El informe sobre las inminentes designaciones de familiares, funcionarios y amigos como magistrados en Salta generó irritación en todo el círculo de los involucrados, pero no hubo refutación a los datos proporcionados por El Tribuno.

La información se refirió a la probable designación como jueza de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial para Hebe Alicia Samson, pareja del juez de Corte Guillermo Félix Díaz y hermana de Ernesto Samson, un influyente ex secretario de la Gobernación, hoy también en el máximo tribunal.

Otra promoción probable, nunca negada, sería la de la esposa del procurador Pablo López Viñals, Soledad Fiorillo Saravia, de secretaria a jueza de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial.También se mencionó la muy cuestionada designación como fiscales de Maximiliano Troyano y Gabriela Buabse - ambos habían expresado definiciones reñidas con las leyes de género y de protección de la infancia - y la de María de las Mercedes Domecq, como jueza de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. La información también señaló como "de injerencia política" los nombramientos del ex secretario de Seguridad, Federico Jovanovics, la aparentemente "cuidadosa espera" para darle tiempo al cuñado del secretario Simón Padrós, Ramiro Michel Cullen, aspirante a fiscal de Cámara.

Nadie desmintió estos datos.

Hubo un comunicado, solemne y formal, que se limitó a instruir al público afirmando que "desde la vigencia de la reforma Procesal Penal el Consejo de la Magistratura ha realizado 55 concursos para cubrir 72 cargos". El texto, difundido por el órgano de prensa del Poder Judicial no tiene firma pero aporta un dato sustancial, que lejos de desmentir, parece convalidar la tentación de quienes están en el poder por ubicar amigos y parientes. "... con motivo de la reforma procesal penal recientemente aprobada y las consecuencias de la nueva situación previsional de la Magistratura, se encuentra avocado a la mayor renovación de Jueces, Fiscales, Defensores y Asesores de Incapaces de las distintas instancias del Poder Judicial y del Ministerio Público de que se tenga noticia desde el regreso a la vida institucional acaecida en 1983".

El texto coincide con las sospechas de una estrategia de colonización de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo cuando anuncia "el inicio de una inusitada cantidad de concursos públicos para la selección de postulantes a los cargos vacantes, así como el inicio de los correspondientes concursos para la cobertura de subrogancias temporarias". Tras recalcar que todo se hace en el marco de la Constitución y la Ley, "apela a la responsabilidad y prudencia de quienes cumplen con el deber cívico de informar". Sobre los casos dudosos, ninguna recomendación.

Este episodio dio lugar a reacciones inmediatas. El diputado nacional Bernardo Biella sostuvo que "Urtubey prepara la retirada"; Pablo López, del PO, opinó que "busca impunidad; la opositora Liliana Massone denunció que el Poder Judicial hace maniobras a través de la prensa oficialista y el empleado del bloque del PJ y miembro de la Magistratura, Pedro Mellado, pidió que "se reconozca la pluralidad del Consejo" y denunció conspiraciones pero no dijo ni una palabra del problema de fondo. A su vez, el diputado del Frente Plural y presidente de la Comisión de Justicia, Emanuel Sierra, admitió que "los vínculos familiares en la Justicia pueden dar lugar a duda".

El secretario del Gremio de Empleados Judiciales, Oscar Lafuente sostuvo que es necesaria "una profunda reforma de la ley que da origen al Consejo de la Magistratura ... para darle una apertura hacia el resto de la sociedad".

A su vez, el diputado del Frente Salteño, Javier David, afirmó que "están manipulando a la Justicia, ya sea para perseguir a opositores políticos o para encubrir las denuncias de corrupción en su contra".

A pesar de las críticas y los prejuicios, revertir la imagen de la Justicia es una meta posible

Por Armando Frezze

En el imaginario salteño existen otros prejuicios sobre la justicia, además de su lentitud: politización y corruptelas. Deben entonces ejecutarse acciones para revertir esa imagen, si fuese verdadera, o para prevenirla si el prejuicio fuese infundado, considerando que el vocablo "justicia", en ese contexto, no se circunscribe únicamente a los jueces sino que integra también a otros actores del escenario judicial. Uno es el órgano que selecciona los candidatos: el Consejo de la Magistratura. Las normas que hoy rigen su composición y sus procedimientos merecen una reforma constitucional. Otro es el colectivo de abogados matriculados, que deben ajustarse al Código de Ética establecido por ley No 5.412. El engranaje judicial se integra a su vez con los empleados administrativos, colaboradores inmediatos e imprescindibles en la administración de justicia, cuyas labores regula la Acordada No 5159, con varios artículos vinculados a la ética. Estas normas regulatorias de los tres principales actores de la actividad merecen actualizarse para sintonizarlos con la transparencia republicana, que aleje las posibilidades de corruptelas y politización. Por último, aunque no menos importante, están la Corte de Justicia y el Colegio de Gobierno del Ministerio Público. Esta complejidad no impide que puedan iniciarse acciones orientadas a la transparencia y a la conducta ética de los distintos participantes.

Un progreso sería una reforma que defina al Consejo de la Magistratura como un órgano administrativo independiente de los poderes del Estado y coadyuvante en la selección de magistrados , autárquico y autónomo.

El texto constitucional actual dispone el primero de los nueve miembros del Consejo será "un juez de la Corte de Justicia, que lo preside". O sea, no sólo habrá siempre Juez de la Corte como consejero sino que éste siempre presidirá el Consejo. Esta presencia de la Corte de Justicia en todos los procesos de selección cercena la autonomía del Consejo y por lo tanto debe suprimirse. Incluso lo dicta el sentido común: hoy el consejero que es juez de Corte es también el superior administrativo del otro consejero elegido por los jueces y de los empleados administrativos del Consejo. Esmerila la independencia también la actual ley al disponer que el Consejo "tendrá su sede en lugar que le habilite al efecto la Corte de Justicia" y si eso no bastara, añade que la Corte le "afectará los funcionarios, el personal y los recursos para el funcionamiento del organismo". La dependencia económica y de recursos humanos es evidente. La modificación de la ley deberá contemplar asimismo que, de mínima, los magistrados cumplan con el mismo examen psicológico y psiquiátrico que realizan los aspirantes a empleados judiciales administrativos. De máxima, poner en funcionamiento el sistema de la entrevista psicológica, o estudio psicotécnico, dispuesta por el Consejo de la Magistratura el 27 de junio de 2007 para cuya implementación nunca hubo fondos.

Otra reforma necesaria es que se disponga inhabilitar para presentarse como candidato a otro cargo a quien ya esté ejerciendo uno ganado por concurso y en el cual no haya cumplido un mínimo de cuatro años. Por último parece conveniente que los magistrados se rijan con un Código de Ética que regle su vida profesional y también fuera de los Tribunales. Si hay un código ético para los abogados, con mayor razón los magistrados deberían aceptar el suyo; cinco provincias argentinas tienen en vigencia una normativa ética para jueces: Corrientes, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba.

En cuanto a la actividad administrativa del Poder Judicial, la transparencia requiere hoy que todas las acordadas, resoluciones, reglamentos, concursos, notas y demás material que provenga de su actividad no judicial esté también internet, completo, no parcializado con acceso publico y gratuito. El derecho a la información es uno de los derechos humanos que estimula la participación democrática de la sociedad en el control informal del Estado, en este caso el control del funcionamiento de la justicia.