ampliar la investigación que se lleva adelante por presunto espionaje del Gobierno de José Alperovich a dirigentes opositores. Lleva la firma del dirigente peronista Enrique Romero y aporta nueva documentación sobre lo que se conoce como “Operativo Escucha”, realizado por personal de la Policía de la provincia bajo la dirección del coronel Enrique Stel desde noviembre de 2003.  Este último fue detenido acusado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, cuando se cumplía funciones en el Ministerio de Seguridad Ciudadana. Según Romero, el “Operativo Escucha” se realizó por idea e impulso de Jaime Salamon y de Isaac Bromberg, primo del gobernador y actual diputado nacional. Las tareas se realizaron con un equipo adquirido a una empresa de seguridad de origen israelí cuyas siglas son SIA (Securuty and Intelligence Adivising. La firma habría provisto de un equipo que permitía interceptar hasta 50 celulares en forma simultánea. La novedad en la causa es la presentación un escrito secreto en el que constarían los nombres de las personas bajo vigilancia electrónica por parte de personal de la D2 bajo el comando de Stel. La lista incluye a los empresarios Rubén Altamiranda, Julio Colombres, José Pochat, Alberto Llaryora y Jorge Rochia Ferro. A los jueces René Goane, Arturo Brito, Rodolfo Giovanello y Carlos Novillo. A los periodistas Carlos Abrehu, Tony Arnedo, Marcelo Cortez, Tomás Luciani, Federico Van Mameren, Luis Peña, Isauro Martínez y Ariel Fernández. A los políticos Germán Alfaro, Domingo Amaya, Stella Maris Córdoba, Esteban Jerez, Raúl Hadla, Julio Miranda, Enrique Orellana, Alejandro Sangenis, José Cano y Ricardo Falú además del propio Romero. También habrían estado bajo la lupa del “Operativo Escucha” los sindicalistas Eduardo Bourle, Carlos Cisneros, Lucina Espeche, Carlos Giménez, Martín Rodríguez, Vicente Ruiz y Celso Sosa. Según la denuncia, la nómina habría sido elaborada por el propio Alperovich. Romero pidió que se cite a declarar a los ex ministros de Seguridad, Pablo Baillo y Eduardo López Herrera. También requirió que se realicen pericias sobre los movimientos de la tarjeta perteneciente a Nabil Amar, gerente de la empresa SIA, quien habría operado de nexo para la compra del equipo que se utilizó para escuchar a los dirigentes opositores al Gobierno.