El Gobernador pidió la disolución del ente creado para auditar a Edenor y Edesur, y Nación le dio la derecha con la intervención del ENRE. Hasta dónde llegó el organismo y las polémicas que acarreó.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que dejará sin efecto las subas programadas en el servicio de energía eléctrica y pidió desarmar el ente que debía controlar a las empresas prestadoras. Se trata del Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), un organismo “autárquico y bipartito de control y regulación del servicio público de distribución eléctrica” que prestan en la Ciudad y el Conurbano las empresas Edenor y Edesur, traspasadas por Macri a esas jurisdicciones.
Sin embargo, la intervención por parte del Gobierno nacional del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (ENARGAS), no hace más que establecer la caducidad del ENSE, antes incluso de su puesta formal en funcionamiento, pese a que ya tenía autoridades designadas.
Dentro de la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, energética, sanitaria, social y tarifaria, solicitada por Alberto Fernández al Congreso, se mantienen las tarifas de la luz y el gas bajo jurisdicción federal, y se faculta al Ejecutivo a iniciar un proceso de renegociación de la “Revisión Tarifaria Integral” vigente, o una revisión de tipo extraordinario a partir de la vigencia de la nueva ley y por un plazo máximo de hasta 180 días. El objetivo es “propender a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020”.
Durante la emergencia, el ENRE manten-drá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Edenor y Edesur, por lo tanto, el EMSE queda sin efecto.
El organimo ya había generado polémica entre la Provincia y la Ciudad, porque el macrismo completó casilleros en el directorio antes de irse. Un nombre en cuestión es el de Héctor Falzone, quien fue nombrado presidente y está vinculado al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a empresas privadas del sector que debería controlar.
“Hemos pedido al Gobierno nacional que retroceda y deje sin efecto el intento de generar un ente al que ya le nombraron un presidente. El ente metropolitano que debería regular a las empresas, que todavía no está en funciones, no está conformado”, remarcó Kicillof en su discurso inaugural; y añadió: “El 70 por ciento de los usuarios son de la Provincia y el 30 por ciento, de la Ciudad, y el presidente es de la Ciudad”.
El organismo en sí fue impulsado por el entonces presidente Mauricio Macri y tenía por objetivo transferir a Ciudad y Provincia el ejercicio jurisdiccional conjunto de la distribución del servicio de energía eléctrica en el Area Metropolitana, es decir, Capital y el Conurbano.
El anuncio de Kicillof fue un poco más allá. No sólo pidió a Nación la disolución del EMSE, sino que también afirmó que dejará sin efecto el aumento en las boletas de Edesur, Edenor, Edelap, Edea, Eden y Edes, además de las cerca de 200 cooperativas eléctricas que funcionan en todo el territorio bonaerense.
Al respecto, el presidente de la Asociación Consumidores Responsables, Henry Stegmayer, dijo a La Tecla que el freno de aumentos “es un muy buen símbolo, porque la suba era arbitraria e ilegítima”. Además se animó a proponer que se debería “crear un ente diferente, para que la Provincia, que tiene el 70 por ciento de los usuarios, tenga mayor decisión”, ya que, recordó, “el director que se nombró en EMSE para los primeros tres años tiene doble voto en caso de darse un empate”, por lo que, ejemplificó, “se le deja la potestad a la Ciudad de sancionar o aplicar multas”.
El abogado del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS), Santiago Pavón, también coincidió con que no sólo no se puso en funcionamiento al EMSE a tiempo, sino que, además, los entes de control actuales como ENRE y OSEBA, tampoco se alinearon al reclamo de vecinos y empresarios. “Los que tendrían que haber aplicado sanciones son ENRE y OSEBA, sin embargo hemos visto que con la cantidad de cortes que hubo, jamás pusieron reparos a los aumentos”, se lamentó.
Ahora, con los organismos intervenidos, la Nación se pone al frente de las negociaciones de las tarifas con las empresas, y libera a la Provincia de una responsabilidad que María Eugenia Vidal no quiso en su momento, pero que debió aceptar por imposición de los gobernadores peronistas a Macri. ¿Aceptarán ahora esta vuelta atrás?
Ganancias al 1000 por ciento
Los tarifazos, sí beneficiaron a las energéticas con grandes ganancias
Entre 2016 y 2018, las mayores ganancias fueron para las empresas eléctricas Edenor (+1.372%), Edesur (+1.006%) y Edelap (+971%), que se suman a otras firmas de gas y petroleras que también obtuvieron réditos siderales. Esto, de acuerdo a un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV, que señala, además, que “la generación de energía eléctrica cayó un 5,3% en 2019 con relación a 2015; la producción de gas, un 2,8%; el gas licuado de petróleo, un 11,4%; y el gasoil, un 5,4%”.
“El crecimiento de las ventas sin el correspondiente aumento de la producción permitió a las energéticas obtener resultados integrales que superan en todos los casos los 2 mil millones de pesos constantes del 2018. Pampa Energía, la que más rentabilidad obtuvo: $24.819 millones”, remarca el informe.
Asimismo resalta que con aumentos incluidos, “la producción en el primer semestre del 2019 estuvo por debajo de la del 2015 en 300 millones de metros cúbicos, una caída del 2,8%”, lo que significa que el tarifazo estuvo íntimamente ligado al planchamiento del consumo y la producción.
La demanda de energía se desplomó por la crisis
En el primer semestre del 2019 se han generado unos 64 mil Gw/h, lo cual es 5,3% menor que los 67,5 mil generados en el mismo período del 2015, de acuerdo a la UNDAV. Aseguran que esto está relacionado principalmente con que la demanda de energía eléctrica está correlacionada con el nivel de la actividad económica. A pesar del congelamiento de tarifas por el año electoral, la demanda se desplomó en el 2019.
Las ONG impulsaron amparos con la idea de frenar los tarifazos
El abogado del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS), Santiago Pavón, dialogó con La Tecla sobre los anuncios del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Aseguró no sólo que “los tarifazos fueron irrazonables”, sino también que las medidas del nuevo Gobierno van en sintonía con lo que pedían desde esta ONG.
“Desde 2015 a la fecha, los tarifazos estuvieron siempre en la misma línea: a favor de las empresas y en contra de los usuarios; así que estamos contentos con la decisión del Gobernador, creemos que es la correcta, y es momento de barajar y dar de nuevo y ver qué tarifas están bien y cuáles están mal”, remarcó.
Asimismo, Pavón se refirió al ente tripartito que creó el expresidente Mauricio Macri y que Axel Kicillof pretende disolver vía Casa Rosada.
“El ente tripartito intentó ser puesto en funciones por Macri, con traspasos de las empresas a la Provincia y a la Ciudad, y lo grave que tenía ese ente es que se le daba la presidencia a la Ciudad por dos años, y recién después se hacía cargo la Provincia”, lamentó el abogado de la entidad.
Además pidió crear un nuevo ente, con una mirada “particular” sobre las necesidades de cada región, que pueda sancionar y controlar de manera eficiente a las empresas que incumplan sus funciones con los usuarios.
Qué es el EMSE, el ente tripartito que creó Macri
El Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE) fue creado el 28 de febrero de 2019, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso Nacional en el artículo 124 de la ley 27.469, que marca que el Estado Nacional transfirió a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires la titularidad del servicio público de distribución de energía eléctrica prestado por Edenor y Edesur en la región metropolitana. Se trata de un ente autárquico con independencia económica y financiera, con personalidad jurídica
propia para actuar sobre las empresas.
La Resolución 1.713, marcha atrás
La exgobernadora María Eugenia Vidal había dispuesto durante su gestión la Resolución 1.713, del Ministerio de Infraestructura. Esto significaba que a partir del 1 de enero se continuaría aplicando el Incremento de Costos Tarifarios -pérdidas por inflación y devaluación del peso-, hasta que se recuperen las diferencias no obtenidas por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
De esta manera, los usuarios residenciales pasarían a pagar $3,53 el kilowatt hora, contra los $3,20 que se pagan actualmente.
En tanto, los cargos fijos se iban a incrementar más de 40%, para ubicarse en $121,26 para usuarios residenciales.
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