Firmas como Arcor, Molinos Río de la Plata y Ledesma vienen logrando una enorme rentabilidad. Una de las contracaras es la crisis alimentaria que afecta a millones de personas en el país. Un informe indica que un tercio de los niños y niñas sufre hambre.
Las grandes empresas alimenticias están lejos de perder con la crisis. Por el contrario, mientras se extiende el hambre entre los sectores más humildes de la población, estos grupos capitalistas mantienen ganancias millonarias y hasta las aumentan.
En un contexto de elevada inflación, explicada por varias causas, los grandes empresarios aprovechan para remarcar precios y para especular contra las condiciones de vida de las mayorías. En la carrera por mantener los márgenes de rentabilidad los grupos económicos que tienen mayor concentración en la producción y comercialización de las mercancías, corren con ventaja y pueden incidir en la fijación de los precios.
Los números son escalofriantes. Los últimos balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores indican que Arcor ganó $ 11.622 millones en el primer trimestre del año. La empresa nacida en Córdoba -y que se expandió con fuerza durante los años de plomo de la última dictadura- no tiene vergüenza, sin embargo, en quejarse de los “controles de precios”.
Molinos Río de la Plata, empresa en manos de la familia Pérez Companc, no se queda tan atrás. Logró ganancias por $ 2.901 millones en los primeros tres meses del año. Y aunque resulte difícil de creer, se lamenta por una ganancia inferior al mismo período del 2022.
Ledesma, como es conocido, es una de los monopolios más importantes en el sector de producción y comercialización de azúcar. La empresa de la familia de Blaquier -cuya participación abierta en la última dictadura está más que demostrada- ganó $ 6.211 millones entre junio de 2022 y febrero de este año.
Una realidad dramática que sufren millones
Esas cifras millonarias son la contracara de los brutales aumentos de precios. El azúcar tuvo un incremento del 223 % en el último año. Los fideos -uno de los productos centrales de Molinos- lo hicieron un 145 %. En ambos casos, se trata de porcentajes muy por encima de la inflación promedio medida por el Indec, que marcó 108 % anualizada.
En ese escenario inflacionario, la realidad de millones de familias trabajadoras es cada vez más dramática. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA) consignó que en el último semestre de 2022, un tercio de los niños y las niñas del país padecían hambre.
En el segundo semestre de 2022 la pobreza infantil subió a 54,2 %, abarcando a 6 millones de menores de 15 años, e implica un aumento de la pobreza en 360.000 niñas y niños en un año, de acuerdo al informe del Indec. La indigencia para esa franja etaria alcanzó el 12 %.
Un informe de Cifra de la CTA señaló que en el tercer trimestre del 2022, cuando el 37,9% de la población tenía ingresos bajo la línea de pobreza, el 28,7% de las personas ocupadas era pobre a pesar de tener ingresos laborales. La situación es más grave para los trabajadores no registrados, cerca de 45% de los trabajadores informales se encontraba en situación de pobreza.
En la actualidad la situación se estima es aún peor. Las canastas con las cuales el Indec mide la indigencia y la pobreza aumentaron por encima de la inflación en el último periodo. La Canasta Básica Total (CBT) registró en marzo una suba de 8 % y en los últimos doce meses la canasta de pobreza escaló a 113,2 %, un incremento superior a la inflación (104,3%). Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la indigencia, aumentó 9% en marzo, con respecto a febrero, y mostró una variación interanual de 120,1%.
Ante un problema tan profundo, la solución tiene que ser de fondo. El acuerdo con el FMI trae cada vez más ajuste para la mayoría. Hay que rechazarlo y desconocer esa estafa de una deuda totalmente ilegítima.
Es necesario terminar con la situación de que algunos tengan que trabajar muchísimas horas mientras otros no encuentran trabajo: la jornada laboral se tiene que bajar a 6 horas para poder repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, terminar con la precarización y tener un salario que no puede estar por debajo de la canasta familiar.
Los dirigentes sindicales deberían terminar con la tregua al Gobierno y ponerse a la cabeza de un plan de lucha para recuperar todo lo perdido en estos años, por una suba de emergencia para los trabajadores formales, informales, desocupados y jubilaciones y por la actualización automática frente a la inflación.
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