, que fue del 42%. El haber mínimo, en cambio, quedó una vez más rezagado: aumentó de $9.309 en diciembre a $12.937 en septiembre, un 39% en 10 meses.

La brecha entre el costo de vida y la evolución de las jubilaciones significa que casi 3 millones de personas viven hoy con un tercio de la canasta. Esta se compone en un 28% por gastos de vivienda; 21%, alimentos; y 20%, medicamentos; mientras que un 10% corresponde a artículos de limpieza y el resto se reparte entre servicios, transporte, vestimenta y recreación.

"Este análisis impone la necesidad de una recomposición de emergencia en los beneficios de jubilación y pensión al margen de los reajustes programados por la Ley de Movilidad", concluye Semino en su carta.

Los cambios establecidos por la reforma previsional contemplan un incremento del 8,74% en diciembre y 11,54% en marzo, por lo que la jubilación mínima subirá a $14.067 y $15.690 en cada caso. Fernández había prometido un aumento del 20% de emergencia a los jubilados en campaña, pero dentro de sus equipos prefieren no anticiparse.

"Si se da la mejora del 20% antes de fin de año, habrá una compensación de lo perdido", aseguró a iProfesional Miguel Angel Fernández Pastor, uno de los hombres que participó de la comisión de Seguridad Social del Frente de Todos.

En ese hipotético esquema, las jubilaciones absorberían la pérdida de 9 puntos del empalme por la nueva la fórmula previsional dispuesta en diciembre 2017 al sancionarse la Ley 27.426. Ese es el cálculo hecho por Pastor en el reclamo que debe resolver la Corte Suprema. A fines de octubre, el procurador fiscal ante dicho tribunal, Víctor Abramovich, recomienda confirmar la inconstitucionalidad declarada en una sentencia previa en relación a la actualización de haberes en marzo de 2018. Ahora la Corte podría ejercer una presión extra sobre Fernández.

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En el Frente de Todos hay quienes esperan que la suba de emergencia sea anunciada el 10 de diciembre con el paquete de medidas que contempla la restitución plena de la cobertura gratuita de medicamentos para un millón de afiliados del PAMI y el impulso al proyecto legislativo para revisar el cálculo de movilidad.

La norma actual prevé incrementos trimestrales ajustados en un 70% por inflación del INDEC y un 30% por la variación de los salarios registrados (Ripte), con un rezago de seis meses. Por los cambios, el abogado previsionalista Christian D´Alessandro calcula que los jubilados perdieron un 28% del poder adquisitivo desde principios de 2018.

La idea ahora es regresar a la fórmula previa del kirchnerismo o crear un índice mixto entre la legislación previa y la actual, aplicando el indicador que otorgue la mejor prestación, como propone el exministro de Trabajo, Carlos Tomada.

También se baraja una moratoria previsional en un plazo de cinco años desde la vigencia del nuevo régimen para incorporar por año a 336.000 autónomos y monotributistas en edad jubilatoria, que es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. La diputada Volnovich presentó un proyecto legislativo en junio con un incremento del gasto previsto de $52.386 millones anuales, un 0,23% del PBI.

El mandatario entrante tiene en carpeta, por otra parte, los proyectos impulsados por D'Alessandro, Pastor y el equipo de Volnovich para crear un mega banco de desarrollo fondeado con las inversiones de la ANSES, tal como anticipó en exclusiva iProfesional la semana pasada.

La intención es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) sea utilizado para impulsar el financiamiento de planes de vivienda e infraestructura, proyectos productivos en el sector privado y el crédito hipotecario. De esa manera se busca proteger la cartera de inversiones que tras las sucesivas devaluaciones se redujo a u$s22.000 millones, según cálculos del entorno de Fernández.

Las medidas discutidas en campaña no solo servirían para revitalizar el consumo sino también para reducir la pobreza, en un año que cerrará con una tasa cercana al 40%.

"De aplicarse las propuestas efectuadas por Alberto Fernández de un aumento inmediato del 20% y de la cobertura gratuita de los medicamentos para los haberes, de manera rápida 4,5 millones de adultos mayores saldrían de la pobreza", sostiene un informe reciente sobre "vejez, empobrecimiento y pobreza" elaborado por Pastor y los técnicos del Instituto Patria Mónica Roqué, Nora Marasco y Federico de Marziani.

Pero las iniciativas destinadas a los jubilados deberán sortear el ajustado margen fiscal con el que se encontrará el próximo gobierno y los reclamos de los acreedores en medio de la negociación de la deuda.

En su primer contacto con Fernández, la titular del FMI, Kristalina Giorgeva, ratificó la semana pasada la importancia de mantener las "restricciones presupuestarias" y revisar los gastos que no dieron resultados "valiosos". Uno de los rubros que miran con atención en Washington es el de las jubilaciones, que representa el 40% del gasto primario.

El crecimiento de este rubro por debajo de la inflación y los cambios en la Ley de Movilidad recomendados por el organismo permitieron el ahorro de más de $100.000 millones, pero el Fondo ya alertó en junio –antes de las elecciones- que los beneficios en las cuentas fiscales son insuficientes para alcanzar el ajuste necesario y aumentará los riesgos en el 2020, cuando empiece a aplicarse una "indexación" hacia atrás, impulsando el gasto público.

En efecto, la nueva fórmula jubilatoria se aplica en función de los seis meses previos a la percepción del incremento. Así, el año que viene los ajustes serán superiores, ya que serán calculados sobre una inflación del 55%.

Las otras recomendaciones para achicar el déficit fiscal apuntan a reducir la tasa de sustitución al 60%. Hoy, la relación entre el monto de la prestación y el último salario es de alrededor del 72% del salario promedio, bastante por encima del promedio del 53% registrado en los países de la OCDE. Y, por otra parte, el organismo propuso subir gradualmente la edad jubilatoria de las mujeres.

En los equipos de Fernández rechazan esas propuestas, pero reconocen que para mantener el acuerdo financiero cualquier mejora en los haberes requerirá de una mayor recaudación. La mira está puesta ahora en las contribuciones patronales, las retenciones a las exportaciones y en quienes blanquearon más de u$s100.000 millones de sus capitales en 2017. Los otros sectores que temen ser alcanzados son los bancos y las petroleras.