El ministro de Coordinación de la provincia de Chubut, Víctor Cisterna, lo dijo como al pasar, pero lo cierto es que el debate por un nuevo Pacto Federal Minero -que ya el Gobierno nacional había anunciado a principios de este año- comenzaría a concretarse en los próximos días.

Uno que había anticipado el interés en el tema había sido el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, quien afirmó en el mes de mayo que el Gobierno impulsará la firma de “un Pacto Federal Minero, con las provincias productoras, para no dejar de perder las oportunidades de inversión en ese sector”.

Fue ante la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) con motivo del Día de la Minería, y señaló que “la actividad minera será para la mitad olvidada del territorio argentino lo que es la ganadería para la pampa húmeda”.

El 1% para las comunidades- Nación viene de aplicar una medida controvertida pero que al sector le redundó en inmejorables ganancias: La disminución de las retenciones que benefició a 134 empresas, de las cuales 120 son pequeñas y medianas y están radicadas en 12 provincias, según datos del propio Aranguren.

También el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, había dado indicios del tema cuando en enero de este año sostuvo: “En seis meses queremos firmar un nuevo acuerdo, un nuevo Pacto Federal Minero. Ya se abrió la discusión y en ella queremos sentar a todas las provincias, la Nación y los legisladores. En este nuevo acuerdo la idea es incorporar una cláusula que determine que el 1% de lo que genere la minería en todo el país se destine a las comunidades donde están las explotaciones. El objetivo es que estos fondos impacten positivamente en los departamentos donde se lleva adelante la minería y que le sirva al agro, a la forestación, a todo el desarrollo sustentable y al desarrollo social”.

Ya hay avances- En Santa Cruz el tema se puso en discusión cuando el ex gobernador Daniel Peralta mantuvo una fuerte interna con el Gobierno nacional, representado por entonces por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El mandatario provincial enfatizaba por entonces que debía darse una discusión sobre la renta minera, ya que la distribución de los recursos que de ella se generaban (3% de regalías) eran injustos para con las provincias de donde se extraían esos recursos.

Frustrada esa posibilidad, Peralta avanzó –a los tumbos- con el Impuesto Inmobiliario Minero, un gravamen generado de forma unilateral por la provincia que no tardó mucho en ser judicializado por las operadoras. De hecho, de los millones de pesos prometidos por la administración anterior, muy pocos fueron los montos que ingresaron.

Con el gobierno de Alicia Kirchner se llegó finalmente a un acuerdo con las mineras, denominado “Programa Unirse” (Unidos en la Responsabilidad Social Empresaria), por el cual las operadoras vienen efectuando un aporte mensual - a partir del 1° de enero de 2016 – en función de la venta de la totalidad de los metales producidos.

Esto, sumado a un nuevo Acuerdo Federal Minero, podría garantizar mejoras en la percepción de la renta minera, un tema siempre controversial para las provincias productoras.