José Urtubey, de la Unión Industrial Argentina (UIA), afirmó que la ley que prohíbe los despidos por 180 días y establece la doble indemnización "no es correcta porque va contra los trabajadores y está probado que no funcionó en el mundo".

"No están dadas las condiciones en el país para usar esta herramienta. La verdadera agenda que debe discutirse es cómo generar empleo, bajando cargas tributarias y administrando criteriosamente el comercio internacional", remarcó Urtubey.

El titular de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, abogó por que el presidente Mauricio Macri ejerza la facultad constitucional de vetarla. "Al igual que cuando se oficializó el default en el Parlamento argentino -en diciembre de 2001- se cae en definiciones de cambios de regla de juego que no solo no protegen a los trabajadores actuales, porque allí donde haya crisis va a existir más allá de lo que diga la ley, sino que desalienta el empleo futuro", señaló Funes de Rioja a la agencia oficial Télam. 

A su criterio, los legisladores "aprobaron una ley inoportuna, inconveniente, innecesaria y totalmente contraria a las orientaciones que el mundo ha aplicado como medida pro empleo y como protección de los trabajadores en el medio de las crisis de 2008, 2009 y 2010".

El titular de la Copal aseguró que "no hay emergencia ocupacional que justifique" esta ley", y sostuvo: "Esperamos que el Presidente confirme su voluntad del ejercicio de la facultad constitucional del veto".

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) reiteró su rotundo rechazo a la iniciativa y manifestó que el proyecto aprobado resulta "inoportuno y falto de fundamentos, ya que, si bien existen dificultades económicas, en modo alguno se ha extendido al ámbito laboral de tal modo que justifique modificar los institutos existentes, sin lesionar la situación social del país".

En esa línea, la entidad que dirige Jorge Di Fiori apoyó un veto presidencial. "Si bien los problemas económicos generalmente se proyectan con consecuencias negativas en materia de empleo, no serán precisamente las inoportunas medidas de prohibición de despidos, contenidas en alguna iniciativa legislativa, las que contribuirán a solucionar las dificultades, sino que, por el contrario, agravarán las mismas".

La CAC también argumenta que con esta norma "los índices de litigiosidad y conflictividad seguramente se eleven sensiblemente, generando así una situación peor que aquella que se quiere evitar".

Daniel Urcía, vicepresidente del Departamento de Legales y Política Social de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), consideró que "si bien la situación es difícil, todos estamos comprometidos para sobrellevar este periodo de sinceramiento de la economía, y no hay voluntad de ningún empleador de despedir gente".

A diferencia de los otros dirigentes empresarios, Ucría cree que "la promulgación de esta normativa no viene a modificar el escenario" porque "lamentablemente por ley no se puede cambiar la realidad: si una empresa no tiene cómo generar trabajo, la prohibición de los despidos no va a impedir que la fuente de trabajo se acabe".

El presidente de Federación Económica porteña (FECIBA), Raúl Zylberzstein, lamentó la falta de acuerdo para obtener mejoras para las pymes. "Estamos muy desilusionados con lo que vimos en el Congreso porque fue una disputa partidaria, ninguna de las partes estuvo a la altura de las circunstancias y puso sobre la mesa la problemática que tenemos", analizó.

"Como empresarios somos optimistas, sino seríamos importadores. No tenemos producto si no tenemos empleados, si despido me quedo sin trabajo", aclaró Zylberzstein. "Las medidas que ha tomado el gobierno van en la decisión correcta, son proactivas pero insuficientes, deben profundizarlas para alivianarle la carga impositiva a las pymes", dijo el empresario.