Son los fiscales de delitos económicos Pizzo y Bruna, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10 de Delitos Económicos contra la Administración Pública, los encargados de firmar la presentación en la cual se le atribuye a Gustavo Arnaldo Pulti, Daniel Hugo Pérez y Mariano Pérez Rojas los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, y se pide la elevación a juicio penal.

Las cuestiones que se les achacan son por lo menos tres: por un lado, usaron plata de cuentas de terceros -las que no se pueden tocar- para hacer pagos de carácter ordinario, es decir sueldos y cargas sociales. Se trata de plata que el municipio retiene y no debe usar; plata que no forma parte genuina de su presupuesto de gastos, y que sólo podría utilizar en una urgencia de carácter extraordinario y con el correspondiente permiso, porque el Ejecutivo no puede legislar en materia de presupuesto. Pero ellos no; ellos hicieron lo que les pareció, e implicaron a media comuna para cubrirse. Dice el texto: “Entre el 4 de junio y el 30 de septiembre de 2015, en violación de la Ley Orgánica de Municipios, de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios; en forma coordinada y de acuerdo a los roles que cada uno de ellos ocupaba en la estructura jerárquica municipal, dispusieron de los fondos de terceros percibidos por el Municipio en carácter de depositario, dándoles un destino diferente al que aquellos legalmente tenían, al ordenar, mediante el dictado de los Decretos N° 1519, 1550, 1794, 1980 y 2720, su transferencia a la cuenta de recursos ordinarios municipales, procurando hacer frente con ellos –indebidamente- a compromisos públicos asumidos durante su gestión desviándolos de su destino real”.

Pero eso no fue todo. Como se mandaron macana tras macana, y la plata seguía sin alcanzarles, también empezaron a girar en descubierto sobre la cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo cual generó un perjuicio para el patrimonio de todos, porque hubo que pagar las cargas de la mora. Y no se trató de ninguna situación inesperada sino de simple ineficiencia administrativa, porque dice la presentación, la maniobra se hizo “con el fin de financiar deficiencias de caja no previstas presupuestariamente. Ello así, sin acudir formalmente al Concejo Deliberante con el objeto de solicitar la correspondiente autorización para enfrentar con sustento legal las obligaciones que se habían asumido, pese a que desde el mes de Diciembre de 2014 el tesorero Mauricio Mingo puso en conocimiento, mediante los informes de programación de caja, las dificultades financieras del Municipio que hacían imposible el cumplimiento de las obligaciones”. Es decir que les habían avisado que la plata no iba a alcanzar, no los tomó por sorpresa. Pese a las observaciones que en forma indistinta hicieron tanto el contador general Guillermo Costanzo como el subcontador Alfredo Luis Osorio en las órdenes de regularización de pagos y las notas giradas al Tesorero Municipal, siguieron gastando a cuenta un dinero que no tenían.

Ferias

La pregunta es, entonces, qué hicieron con el dinero que sí tenían. ¿Obras?¿Calles?¿Escuelas? No. Lo que hicieron fue regalar, y regalarse, unas bellas exposiciones industriales, cuyas ganancias fueron para otros. ¿Otros? Y quizá, porque a la asociación que las organiza la dirige el mismo Pérez Rojas. Y no sólo una vez, sino tres veces seguidas.

Para empezar la historia, el truco se les ocurrió en 2012, cuando Pulti, Mariano Pérez Rojas -que era secretario de Desarrollo Productivo del Municipio-, y Santiago Jorge Fernández, secretario de Economía y Hacienda del Municipio “realizaron de acuerdo a un plan previo y a los roles que cada uno de ellos ocupaba en la estructura jerárquica municipal, una serie de actos en violación a los requisitos legales y reglamentarios en materia de compras y contrataciones establecidos”.  Concretamente, se ocuparon de coorganizar un evento multitudinario que originó ingresos y gastos sin cumplir con las normas que regulan la contratación directa, el concurso de precios y las licitaciones.

El convenio se había celebrado con la Asociación Civil de Desarrollo Estratégico, representada en ese acto por su vicepresidente Raúl Lamacchia y su secretario Pablo Federico Vittar Marteau: se acordó la organización conjunta de la I Exposición Industrial, a desarrollarse entre los días 5 y 9 de septiembre de 2012 en dependencias de la Base Naval. Pero como el Estado municipal aparecía como organizador de la exposición conjuntamente con la citada asociación civil, la suscripción del acuerdo constituyó una inversión indirecta de los fondos municipales, y por eso los ingresos debieron ser percibidos legalmente a través de la Tesorería Municipal, y esas contrataciones debieron cumplir los requisitos legales en materia de compras y contrataciones.

Sin embargo, el Estado municipal delegó en la Asociación Civil la comercialización, y por lo tanto el ingreso y egreso de los fondos provenientes de los stands de las diferentes empresas participantes, como así también de los sectores gastronómicos y de los espacios y materiales publicitarios, sin concurso ni licitación previa. También, la comuna delegó en la agencia las contrataciones que permitieran contar con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el evento, y únicamente quedaba a cargo de la asociación efectuar una rendición de cuentas de las sumas percibidas por todo concepto, como así también de los gastos efectuados. Es decir que los fondos recaudados por la comercialización no ingresaron en el patrimonio municipal sino que fueron percibidos directamente por la asociación; y las contrataciones necesarias para infraestructura y desarrollo de la exposición fueron realizadas sin control municipal, pese a que todos los funcionarios comunales mencionados sabían que el erario público financiaría finalmente los costos de manera directa, mediante un subsidio: eso formaba parte del acuerdo.

Responsables

Ya concluido el evento, las autoridades municipales emitieron el decreto 2054, mediante el cual se le otorgó a la asociación civil que presidía Mariano Pérez Rojas la suma de $800.000 como subsidio. Pero eso no fue todo. Posteriormente, el 29 de octubre de 2012 y sin mediar ninguna rendición de cuentas de los ingresos, los mismos funcionarios, justificándose en un error involuntario, dispusieron discrecionalmente que el importe del subsidio ascendera a la suma de $2.000.000. ¿Se la regalaron? Sí, sin ningún permiso. Y encima, Pérez Rojas presidía la agrupación.,

Y así fue que se entusiasmaron, porque les salió bien. Nadie dijo nada; entonces, ¿por qué no repetirlo?

Ni lentos ni perezosos, entre los meses de enero y diciembre de 2013 le volvieron a otorgar a la asociación civil un subsidio de $2.500.00 para hacer la feria y quedarse con las ganancias. Tres meses después de concluido el evento, sin existir rendición de cuentas de los ingresos obtenidos, ante una nueva nota presentada por la asociación que presidía uno de ellos, dichos funcionarios les regalaron $800.000 más.

¿Adónde fueron a parar? Nadie sabe, porque Mariano Pérez Rojas, alegando desinterés de parte de la Contaduría Municipal en los ingresos y egresos generados por la exposición, ordenó el archivo del expediente administrativo sin exigir como funcionario ni cumplir como presidente de la asociación con las correspondientes rendiciones de cuentas de ingresos y gastos.

Pero tampoco terminó ahí, porque les venía saliendo de perillas. Entre los meses de junio de 2014 y febrero de 2015, ya concluido el evento, Gustavo Arnaldo Pulti y Mariano Pérez Rojas les dieron a los chicos de la asociación civil la suma de $5.500.000 como subsidio para hacer otra feria. Tanto se les fue la mano que lo tuvieron que pagar en tres cuotas, pese a las observaciones formuladas por el Contador General de la Municipalidad.

Gustavo Pulti era el responsable de la administración general de la Municipalidad y de la ejecución de las ordenanzas: fue quien suscribió los convenios con la Agencia de Desarrollo Estratégico, y también quien suscribió los decretos que otorgaron los subsidios para financiar las exposiciones. Mariano Pérez Rojas era responsable de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad, y por lo tanto auxiliar directo del Intendente, y además ejercía la presidencia de la Agencia de Desarrollo Productivo, una entidad con personería jurídica propia.

Dice la presentación: “El análisis del expediente administrativo permite verificar la responsabilidad de los imputados Gustavo Pulti y Mariano Perez Rojas en su desarrollo, quienes con distintos aportes funcionales propios de la división del trabajo de una estructura jerarquizada, instrumentaron el mecanismo de financiamiento para la Exposición”. Tomando en cuenta su profesión de contador público, indudablemente Gustavo Pulti conocía las responsabilidades contractuales y extracontractuales que originan contratos administrativos en los cuales el Estado es parte contratante y a la vez organizadora. Lo mismo puede inferirse de Pérez Rojas, quien además había ocupado con anterioridad el cargo de secretario de Hacienda municipal. Ninguno de ellos podía desconocer que un evento multitudinario de estas características exigiría la contratación de empresas para las infraestructuras, y por lo tanto el pago de importantes sumas de dinero. Asimismo que los organizadores percibirían ingresos de dinero, ya que en el contrato se estipulaba la venta de los espacios de publicidad y stands. Pero no les importó.

En cuanto a los dos hechos reprochados anteriormente, el redireccionamiento de fondos y los giros en descubierto, también sabían -como profesionales de las finanzas- cuál era el contexto de excepcionalidad o urgencia financiera que hubiera debido acontecer para que ellos los llevaran a cabo. Sabían que no podían hacerlo para atender las necesidades públicas de pagar sueldos, aportes y conceptos que garanticen la continuidad funcional de los servicios de la municipalidad de cara a la sociedad: “cabe señalar que de la prueba aportada no surge ninguna circunstancia excepcional o urgente -como podría ser por ejemplo una catástrofe natural- que hubiere acontecido durante el año 2015 o en el lapso de tiempo comprendido entre el tratamiento de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto 22081 y el mes de marzo de 2015, en que comenzaron y se mantuvieron en ejecución giros en exceso a lo permitido por esa normativa”.

El contexto real de inflación, inseguridad, demoras de liquidación de compromisos, reclamos salariales, gastos en educación que fuera planteado por los imputados, en modo alguno puede constituirse como un justificativo del accionar reprochado desde que, pese a su gravedad, las causas que lo originaron no se apartan de lo ordinario. En el caso que hubiesen surgido necesidades financieras no programadas, Pulti y Pérez sabían que tenían a su alcance herramientas legales a las cuales acudir para paliar esa situación, entre las cuales está el financiamiento transitorio, que constituye un mecanismo regulado, al que legítimamente puede acudir el Poder Ejecutivo, pero sólo en circunstancias excepcionales. Nunca en las invocadas por los imputados, como proveer momentáneas deficiencias de caja.

Pero ellos siempre fueron reyes y señores. Dueños de la plata, que manejaron como si fuera suya. Ahora la justicia les golpea la puerta. ¿Abrirán?