En vísperas de que se apruebe la expropiación de 10 hectáreas del predio, el debate trajo a colación la gestión ambiental en la ciudad en los últimos 20 años. También reflotó la polémica por la planta de reciclado que aún no ha sido construida y que figura en el contrato vigente. Ausencia del PJ en la visita al enterramiento convocada por vecinos de la zona.
Por Julieta Fernández-
Hace tres semanas ingresó al Concejo Deliberante un proyecto que apunta a la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de 10 hectáreas ubicadas al sur del enterramiento sanitario (también llamado vertedero controlado). El propósito de expandir el enterramiento respondería a una cuestión de vida útil de dicho espacio. Según había planteado el bloque Juntos por Río Cuarto, a finales de este 2022 se “vencería” el período de vida útil del lugar. Cabe recordar que, a fines del 2021, la familia Calvo (que reside en la zona) presentó un amparo judicial que pedía que se retire dicho enterramiento por considerarlo un foco de contaminación que perjudica los vecinos del sector.
Luego de la presentación del proyecto, el jefe de bloque de Juntos por el Cambio, Guillermo Natali, había afirmado que no habría un “colapso inminente” del actual vertedero controlado y apuntó a que el proyecto de expropiación respondería a informes técnicos que indican que “lo más conveniente sería ampliar el vertedero con 10 hectáreas más (en total serían 30) ubicadas al sur del enterramiento”. Según señaló Natali a Radio Universidad, el Municipio no necesitaría apelar a créditos o endeudamiento para hacer frente al costo de dicha expropiación. Ayer, concejales de la oposición visitaron el predio tras ser invitados por los vecinos del lugar. El bloque oficialista no asistió.
Algunos de los comentarios realizados por los ediles apuntaron a que mucha de la basura que debiera estar enterrada (según establece el contrato) se encuentra “volando” en las inmediaciones del lugar. Una de las críticas expuestas por los vecinos que presentaron el amparo judicial señaló que la expropiación se estaría planteando en un contexto en el que la Justicia aún no ha definido si el enterramiento puede seguir funcionando en ese lugar. No obstante, lo más factible es que dicha expropiación sea aprobada esta semana con los votos del oficialismo. Vecinos del lugar requirieron la banca del ciudadano para argumentar su rechazo al proyecto ante los ediles.
Pasarse la pelota
Más allá de la expropiación inminente, la situación actual del enterramiento sanitario reflotó el debate respecto del tratamiento de los residuos y trajo a colación la polémica por la planta de reciclado. Dicha planta figuraría en el contrato con COTRECO desde el 2017. Allí se estableció que la empresa cobraría un 10% del canon mensual que sería destinado a esa construcción. Durante su informe anual del 2021, el secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bressán, aclaró que dicho pago se habría suspendido desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, la primera minoría insistió que durante casi tres años se pagó por un espacio del cual aún no se ha colocado “ni un ladrillo”.
En cuanto al vertedero controlado, se reflotaron algunas críticas a la gestión de Alberto Cantero (hace más de 20 años). En diálogo con Puntal, el abogado que representa a vecinos del sector, Federico Macciocchi, había expresado que el predio estaría mal ubicado en la ruta 8 camino a Paso de Los Espinillos y pegado a la reserva Chocancharava. “Esto se impuso por la fuerza durante la gestión de Alberto Cantero. Luego hubo un conflicto judicial con los dueños y finalmente el TSJ resolvió en favor de los propietarios pero ese basural sigue allí contaminando gravemente” expresó el abogado luego de que se presentase un amparo judicial en diciembre del 2021.
Una ex funcionaria del gobierno de Cantero, Cristina Bologna (ex titular del EMOS), defendió la gestión ambiental del ex intendente peronista y señaló que la ubicación del predio en aquel entonces respondió a un estudio interdisciplinario realizado por la comisión de residuos sólidos urbanos que integraba el oficialismo, oposición y miembros de la UNRC. En diálogo con FM Góspel, Bologna señaló que no se trataba solo de 20 hectáreas sino de 100. 20 de ellas destinadas a residuos sólidos y las 80 restantes a una “sistematización con surcos con 200.000 árboles y un sistema de riego para la utilización de los efluentes de la ciudad”.
“Lamento que se hable de manera tan ligera sobre el tema. No se trata de disponer de todos los residuos en ese vertedero sin hacer un esfuerzo para disminuir la cantidad. Eso no es gestionar residuos, es hacer cualquier cosa”, embistió la ex funcionaria en alusión a la gestión ambiental del llamosismo. También apuntó a la gestión del ex intendente Benigno Antonio Rins, (quien sucedió a Cantero) por no haber continuado con la política de empresas de economía mixta como Gamsur que prestaban el servicio de recolección de residuos.
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