El enigma electoral se acrecienta a medida que transcurren las semanas. Tal enigma rodea el nombre de los contendientes –sólo Mauricio Macri está en la grilla para perseguir la reelección—y las posibilidades que cada uno de ellos atesoraría para triunfar. Parece natural, entonces, que la muy mala situación económica no encuentre algún anclaje. También, que la volatilidad financiera siembre temor con recurrencia. El Gobierno apuesta a que dicho panorama se mitigue durante mayo, junio y julio. El preludio de las PASO. ¿Por qué razones? Un combo que integrarían los nuevos salarios que surgirán de las paritarias. La inyección de dólares que a partir de este mes aportará el campo con su liquidación de la cosecha. El nuevo soporte aprobado por el FMI. Ciertas medidas que se irán escalonando desde Hacienda y Producción para arrancar al consumo de la depresión actual.

Aquel enigma comienza también a expandir sus consecuencias en planos institucionales. Sensibles, aunque menos que la falta de dinero en los bolsillos, para el ánimo social. El Poder Judicial, como ha sido su historia, da señales de comportarse en modo electoral. Es decir, dando algún paso hacia adelante pero siempre varios hacia atrás en la madeja de causas de corrupción que rodean a Cristina Fernández, a su familia, y al kirchnerismo. Podrá decirse que el escándalo de los “cuadernos de las coimas” es una excepción. Pero Claudio Bonadio sufre con el jaque ensayado por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, contra uno de sus fiscales, Carlos Stornelli. Lo tiene embretado en una supuesta red de espionaje –en apariencia utilizada para sus investigaciones-- que reveló el falso abogado y topo Marcelo D’Alessio.

Muchos expertos dividen sus opiniones. Algunos objetan procedimientos del magistrado contra la ex presidenta que lleva acumulados once procesamientos y cinco pedidos de prisión preventiva. Otros apuntan a una estrategia equivocada. Bonadio abrió la Caja de Pandora de los cuadernos y extendió ramificaciones. Omitió los procesos por etapa que, a lo mejor, le hubiese permitido elevar rápido a juicio oral y público alguno de sus tramos. Aunque esto suceda este año, como se anuncia, ningún juzgamiento podría ser anterior o simultáneo al proceso electoral. Ocurrirá después. Quedará supeditado así al nuevo tiempo político. Nadie dudaría de esa continuidad si Macri consigue el segundo mandato. Pero, ¿qué ocurrirá si gana Cristina? O algún postulante del amplio espacio peronista-kirchnerista.

La retranca judicial exhibió las últimas semanas varios casos. El primer juicio a Cristina debió arrancar en febrero pasado. Pero la enfermedad del juez Jorge Tassara, integrante del Tribunal Oral Federal 2 indujo su postergación hasta el 21 de mayo. El reconocido funcionario sufría desde hacía tiempo un delicado problema de salud. En el verano fue sometido a una operación del corazón. Un imprevisto derivó en el desenlace fatal. Recién después de ese episodio la Cámara de Casación se ocupó de la vacante. Primero se barajó la designación de Andrés Basso. Pero nominó a Adriana Pallioti, la mujer que votó a favor de la libertad condicional de Amado Boudou en la causa Ciccone, luego revocada. La jueza se excusó porque adujo “exceso de trabajo”. Casación resolvió ratificarla. El pleito no está cerrado. Tampoco existe certeza de que el juicio que aguarda a la ex presidenta arranque en la fecha estipulada. Es por asociación ilícita: la derivación arbitraria de fondos públicos para obras en beneficio de Lázaro Báez. Cristina trata de evitar su fotografía en el banquillo de los acusados cuando la campaña electoral ya tenga hervor. Menos, ladeada también por Julio De Vido y José López.

El último incordio judicial involucra a Florencia Kirchner. La hija de Cristina. La única que carece de fueros parlamentarios y está procesada y embargada en las causas Los Sauces y Hotesur. En ambas existen sospechas firmes sobre lavado de dinero. La joven cineasta enfermó mientras estaba en La Habana. Una combinación al parecer de un linfedema (acumulación de líquido en las piernas) con estrés generalizado. Fue el diagnóstico que remitieron los médicos de Cuba, donde resolvió quedarse para el tratamiento. El Tribunal Oral Federal 5, que entiende en Los Sauces, rechazó la solicitud de los facultativos para que Florencia permanezca otros 45 días. Resolvió que debía regresar el jueves pasado. Y presentarse mañana en Comodoro Py.Nada de eso, al menos hasta ayer, sucedió. Un día antes el abogado defensor, Carlos Beraldi, presentó la recusación contra uno de los jueces, José Martínez Sobrino.

En simultáneo, el Tribunal Oral Federal 8, que entiende en Hotesur, firmó el permiso para que Florencia siga en La Habana sometida al tratamiento médico hasta el 15 de este mes. En clara confrontación con el TOF5. Aquel tribunal está compuesto por Nicolás Toselli, Sabrina Namer y María López Iñíguez. Namer fue apartada en su momento por Casación para entender en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán. Había sido designada en su momento por la ex procuradora K, Alejandra Gils Carbó, para participar del caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Junto a López Iñíguez votó por devolverle la libertad a Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge Kahlil en la causa del pacto con Irán.

El embrollo judicial no concluyó su recorrido en esa estación. El mismo TOF5 se declaró incompetente para intervenir en la causa Los Sauces. La derivó a sus colegas del TOF2 que en mayo debe iniciar el juicio oral contra Cristina. Imposible para ellos. Como si tal descalabro no fuera suficiente, el TOF8, que entiende en Hotesur, también resolvió sacarse de encima el caso y remitirlo al TOF5. El mismo que solicitó el pronto regreso de la hija de Cristina. Las maniobras pueden estar desnudando dos cosas conocidas: la intención política de demorar todos los juicios; el vacío de idoneidad y decoro con que funcionan muchos de los tribunales en la Argentina.

Uno de los magistrados más renombrados del país hizo una reflexión ante ese paisaje desolador. “Nadie quiere meterse ahora a juzgar a Cristina”, dijo. Argumentó como clave la incertidumbre del proceso electoral. Además, una clara disfuncionalidad del Gobierno con el Poder Judicial. Las rencillas con la Corte Suprema serían apenas la manifestación más simbólica. La ofensiva contra Stornelli, al margen de sus propios errores, ha sido implacable. La mira está colocada ahora sobre el otro fiscal de los cuadernos. A Carlos Rívolo, de él se trata, le investigan desde su familia hasta la billetera. Sale indemne. Algo similar le ocurre a Bonadio. El reflejo del juez ha sido fortalecer la fiscalía de Stornelli. Hubo aprobación del fiscal general, Germán Moldes. Resta el okey del procurador General, Eduardo Casal.

A medida que las causas por corrupción contra Cristina fluyen en el entramado electoral y en la campaña, parece advertirse una cosa. Se hace cada vez más difusa una divisoria que apartó desde el 2015 al peronismo de los kirchneristas: refería a la necesidad de futura transparencia, de prolijidad institucional y de aquel estilo autoritario, en especial de la ex presidenta. El pejotismo continúa bregando por construir una alternativa que lo diferencie de Cristina y de Macri. Pero el mensaje general habría quedado encapsulado únicamente en la crisis económico social. No se advierten otro matices en Sergio Massa, Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Miguel Angel Pichetto.

El kirchnerismo trabaja discretamente en los sótanos presumiendo la chance de un retorno al poder que alimentan las encuestas. Los actores son los de siempre e inquietan. Aníbal Fernández, el multiministro K, opera con los jueces de Comodoro Py. Otro ex ministro estuvo la semana pasada en contacto directo con Stornelli para ofrecerle ayuda ante su delicada situación. No sería desinteresada: lo desligarían de las acusaciones de Ramos Padilla siempre que colabore con el derrumbe de los “cuadernos de las coimas”. Aníbal pergeña algún plan ante la hipótesis de un triunfo de Cristina: declarar en comisión a todos los jueces de Comodoro Py. Con excepción de aquellos que juren fidelidad. No sabría aún cómo podría abordarse la cuestión más urticante: ¿Cómo haría, de buenas a primera, para eliminar todas las causas que comprometen a la familia Kirchner? ¿Cómo lo haría sin generar una revulsión en el amplio sector del colectivo que no la votaría? ¿Cómo hacerlo, por otra parte, en medio de un cuadro económico y social tan restrictivo? Ausencia de respuestas por ahora.

También fue rastreado entre ambos bandos de la oposición algún escape expeditivo para la cuestión de los delitos si el triunfador fuera al final un pejotista. Existió hace diez días un encuentro reservado en una oficina ubicada entre los barrios porteños de Balvanera y San Cristóbal. Asistieron dos peronistas y el mismo número de kirchneristas. Entre ellos el diputado Eduardo “Wado” de Pedro, el más confiable para la familia Kirchner. Hubo una primera aproximación precaria: la prioridad, en caso de regresar a la Casa Rosada, consistiría en desembarazar de todos los problemas judiciales a la ex presidenta, a Máximo y a Florencia. El resto de la tropa K encarcelada debería esperar. O quizás resignarse.

La jugada encerraría un alto riesgo: que muchos de los relegados, como De Vido, se dispusieran a cantar (según la jerga que acuñó Guillermo Moreno) espoleados por el resentimiento.