La Superintendencia de Salud de la Nación y obras sociales le deben al Hospital Materno Infantil un monto de $250.920.000 en concepto de prestaciones realizadas, facturadas pero nunca liquidadas.

La deuda se viene acumulando desde 2015 y tiene en suspenso más de $117 millones sin analizar para su pago y $17 millones ya autorizados pero sin abonar. 

No se cuentan en el monto las deudas que puedan tener obras estatales como IPS o PAMI.

Cuando estas obras sociales no transfieren el dinero por prestaciones realizadas del hospital a afiliados, toma intervención la Superintendencia de Salud que retiene los montos y los deposita al nosocomio. Sin embargo la entidad estatal acumuló una gran cantidad de expedientes con solicitudes de retención por parte del materno que ni siquiera se han analizado y que llevan en ese estado desde hace años.

Entre los principales deudores se encuentran la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), Obra Social del Personal de la Construcción de la República Argentina (OSPECON) que estableció un convenio para empezar a liquidar la deuda, y la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Afines (OSECAC).

Gustavo Zulecki, actual contador de la institución médica, explicó a Nuevo Diario que de los $250 millones, ya tienen autorizados para que les liquiden $17.163.000 desde hace meses, pero no han tenido novedades.

Federico Mangione, gerente del hospital, afirma que no se les abonen estos montos generan graves déficits contables en la institución.

En el caso del resto de la deuda ($233 millones) hay $117.605.000 mil que están cargadas en la Superintendencia, pero que están sin análisis y que contienen prestaciones que datan de 2015 hasta 2020.

Según Zulecki, estos expedientes llevan mínimo un año sin que se hayan movilizado.

Por otro lado existen $85.600.000 que no tienen número de expediente y por lo tanto se complica el seguimiento del trámite. Zulecki explicó que estos documentos datan de gestiones y años anteriores (2017-2019), donde los reclamos ante la superintendencia se realizaban vía papel.

“Se enviaba la documentación física a la oficina de acá de Salta, de calle Belgrano, y ellos se encargaban de hacer todo el trámite administrativo, de gestionarlo en Buenos Aires y de que nos den número de expediente” dijo Zulecki.

Desde el hospital conservan los comprobantes de aquellas prestaciones que dan cuenta de las deudas, pero tras el paso de gestiones por la delegación salteña de la superintendencia, no se ha logrado identificar con número a estos expedientes.

“En su momento, tuvimos una reunión con el doctor Humacata. Después, hubo varios cambios. El falleció lamentablemente, y tuvimos una primera aproximación para tratar de rastrearlos. No tuvimos otro avance acá en Salta” aseveró al respecto.

Por ultimo existen $30.400.000 que tendrán que reclamarse en la justicia dado que la superintendencia archivo los expedientes por inconsistencias en los mismos.

Zulecki explicó que esto sucede con prestaciones que tienen problemas para autorizarse por parte de las obras sociales, en las facturaciones o incluso influyen los diagnósticos médicos para los tratamientos requeridos. En esos casos la entidad estatal establece plazos para que los hospitales subsanen estos señalamientos.

En palabras del contador, son las gestiones del hospital las que deben chequear que no se archiven reclamos, por lo que pudo haber falencias en las anteriores conducciones en cuanto al control.

La suma de todos estos montos, redondea más de $250 millones que no vuelven al hospital por tratamientos y servicios ya realizados en beneficiarios de obras sociales.

Esto significa mucho menos presupuesto para el nosocomio cabecera en tratamiento de infantes en el norte argentino o el único hospital salteño que recibe casos de interrupción voluntaria del embarazo que superan las 12 semanas de embarazo, y que solo cuentan con 4 profesionales para la práctica.