"Nosotros empezamos a pedir el 82% móvil en marzo, junto a la Federación Judicial Argentina", sostuvo Villalba.

Recordó en tal sentido que el diputado Claudio Lozano con este fin. La iniciativa fue tratada en comisiones y rechazada, pero luego se presentó otro proyecto.

La secretaria general explicó que los empleados judiciales no iban a rechazar el proyecto de ley provincial que otorga el 82% a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, promulgada recientemente por el gobernador Juan Manuel Urtubey.

La ley aprueba el convenio firmado entre la provincia y la Nación para que los jueces y funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público puedan jubilarse con el 82%, aunque el acuerdo no prevé que sea un monto móvil.

"Es la punta de lanza para poder pedir la incorporación de los empleados judiciales y del Ministerio Público", explicó Villalba.

De hecho, el 9 de septiembre la Agremiación le pidió al gobernador, mediante una nota que en la Gobernación se tramitó en el expediente 16597, que antes de promulgarla devolviera la ley a la Legislatura provincial para que se incorporara a los empleados, y a los secretarios del Ministerio Público, que también quedaron fuera del listado de beneficiarios.

No hubo ninguna respuesta del Gobierno. Lafuente añadió que la falta de respuesta y la promulgación de la ley los obliga a llevar a cabo otras acciones para continuar su reclamo.

Con este fin la Agremiación ya mantuvo una reunión con la Asociación de Jubilados del Poder Judicial.

Está previsto que se realicen asambleas resolutivas y presentar notas a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).

"No nos oponemos a que los jueces y funcionarios tengan el 82%, pero consideramos que es un acto de discriminación la exclusión de los empleados judiciales, que aportamos proporcionalmente lo mismo que los jueces y funcionarios", sostuvo Lafuente.

En la nota dirigida al gobernador la Agremiación afirma que esta exclusión "transforma a ésta en un beneficio de privilegio más que en un reconocimiento de un derecho constitucional".