La decisión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de impedir el ingreso en el país de alimentos y bebidas que tengan un equivalente de producción nacional -a pesar de no haber sido oficializada- está provocando temor entre los empresas, que amenazan con acudir a la Justicia, dijeron ayer a LA NACION distintas fuentes del sector.

Precisamente, el martes próximo habrá una reunión de grandes importadores para evaluar cómo proceder en un contexto en el que ya hay productos que están siendo demorados en la Aduana a la espera de una respuesta positiva, que no llega, por parte del Gobierno. Algunos de los afectados impulsan la presentación de recursos de amparo que les permitan seguir importando como hasta ahora.

La inquietud crece a medida que la Secretaría de Comercio Interior se comunica con los importadores para informarles que la disposición, transmitida verbalmente, los afectará de manera directa. El contacto también incluye a las cadenas de supermercados, que son advertidas de que, en menos de un mes, no contarán más con cierta mercadería extranjera como quesos, fiambres, aceite de oliva y bebidas alcohólicas. A pesar de que la fecha -1° de junio- se aproxima, son muchas las empresas que tienen productos en stock y que no saben si podrán venderlos o no.

Por otro lado, también hay importadores que esperan la llegada de containers para junio y julio y que aguardan una mayor información por parte de Moreno. La cuestión no sólo preocupa a los importadores, sino que las quejas también provienen de diferentes sectores de la industria nacional a los cuales se les restringirá la posibilidad de importar productos intermedios que se utilizan en la elaboración de otros productos.

Preocupación en Copal

En la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) se percibe una tensión similar. Pasado mañana se reunirán la Comisión Directiva y el Comité Directivo para debatir sobre el tema, que genera intranquilidad en la industria a pesar de que el Gobierno dice que con esta medida busca beneficiarla.

"Hay mucha preocupación en el sector", afirmó el presidente de Copal, Daniel Funes de Rioja, que dijo tener conocimiento sobre el freno de productos en la Aduana. El directivo se reunió con funcionarios para brindar soporte técnico-administrativo al plan oficial para fomentar los productos fabricados en el país, pero aclaró que ese aporte no significaba apoyo político.

Los sectores afectados intentan entender cuál es el motivo de la restricción: ¿aumentar el superávit comercial? ¿Cuidar las divisas del país?

Según una fuente del sector, la experiencia indica que cerrar las puertas a los artículos extranjeros podría provocar represalias por parte de los países productores de esos bienes, muchos de ellos, mercados importantes para los productos argentinos. "En muchos casos la Argentina exporta US$ 250 millones e importa US$ 10 millones y esta medida generaría represalias de mucho países, como reciprocidad, lo cual llevaría al país a perder mucho más", dijo el vocero de una de las empresas afectadas que no descarta la posibilidad de ir a la Justicia.

La Argentina también se vería perjudicada por la caída de publicidad, dado que los importadores invierten mucho dinero en la promoción de sus marcas. Uno de los casos es una bebida sudafricana que planeaba invertir grandes sumas de dinero en una campaña publicitaria por el Mundial de fútbol de Sudáfrica, pero que, frente a la eventual restricción, se vio forzada a abortar sus planes, dijeron en una firma importadora de bebidas.

Diego Pérez Santiesteban, presidente de la Cámara de Importadores de Argentina, en cambio, buscó calmar un poco los ánimos frente al enojo de los ejecutivos de las compañías. Ante la consulta de LA NACION, afirmó que "por el momento no hay señales claras sobre la medida", y que "se requiere tiempo para obtener una mayor precisión sobre la nueva estrategia del Gobierno" para, a partir de ahí, sí tomar o no el camino judicial.