Tal como se preveía desde hace unos días, el precio de las naftas y gasoil en las estaciones de servicios de la ciudad no se mantienen constantes por más de quince días y nunca la ecuación favorece al consumidor final común
Aunque el nuevo incremento semanal no se aplicó aún en las principales expendedoras de ciudad, varios encargados de los surtidores confirmaron a El Comercial que están esperando autorización de las petroleras para asestarle un nuevo golpe al bolsillo de los formoseños.
Hace menos de quince días dábamos cuenta que las estaciones de servicio de bandera YPF habían incrementado los valores de los combustibles. Aunque en esta ocasión la decisión había sido tomada por parte de la petrolera, el precio de la nafta había subido un 6%, y el Gas Oil rozaba un 4%.
Ya en esa oportunidad las estaciones de servicio de YPF en la capital formoseña habían incrementado los valores de los combustibles, y si bien las estaciones ESSO y Shell no han tomado la misma medida, los precios en aumento no superaban las listas de estas dos últimas.
Las causas de los aumentos crónicos
Desde la Federación de Ejecutivos de Combustibles de la República Argentina, la entidad que reúne a la mayor cantidad de las estaciones de servicio del país, confirmaron las subas mientras que autoridades de YPF explicaron que no se trata de un nuevo aumento sino de un "reacomodamiento general en el marco de las subas del lunes 23 de marzo".
Las petroleras aseguran que los aumentos están destinados a cubrir las pérdidas que les genera la devaluación. Eso se debe a que un 65% de sus costos están vinculados al precio del petróleo, que cotiza en moneda estadounidense. De manera que su poder de compra perdió un 7,24% desde diciembre, debido al encarecimiento del dólar, que ayer cerró a u$s 3,70.
Entre los expendedores, sin embargo, no mostraron optimismo tras el último ajuste. Rosario Sica, titular de Fecra, aseguró que "casi no nos toca nada de este aumento".
A nivel local, el titular de la Asociación de Estaciones de Servicio de la provincia, Ángel Luís Bigatti había defendido el aumento anterior al explicar que se trataba de un aumento "técnico, pero no fue debido a incrementos de impuestos sino que simplemente es un aumento de las petroleras que no se traduce en un aumento de las comisiones más que proporcional al aumento de precio, porque en el caso del gas oil tenemos una comisión del 7% y algo más del 8% en el caso de las naftas".
La situación de las expendedoras formoseñas
En más de una oportunidad los dueños de estaciones de servicios de la ciudad y el interior provincial explicaron que éstas tienen una garantía "en primer grado" que las pone totalmente indefensa ante un proveedor monopólico y podría suponerse que existiese alguna conducta distorsiva de la situación de aprovisionamiento a través de cupos o combustible que es entregado todo junto para hacer reventar la cuenta bancaria a los estacioneros o exigencias desmesuradas o corte de contrato. "Imagínese esto con la garantía hipotecaria lo manda a la quiebra al empresario", explicó en una oportunidad el titular de la Asociación local.
Los estacioneros también argumentan desprotección legal ya que "una estación de servicio sin proveedor no vale nada y ellos tienen la hipoteca de primer grado se quedan con la propiedad por monedas, en este momento hay hasta la sospecha que podríamos estar ante la presencia de algún tipo de maniobra especulativa".
Cupos: cada vez más exiguos para las provincias del norte
Las fuentes consultadas por El Comercial confirmaron que a nivel nacional se estudia la posibilidad de reducir el cupo de combustible para varias provincias, incluidas las del norte.
Esto derivaría en una menor capacidad de oferta por parte de los surtidores hacia los clientes, situación que se agravaría en el interior de la provincia donde ya varios de estos comercios manifiestan problemas de abastecimiento hasta en épocas normales.
El abastecimiento de combustibles para las estaciones se rige por el cupo impuesto por la Secretaría de Energía de la Nación. El cupo de compra que tienen los empresarios, para todos los productos combustibles, es de un 7 por ciento más de la cantidad de combustible comprado el mismo mes del año 2007.
Esto genera escasez en algunos momentos del mes o del día, y las estaciones intentan organizarse, internamente, de alguna manera para evitar el faltante que se agrava por las grandes distancias que existe desde los puntos de transporte hasta las bocas de expendio.
La garantía de contar con stock suficiente que impida la especulación de los empresarios está contemplada en la Ley 20.680 de Agio y Abastecimiento, pero en muchos casos no se aplica esta normativa que resguarda o protege a los consumidores.
Los precios sin
modificaciones
A modo de ejemplo, en Capital, el dueño de una estación de servicio YPF aseguró que a mediados de la semana pasada llevó la nafta súper hasta los $ 2,872 el litro, un 2,6% por encima del valor anterior, mientras que comenzó a cobrar $ 2,082 por el litro de gasoil, un 3,78% más caro.
Esso siguió un camino parecido. El titular de una boca de expendio de esa marca confirmó que llevó el litro de súper a $ 2,869, un 2,5% más, y aplicó un porcentaje similar al gasoil, hasta los $ 2,099.
En Shell, en tanto, aseguraron que "estamos evaluando los movimientos del mercado".
En la ciudad de Formosa, mientras tanto, los valores que se manejaron hasta este domingo en la gran mayoría de las estaciones de servicio de YPF rondan en: Fangio XXI, 3,659, Súper XXI: 3,228, Normal XXI: 2,436, Ultra Diesel XXI: 2,409, quedando hoy en día –a pesar de sufrir el aumento- todavía manejando costos menores a la Shell: V-Power: 3,799, Súper: 3,299, Común,: 2,699, Diesel: 2,899, Gas Oil: 2,649, y en las ESSO: 800: 3,899, 5000: 3,459, Diesel: 2,899, Gas Oil: 2,799.
Estos precios presentan incrementos variables en el interior de la provincia, donde los empresarios determinan los valores a modo discrecional apoyados en los escasos controles tarifarios por parte de algún organismo público o privado.
Lo que estipula la Ley de Abastecimiento
La Ley 20.680 de Agio y Abastecimiento fue sancionada en 1974. Se trata de una norma que autoriza la regulación total de cualquier actividad económica, en todas sus etapas, para asegurar el abastecimiento de los productos o la prestación de los servicios.
Básicamente, la norma prevé sanciones que van desde multas y clausuras hasta cuatro años de prisión. Según una actualización dictada por decreto en 2002, los gravámenes ascienden desde los $ 500 hasta sumas millonarias. Los cierres pueden extenderse por 90 días y las penas de prisión son de dos tipos.
Por un lado, existe la posibilidad de arresto preventivo durante 48 horas. Por el otro, el empresario puede ser condenado a 90 días entre rejas.
Pero si los hechos adquieren gravedad, el Gobierno está autorizado a dictar la prisión por cuatro años.
Después de algunos intentos de aplicación en la década del 70, la gestión de Néstor Kirchner la utilizó por primera vez en diciembre del año pasado, cuando impuso a la petrolera Shell una multa por $ 23 millones tras argumentar que desabasteció al mercado de gasoil.
Desde 1991 en adelante se discutió mucho sobre su vigencia. Ese año, se promulgó el decreto de desregulación económica, que dispuso la derogación de la ley.
Luego -a través del decreto 722/99- la saliente administración de Carlos Saúl Menem reestableció las facultades sancionatorias ante una huelga de camioneros. Actualmente, el Gobierno de Cristina Kirchner considera que la normativa tiene plena vigencia.
La norma también le da al Gobierno la posibilidad de fijar precios mínimos y/o de comercialización. Respecto de la importación y exportación, los funcionarios podrán rebajar o suspender temporariamente derechos, aranceles o gravámenes de importación, así como acordar subsidios o exenciones impositivas para asegurar el abastecimiento o la prestación de servicios.
También podrán prohibir o restringir la exportación cuando lo requieran las necesidades del país.
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