Las irregularidades se arrastran desde la gestión de Pablo Fernández Abdala y en la continuidad estarían comprometidas personas que se desempeñan en el área. La falta de transparencia en todo el proceso es denunciada por quien resultara adjudicatario del lugar y sufriera luego una rescisión de contrato, donde abundan elementos que permiten inferir una manifiesta intencionalidad de dejarlo afuera.

La causa iniciada por el ex concesionario de Bahía Playa Chica, Gerardo Fernández, en relación a la extracción de piedras potencialmente contaminadas del emprendimiento Maral Explanada, que habrían sido utilizadas en las obras de ampliación de la escollera del Club Náutico Mar del Plata,  dio un vuelco de 180 grados con ribetes de escándalo que salpican a la actual Directora de Recursos Turísticos del EMTUR Mónica Rábano, y al ex titular del ente Pablo Fernández Abdala.

No solo  se probó la falta de contaminación del material rocoso sino también quedó acreditado que  tanto la resolución de la Dirección de Recursos Turísticos, rechazando  la solicitud de acopio por parte de Fernández con el objeto de iniciar la construcción de una escollera, conforme a lo que disponía el pliego licitatorio como el dictamen de la Dirección de Gestión Ambiental sobre la posible contaminación utilizado para justificar la decisión denegatoria fueron apócrifos.

Los estudios específicos efectuados por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable determinaron que las piedras en cuestión no estaban contaminadas. En igual sentido declararon, en la causa que tramita el Juzgado Federal 1 a cargo del Dr. Alejandro Castellanos,  Luis Silva, titular del emprendimiento Maral Explanada y Diego González, propietario de la empresa extractora del material rocoso cuyo acopio había solicitado el ex concesionario.

Por su parte, a requerimiento del fiscal federal Nicolás Czizik, el director de Gestión Ambiental del municipio, Simón Caparros, informó no poseer ninguna actuación o antecedente vinculado al dictamen atribuido a ese organismo por el EMTUR. Es decir  que el dictamen no existió.

En diálogo con mdphoy.com el ex concesionario adelantó que en base a los nuevos elementos probatorios  solicitará a la Fiscalía de Delitos Económicos 10  la reapertura de la causa en las que se investigan diversas denuncias efectuadas con motivo del accionar del ex presidente del EMTUR, Pablo Fernández, el ex director General de Inspección General, Eduardo Bruzzeta, la directora de Unidades Turísticas Fiscales, Mónica Rábano, y demás funcionarios implicados en todo el proceso administrativo que concluyó con la caducidad de la concesión de la U.T.F. Playa Chica.

Gerardo Fernández,  sostuvo que “independientemente del curso que pueda tomar  la actual  licitación de la unidad fiscal está completamente acreditado el hecho que   la directora de Recursos Turísticos, Mónica Rabano, que suscribe la cedula de notificación,  y Pablo Fernández, quien dio la orden no escrita, fueron quienes alteraron  y falsificaron un instrumento público”. Aseverando que “seguramente de la investigación surgirá la eventual comisión de otros delitos que están vinculados con aquello que he venido denunciando: pretendieron usurpar y despojarme de la unidad de una manera absolutamente ilegal”.

El damnificado anticipó que “estaremos presentando una medida cautelar que impida que la licitación avance porque una de las causas es una pretensión anulatoria que es muy probable  que tenga sentencia antes de fin de año. Todas las pruebas son contestes, conducentes y concordantes en señalar que habría habido una clara  intencionalidad de rescindir la concesión anterior. Entiendo que estando ya tan cercana a una sentencia que posiblemente condene a la municipalidad y decrete la nulidad de la decisión de rescisión de la concesión por una cuestión de prudencia elemental,  debería haberse abierto un compás de espera hasta que salga el fallo”.

En tal sentido refirió que “le mandé una nota a la actual titular del EMTUR Gabriela Magnoler, advirtiéndole que era imprescindible que incorporaran una clausula particular dentro del pliego de licitación,  que indicase cuales son las causas judiciales iniciadas por el anterior concesionario, en que juzgado tramitan y en qué estado se encuentran, de modo que cualquier interesado  en participar del proceso licitatorio no pueda resultar embaucado en su buena fe haciéndosele desconocer deliberadamente esta situación de litigiosidad  abrumadora que tiene la unidad”.

Finalmente Fernández deslizó que “me llegó la versión de que hace unos cuantos días estaba en curso de  confección una iniciativa privada que por temor a generar sospechas se tornó en un llamado a licitación. Dicha iniciativa habría sido armada por gente de adentro del EMTUR, no puedo decir quienes porque no me consta, pero  se trataría de funcionarios públicos que no pueden ser de otra área  que no sea ésta que tiene específicamente  competencia sobre la licitación en connivencia  con un sector empresario, entre los cuales estaría involucrado un importante empresario de la televisión y del fútbol”.