Marcelo Colombo batalla diariamente no sólo contra empresarios inescrupulosos que no dudan en reducir a la servidumbre a sus empleados o explotar mujeres para la prostitución, sino también contra la desidia, el desinterés o la connivencia en los controles gubernamentales. Un caso reciente lo tuvo como protagonista. A raíz de una denuncia de la Fundación La Alameda, el fiscal de la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) había requerido al gobierno porteño información sobre 60 supuestos talleres clandestinos instalados en la ciudad. En esa lista se encontraba el de Páez 2796, Flores, que el 27 de abril se incendió provocando la muerte de dos niños. Una semana antes del incendio, el Gobierno le informó a Colombo que en ese sitio no habían hecho ninguna inspección.

¿Por qué piensa que el Estado siempre llega tarde?

Hay una subutilización de los recursos y herramientas legales por parte de la Dirección de Trabajo de la Ciudad. Por ley, son la policía laboral y pueden acudir en forma directa a la fuerza pública para hacer cumplir la norma. Nos han comentado que muchas veces no les abren la puerta. Nosotros les sugerimos que arbitren los medios necesarios para hacer un allanamiento. La respuesta es que se tarda mucho. El contraejemplo es la AFIP, que cuando hace las inspecciones y les niegan la entrada, tienen un sistema desarrollado en el que le piden un allanamiento a la Justicia en lo Civil y Comercial de la Ciudad, que autoriza rápidamente. Hay dificultades en el momento de control, pero no por eso vas a renunciar a tu poder de inspeccionar.

¿Por qué existen talleres clandestinos a la vista de todos?

Existe una suerte de fomento de estas unidades de costura, que se va generando casi por relaciones familiares, que llegaron a la Argentina, progresaron y pudieron comprar algunas máquinas. A veces hay una organización superior, pero la mayoría son unidades pequeñas. Sabemos que en Bolivia hay un sistema de captación. También tiene que ver la explosión de la industria textil a partir de 2002. Hay un trabajo del Conicet que muestra cómo esto es un emergente de la crisis de la convertibilidad. Hay una lista de las empresas del rubro que no tienen ningún costurero inscripto, a pesar de ser talleres textiles.

¿Y cómo trabajan entonces?

Tercerizan toda la producción. Aquí está el meollo. La ley de trabajo a domicilio establece una responsabilidad solidaria. Por eso pedimos que responsabilicen a las marcas, porque si sos un empresario textil y tercerizás la producción, por ley sos solidariamente responsable. También hay un dato que no se conoce mucho: para poder tercerizar, el empresario necesita sí o sí que el taller esté inscripto en la ciudad. Y la mayoría no lo está. Es una segunda responsabilidad, porque el empresario se desentiende de lo que sucede en el taller y no vigila si está inscripto.

Ahí hay una cuestión de costos.

Sin duda. Hay un empresario que decide qué volumen va a producir, el modelo, lo manda al taller, lo retira y vuelve a decidir cómo comercializarlo. En término de estructura, el costo de confección de la prenda es ridículo frente al precio de venta. Es un reconocimiento implícito de que está utilizando mano de obra, no sólo esclava (en el peor de los casos), sino muy mal paga.

El INTI advirtió sobre la contaminación que producen los talleres.

Hay un informe del fiscal Federico Delgado acerca de cómo se incrementó la cantidad de pacientes en los hospitales públicos de la ciudad con afecciones respiratorias vinculadas a los talleres. Más allá de que haya reducción a la servidumbre, que es el peor de los escenarios, estos lugares –legales o no– tienen otros problemas adicionales. La complejidad es muy alta. Es mucha la gente, sobre todo inmigrantes, que vive de esto y habría que ver qué hacer, cómo ayudarlos si estos lugares desaparecen. Pero no podés paralizarte. Hay que sentar en una mesa a los empresarios, a los representantes de los talleres, al gobierno, a la Justicia, para discutir el asunto. Y pensemos que se trata de mano de obra calificada, que necesita desenvolverse en un marco de legalidad.

Según Macri, hay gente que se aprovecha de los inmigrantes ilegales y que éstos, en su desesperación, rechazan las inspecciones.

Aun en el caso de que no los estén explotando, no podés renunciar a tu poder de control. Esto no depende de la oposición de a quien vos tenés que controlar. Es como si vas a hacer un control de alcoholemia, pero luego desistís porque los conductores se enojan y entonces no controlás. ¿Cómo es eso? Tenés que controlar igual. Hay que generar los mecanismos para controlar, que es materia exclusiva de las provincias. Hay un problema de comprensión de lo que esto significa.

¿Cuál es la situación en cuanto a los casos de explotación sexual?

Desde que se hizo cargo Juan José Gómez Centurión de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), se activaron muchos mecanismos y mejoraron los controles. Ha habido más inspecciones, más cierres de prostíbulos. Incluso en casos en los que no había trata, pero sí regenteo de prostíbulos. Ha habido una activación.

Desde que se empezaron a clausurar los bares-prostíbulos, ¿hubo un aumento de “privados”?

Es cierto que hay una traslación de estos lugares a departamentos privados, lo cual dificulta la investigación, pero hemos podido enganchar a grupos organizados que tienen varios departamentos privados. Los titulares de diez, quince inmuebles eran los mismos, con los mismos teléfonos.

¿Y con respecto a la trata?

Muchas de las mujeres rescatadas siguen siendo traídas de Paraguay, de la República Dominicana. Por eso estamos trabajando en forma coordinada con una red de fiscales de Latinoamérica y España. Tenemos un sistema rápido y seguro para intercambiar información. Hasta tenemos, con algunos, un grupo de Whatsapp.

¿El número de condenados por trata es bajo en relación con los casos denunciados?

En general, para cualquier delito, el nivel de casos condenados es muy bajo, el 2 o 3 por ciento. Con respecto a los casos de trata, ese porcentaje sube al 15 por ciento. Igualmente nos topamos todavía con nichos con los que es imposible discutir. Hay dos Justicias: una parte ya entiende que es un problema, que no son casos menores y que el sistema prostibulario no es algo naíf, pero hay otra Justicia que ofrece resistencia.

¿Qué tipo de resistencia?

Están parados sobre los típicos prejuicios: que la mujer elige ejercer la prostitución y hacer quince pases por noche, dándole la mitad de ese dinero al proxeneta. Esto lo argumentan a pesar de que ya existe una ley que les dice lo contrario. También hay malas prácticas. Por ejemplo, en el sur del país, que es un bastión de resistencia muy fuerte. No se avanza, la prostitución está absolutamente naturalizada. El problema es que la Justicia genera fallos en contra y eso sienta jurisprudencia. También hay que decir que Casación viene trabajando muy bien el tema, con lo cual eso tiene un peso específico propio. Casación entiende que no se puede tolerar la explotación sexual ajena y que está condenado por la ley penal y los tratados internacionales.

¿Cree que la sociedad está detrás del cambio que propone la ley?

La vanguardia fue Susana Trimarco, su lucha por la ley contra la trata, la reforma de esa ley para quitar el consentimiento. Pero otra parte de la sociedad está rezagada. El Poder Judicial tiene integrantes que son aún más conservadores. Que haya jueces que puedan justificar la violación de un niño de seis años (caso Piombo), que lleguen a escribir eso, es una muestra de cómo está realmente el Poder Judicial. Va atrás de todo, de todos los avances. Todavía hay que seguir luchando para que se equipare la voz de la mujer en causas penales, donde se tiende a creer que adopta una postura para obtener un beneficio posterior, por ejemplo para la tenencia de los hijos o un juicio de divorcio.

¿Qué otras limitantes hay en su trabajo? ¿Fuerzas de seguridad?

Hay de todo. Con algunas podés trabajar, con otras no. Cuando detectamos connivencia, la denunciamos. Existe. Y hay una tolerancia política, en el mejor de los casos. También hay problemas con los inspectores, y a la Justicia no la dejaría afuera de los limitantes. El Poder Judicial es responsable. Cuando hay 15 casos, y no hacés nada, o te pasan información falsa y no investigás, es porque también hay –cuanto menos– tolerancia.

Perfil 

Marcelo Colombo fue coordinador de investigaciones de la Oficina Anticorrupción entre 2000 y 2006, consultor de organismos internacionales, de Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo. Estuvo cuatro años al frente de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), desde donde impulsó cientos de investigaciones y apoyó la sanción de la Ley contra la Trata. El Departamento de Estado de los Estados Unidos le otorgó un premio en 2012 por su “compromiso en la lucha contra la trata de personas”. Y desde el 30 de abril de 2013 es fiscal general de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). El objeto de la PROTEX es prestar asistencia a las fiscalías de todo el país en el trámite de las causas por hechos de secuestro extorsivo, trata de personas y delitos conexos a la trata.