Por: Agustín Maza.

La secretaría de Energía, Flavia Royón, detalló los lineamientos de su área para 2023 y anunció la postergación del último tramo de la quita de subsidios a las tarifas de electricidad para los segmentos de altos ingresos. El objetivo es evitar un eventual golpe al bolsillo a un universo de hasta 800.000 usuarios que están en condiciones de percibir asistencia pero que por diversos motivos no la solicitaron. La decisión se tomó en medio de los aumentos en regulados y alimentos frescos que presionaron al alza la inflación del mes pasado. El Gobierno afirmó que no está en riesgo el tope fiscal acordado con el FMI, para evitar dudas sobre un posible desvío en las metas pactadas.

La segmentación tarifaria que aplicó el Gobierno contempla tres niveles en los que se reparten casi 16 millones de hogares: de bajos, medios y altos ingresos a quienes estaba previsto una quita total de subsidios para este año, la cual debía impactar a 5.308.530 usuarios. En Energía creen que entre un 10% o 15% de este último universo están en condiciones de mantener la asistencia pero que por diferentes motivos no se inscribieron todavía en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase).

“Hay una porción que todavía necesita el acompañamiento del Estado. Por eso firmamos la semana pasada convenios con provincias y Desarrollo social para trabajar con los centros de referencia, facilitar la inscripción y no perjudicar a los hogares de menores ingresos. También habrá una campaña masiva de difusión en los medios”, explicó Royón en un video emitido ayer al mediodía. La funcionaria estuvo acompañada por el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), Walter Martello, y la subsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti.

En concreto, los usuarios del nivel de altos ingresos mantendrán casi un 35% de su factura subsidiada hasta detectar quiénes faltan inscribirse en el Rase, luego de que el ahorro fiscal del 2022 solo por la segmentación fue de $40.000 millones. La visión oficial es que podrían llegar a sectores vulnerables facturas muy difíciles de pagar, en medio de una aceleración de la inflación durante enero explicada por subas en regulados y en alimentos frescos. Las elecciones en el horizonte son un factor que el Gobierno también tiene en cuenta.

De todos modos, Royón aseguró que se cumplirá con el tope fiscal de 1,6% del PBI acordado con el FMI para los subsidios a la energía que paga el Sector Público Nacional en 2023. En esa cuenta y la de asistencia social estará centrada, al igual que el año pasado, buena parte del ajuste fiscal previsto con el organismo para cumplir con la meta de un déficit fiscal de 1,9% del PBI acumulado en 2023. 

En ese sentido, un informe de LCG precisó que en base a los números “base caja” de la Secretaría de Hacienda mostraron que los subsidios a la energía totalizaron 2% del PBI en 2022 y marcaron un recorte del 0,3 puntos respecto a 2021. “No obstante, y más allá de haberse iniciado el proceso de recorte de subsidios a través de la segmentación, la caída nominal de diciembre hace pensar que los pagos fueron postergados para meses venideros”, advirtió la consultora.

La aclaración de Royón pretendió despejar dudas sobre un posible desvío en las metas pactadas con el Fondo en un año electoral, preocupación que incluyó el organismo en su última revisión. En Energía consideran que la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner y una baja en el precio del GNL, entre otros factores, permitirán cumplir lo pactado.

Aumentos de luz en Amba

A su turno, Martello indicó que se postergó el aumento previsto para usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) como resultado de incrementos otorgados a las distribuidoras Edesur y Edenor. La suba estaba prevista para febrero pero finalmente se aplicará dividirá en dos tramos: abril y junio. También se convocará a audiencia pública para los últimos días de octubre para una Revisión Tarifaria Integral (RTI).

Según informó el funcionario, para los segmentos de ingresos bajos y medios con consumos mensuales promedio de 300 kwh la suba en el Valor Agregado de Distribución será de aproximadamente $360 por cuota. En detalle, el 72% de los usuarios o casi 2,2 millones de hogares no recibirán incrementos superiores a los $400. Los más impactados serán los que integran el "nivel 1", es decir, que tienen una mayor capacidad económica para afrontar la actualización.

Fuentes de la Secretaría de Energía recordaron que las distribuidoras eléctricas del AMBA habían solicitado en la audiencia pública de enero un 260% de aumento debido a que las actualizaciones que permitió el Gobierno en los últimos años están por debajo del incremento de costos que señalan las empresas. La intención oficial es realizar en octubre la RTI para la que no solo se fijará un sendero tarifario, sino también un camino de inversiones y calidad de servicio para los próximos años.