Ya que gran parte de la flota vehicular de la comuna comenzó a ser embargada por la justicia debido a una demanda del gremio que nuclea a los trabajadores municipales, el SOEMCO.

Aunque no hay información oficial, pudo saberse que ya habrían sido secuestrados diez vehículos livianos, pero la cifra podría llegar a casi veinte, en la cual se incluirían varios camiones afectados a diferentes tareas operativas.

El caso deviene de un juicio que el gremio le entabló hace aproximadamente dos años al Departamento Ejecutivo, por retención de fondos correspondientes a cuotas sindicales de sus afiliados.

Voceros de ese ámbito dijeron a El Patagónico que la deuda reclamada oscila en 5,6 millones, pero debido a los intereses y horarios de los abogados patrocinantes, la misma asciende actualmente a unos 8 millones.

El juicio civil fue ganado en primera instancia y luego de varias apelaciones que hizo la gestión del ex intendente José Córdoba, hace aproximadamente un mes la Cámara de Apelaciones de esta ciudad le dio sentencia firme.

Tras ello comenzaron a correr plazos para elaborar la documentación que fue elevada al Registro del Automotor, trámite previo a la incautación de vehículos del patrimonio comunal.

ENFRENTAMIENTO

En la práctica, esto último comenzó a partir de lunes, es decir a solo cuatro días de la asunción de Prades, quien –vale recordar- en su primer discurso como intendente arremetió contra el gremio y advirtió que no tolerará a gente que no trabaje, en claro desafío el secretario gremial Julián Carrizo.

A su vez, el dirigente interpretó que el flamante jefe comunal trató de vagos a los trabajadores de planta permanente y ello quedó reflejado en un reportaje que el propio gremialista concediera ayer el programa radial “El Oso” que se emite por la FM San Jorge, a tal punto que llegó a preguntarle a su conductor, Emir Silvia, si él también creía que los municipales eran “unos vagos de mierda”.

En tanto, uno de los abogados del gremio, Ricardo Díaz, aseguró ayer a El Patagónico que el proceso de secuestro de automotores ya había comenzado y que en total la cifra podría llegar a veinte, aunque se abstuvo de revelar el sitio donde los mismos están siendo guardados.

Pudo saberse además que algunos jefes de sectores, habrían dado la orden de “ocultar” los vehículos afectados a sus sectores, a fin de preservarlos del escandaloso embargo judicial.

A su vez, un ex funcionario de la gestión Córdoba – que solicitó reserva de su nombre- dijo que es inaudito que Carrizo se apropie de bienes que pertenecen a toda la comunidad y así como reclama por una deuda, también debería hacerse responsable de la deuda global que muchos empleados municipales mantienen con la comuna en lo que se refiere al patentamiento de sus autos e impuesto inmobiliario.