Por: Carolina Putelli.

El contrato entre la provincia y la UTE que construía el dique El Tambolar se terminó, luego de un acuerdo entre las partes para rescindirlo. Esto quiere decir que hoy la obra se encuentra efectivamente frenada y que no continuará hasta que haya una nueva licitación. Apenas Diputados decidieron esto en una votación, el vicegobernador Fabián Martín confirmó que la provincia empezará a buscar alternativas para retomar los trabajos. Si bien se trata de un proyecto complejo, consideran que la obra es estratégica y además apuntan a reincorporar a 1.200 trabajadores.

La definición en la Legislatura dio por terminadas las idas y vueltas entre el gobierno provincial y las empresas Panedile, SACDE, Sinohydro y Petersen Thiele y Cruz, que desde 2019 habían ganado la licitación. Los trabajos se encontraban frenados en parte o parcialmente (hubo intentos de volver a empezar) desde 2022. En la actualidad la construcción del dique se encontraba en un 41,9%, según el cálculo oficial. Además, quedaban 40 personas contratadas para las tareas actuales, en su mayoría de mantenimiento, aunque en su momento máximo llegaron a 1.200.

Volver a emplear mano de obra es una de las prioridades que citó Fabián Martín tras la sesión en la que aprobaron dar de baja al contrato con 19 votos a favor y 11 en contra. Además, señaló que la provincia necesita el embalse porque va a ser estratégico para “reservar agua y porque va a permitir tener la ruta interlagos para el turismo”. Para esto, aseguró, dar de baja el contrato era clave porque “le evita a la provincia un conflicto que podía llegar a juicio y que era muy complejo de solucionar”.

Si bien, según el vicegobernador, esto acorta los plazos, también reinicia el proceso de construcción. Debido a que la UTE (Unión Transitoria de Empresas) terminó más del 40% de la obra, calculan que lo restante significará inyectar alrededor de 300 millones de dólares más, contra los 750 millones de dólares del presupuesto original. Martín dijo que “a partir de este convenio de rescisión mutua, el gobierno de San Juan va a arbitrar desde el día de la fecha los caminos para encontrar la financiación”.

En el contrato anterior, El Tambolar tenía fondos a partir de un fideicomiso al cual aportaba Cammesa. La misma dejó de hacerlo y esto terminó desfinanciando la construcción, lo que llevó a la situación actual. Por eso, explicó Martín, volver a dar con el dinero para retomar el trabajo es uno de los pasos que encarará el Ejecutivo, una vez que el acuerdo quede firme.

Entre las alternativas, la intervención de privados no quedó descartada, aunque el plan definitivo será “un diseño del Gobernador Marcelo Orrego”. Fabián Martín dijo que el RIGI puede ser una herramienta para encontrar el dinero que hace falta para continuar. Dijo que esto es viable “en virtud de que hay que hacer una inversión superior a los 200 millones de dólares que es lo que se exige como mínimo”. A su vez, dijo que no sería necesario adecuar la legislación provincia de ninguna manera y solo tendría que seguir el curso normal de este sistema.

Una vez que hayan definido el origen de los fondos, la provincia deberá iniciar un proceso de licitación nuevamente. Según diputados opositores, que votaron en contra de rescindir el contrato, esto es problemático. Eduardo Cabello, quien además dirige la CGT, auguró que al menos faltan “dos años para que se pueda retomar el trabajo”.