Si bien la ley fue sancionada el 22 de diciembre pasado -gracias al impulso del bloque oficialista Tucumán Crece-, el año finalizó sin que fuera publicada en el Boletín Oficial (BO). Por eso, en el sector privado anhelan que el gobernador, Juan Manzur, revise la estrategia y, en lugar de promulgar la norma, aplique el veto.

“Creemos que debería haber una última reflexión. Hemos pedido una audiencia (con el mandatario). Además, el lunes tendremos una reunión de comité ejecutivo para definir los pasos a seguir en este y otros asuntos”, reveló el titular de la Federación Económica de Tucumán (FET), Pedro Omodeo.

La Casa de Gobierno había solicitado la suba en la alícuota sobre los Ingresos Brutos para grandes contribuyentes mediante un proyecto de ley que giró a la Legislatura el mes pasado. El texto, que llegó con las firmas de Manzur y del ministro de Economía, Eduardo Garvich, proponía diversas medidas financieras. Muchas fueron eliminadas por la comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside el oficialista Juan Ruiz Olivares. Pero la suba tributaria se mantuvo.

La nueva norma establece que el incremento regirá a partir de este año. Será del 0,5% para el total de los ingresos entre $ 250 millones y $ 500 millones; 0,75% para quienes estén entre $ 500 millones y $ 1 millón; y 1% para el total de ingresos que superen $ 1 millón.

El día de la sesión legislativa, Ruiz Olivares aseguró que la medida no tendrá impacto en las firmas formadoras de precio, y que sólo alcanzará al 0,8% de los empresarios tucumanos.

Omodeo descartó que vaya a ser así. “El incremento en las alícuotas será trasladado. Se ha encarecido el crédito bancario, que pasó del 6% al 7%. y estamos en un contexto donde las tasas son altas y el (nivel de) endeudamiento de las empresas es importante”, señaló, a modo ejemplo. Omodeo agregó que, con esta estrategia, “el gobierno posiciona a Tucumán como la provincia con mayor presión fiscal, colocándola en desventaja con las demás de la región y desalentando la inversión privada”.

Según fuentes del oficialismo, hay posibilidades de que Manzur no promulgue la ley con su firma y que -como prevé la Constitución- quede firme por el paso de 10 días hábiles desde su sanción.