Alberto Fernández quedó impresionado con su visita al santuario de San Cayetano. El Presidente dice haberse conmovido por la realidad que vio en su recorrida junto a monseñor Gustavo Carrara y el sacerdote Alejandro “Toto” Vignale en la parroquia de Liniers. Pese al feriado de Navidad, Fernández cerró una semana intensa en la que no faltaron frentes de tormenta. Empezó con su decisión de acompañar al obispo auxiliar de Buenos Aires -y vicario episcopal para las villas de emergencia- que fue designado por el papa Francisco en reconocimiento a sus años de trabajo como cura villero en el Bajo Flores. Fernández se declara admirador de Carrara y le pidió ir a San Cayetano en Nochebuena junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el jefe de asesores, Juan Manuel Olmos, y su esposa, María Rosa Muiños.

Navideño. Fwernández, en San Cayetano, con manual de presidente nuevo.

En Liniers, el Presidente se encontró con gente humilde que no tiene trabajo y con personas de ingresos medios que están solas, pero se sorprendió, sobre todo, con una postal inesperada: familias de clase media que tampoco llegan a fin de mes y no tienen garantizada la subsistencia. Fue uno de los hechos que afianzaron una sensación en el peronismo gobernante. En más de un aspecto, la situación que dejó Mauricio Macri es peor de lo que se suponía. Fernández lo comentó esta semana en sus encuentros con funcionarios y lo trató especialmente en el almuerzo con sus amigos del albertismo fundacional, el jueves en el comedor de Casa Rosada. En esa cita, había varios con contactos con la Iglesia. El secretario de Culto, Guillermo Oliveri; el diputado y ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés y el frustrado representante ante la Santa Sede Alberto Iribarne, ya con el placet para ir como embajador a Uruguay en la nueva etapa.

Alberto & amigos. Fernández, este jueves, con su barra de leales del PJ porteño: del bar a la Rosada.

AYUDA MEMORIA. La Iglesia Católica tuvo otra intervención que en Balcarce 50 reconocen como vital en la última semana del año. Fue el pronunciamiento del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, en rechazo a la ley pro minería que el gobernador Rodolfo Suárez -delfín del jefe radical Alfredo Cornejo- aprobó a la fuerza, pese a la gigantesca oleada de manifestaciones populares en defensa del agua y contra la megaminería. En una carta pública, que después difundió la cuenta institucional de la Iglesia, Colombo afirmó que "para estos proyectos mineros, como para todo cuanto compromete la vida y la salud de los habitantes y la Casa común, hace falta la licencia social, se requiere un consenso específico y explícito”. Colombo es vicepresidente segundo del Episcopado, es considerado por Francisco uno de sus obispos más queridos y fue el impulsor de beatificar a monseñor Enrique Angelelli, el obispo de La Rioja asesinado durante la última dictadura militar. Su gestión fue decisiva para que Suárez finalmente derogase la ley.

En el peronismo gobernante se afianza la sensación de que la situación que dejó Macri es peor de lo que se suponía. Fernández lo comentó esta semana en sus encuentros con funcionarios y, especialmente, en el almuerzo con sus amigos del albertismo fundacional.

Durante los últimos días, alguien le recordó a Fernández las palabras de su propio discurso inaugural el 10 de diciembre pasado, ante la Asamblea Legislativa. “La Argentina necesita una política ambiental activa, que promueva una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, de consumo responsable y de valoración de los bienes naturales. En esa búsqueda estamos inspirados en la Encíclica ‘Laudato Si’ de nuestro querido papa Francisco, Carta Magna ética y ecológica a nivel universal”. Con ese ayuda memoria, un interlocutor habitual del Presidente le había hecho llegar un mensaje que en Balcarce 50 traducen así: “Córrase de Mendoza, por favor despéguese”. Otros le remarcaron que, en campaña, Fernández había pedido que le dijeran cuando se equivocaba o se desviaba del camino.

En el caso de las modificaciones a la ley provincial 7722, vigente desde hace 12 años, el Presidente quedó desautorizado por los hechos y encontró los límites de su política de diálogo con todos los sectores. La semana pasada, Fernández había anunciado en su discurso del Four Seasons ante los dueños de la Asociación Empresaria Argentina que se había logrado avanzar con la minería. Lejos del primer pronunciamiento que haría Juan Cabandié unos días después, cuando consideró que se trataba de “un tema provincial”, el ex jefe de Gabinete había afirmado frente a pesos pesados como Héctor Magnetto, Paolo Rocca y Luis Pagani: “En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia”.

 Detrás de esa afirmación había una doble razón: la alianza fuerte del Presidente con gobernadores como Sergio Uñac y la consigna de generar valor agregado en las exportaciones en una economía sobre endeudada, que necesita estimular el ingreso de divisas para recuperar oxígeno. Dentro del gabinete, el lobby minero está expresado al máximo nivel por el secretario de Minería, Alberto Hensel, que, como funcionario de Uñac, dejó pasar dos derrames de cianuro de Barrick en San Juan y se declaró públicamente enemigo de la Ley de Glaciares. Para el movimiento ambientalista, es directamente un hombre de la multinacional canadiense.

MARCHA ATRÁS. Fernández no había hecho silencio, como se dijo desde el oficialismo, sino que había defendido la ley en un auditorio de lo más distinguido. La multitudinaria marcha que hizo historia en Mendoza y superó todos los antecedentes de rechazo social a la minería en el país provocó un efecto cascada. Para aprobar los cambios en la ley que habilitaron el uso del cianuro en la explotación minera, el radical Suárez había contado con el apoyo de los diputados de Anabel Fernández Sagasti, la candidata a gobernadora derrotada que pertenece a La Cámpora y tiene línea directa con CFK.

La represión ordenada por el sucesor de Cornejo en la víspera de Nochebuena fue la peor salida y complicó también al gobierno nacional. En grupos afines al Gobierno, circulaba la información de un malestar genuino y masivo, en el que se confundían en las calles la militancia del Frente de Todos con ambientalistas y votantes de Juntos por el Cambio que rechazaban la derogación de la 7722. El primero en diferenciarse fue el presidente del PJ y ex ministro de Ambiente en Mendoza, Guillermo Carmona, cuando reconoció que la ley estaba “muy empujada por el lobby minero” y afirmó que el peronismo debía “estar al lado del pueblo”. Después lo hicieron sectores identificados con el Gobierno, como el dirigente Juan Grabois y el cineasta Pino Solanas, que habló directamente con Cabandié, antes de su segundo pronunciamiento, en el que pidió la preservación del medio ambiente. Sentado en una silla que se deglutió a María Julia Alsogaray, Romina Picolotti y Sergio Bergman, el ministro de Ambiente designado por Fernández debutó en un territorio explosivo.

 La emergencia económica, la presión de las multinacionales mineras que ya habían obtenido una rebaja en las retenciones, los lobistas que operan desde la política y el intento casi desesperado de favorecer el ingreso de dólares dibujan un cuadro de lo más complejo. Tarde pero seguro, esta semana Fernández recibió información directa se gente de su confianza que, según dicen en el oficialismo, lo hizo cambiar de parecer. “Es un gobierno que escucha y reconoce cuando se equivoca”, le dijo a Letra P uno de los actores del Frente de Todos que se opuso a la modificación de ley en Mendoza. Habrá que verlo hacia adelante. Chubut es el otro caso testigo, donde el gobernador Mariano Arcioni pretendía avanzar con la derogación de la ley 5.001 y el veto social de Mendoza enfrió los planes para impulsar la minería en la meseta, un anhelo que Macri y Juan José Aranguren empujaron con todas sus fuerzas. 

Impulsada primero por Carlos Menem, después por los gobiernos kirchneristas y finalmente por el egresado del Cardenal Newman, el caso de la minería plantea varios problemas para Fernández. Entre otros, el contraste con otro sector que comienza a agitar sus tambores de guerra: el ruralismo.

DEJA VU SOJERO. La decisión de subir las retenciones a la soja (33%), el trigo, el maíz (12%), la carne, la leche en polvo y las harinas (12%) aumentó la temperatura en un sector que guarda una memoria intensa de combate antikirchnerista. Las bases del sector desconfían del Presidente que dice haber aprendido con la resolución 125, se guían por la víscera más sensible y se quejan de que el peronismo benefició de entrada a las petroleras, las mineras y los bancos.

La reunión con la Mesa de Enlace, el intento de mantener un canal de diálogo abierto a nivel de la dirigencia y la promesa de compensación para los pequeños y medianos productores no alcanzan para desactivar un mal humor cargado de historia. Al rechazo manifiesto que expresa el ruralismo con el regreso del peronismo cristinista al poder se suma el contraste con la minería y Vaca Muerta, que fueron beneficiados con la baja de retenciones.

 El equilibrio es frágil. Fuentes al tanto de las negociaciones le dijeron a Letra P que la Mesa de Enlace no va a impulsar ninguna medida contra el Gobierno en el primer mes de su gestión. Sin embargo, la afirmación es ambigua. La dirigencia ruralista no es la misma de 2008/2009, sabe que la emergencia existe, tiene miradas no siempre convergentes y está desbordada por el descontento que corre por lo bajo.

La Mesa de Enlace no va a impulsar ninguna medida contra el Gobierno en el primer mes de su gestión. Pero la dirigencia ruralista está desbordada por el descontento que corre por lo bajo.

Con discurso antipolítico que comienza a incentivarse desde los medios accionistas de Expoagro, las protestas de este viernes en Rosario, Bell Ville y Bragado plantean un nuevo desafío tanto para Fernández como para la Mesa de Enlace.

El sector agropecuario se vio muy beneficiado por Macri, pero sufrió la sequía y ahora se declara víctima de una ofensiva múltiple que incluye la suba de retenciones con el aumento de impuestos a nivel provincial y municipal, en todo el país. A eso se suma que los insumos están dolarizados y, según afirma el ruralismo, hay que pagarlos al precio del dólar contado con liquidación, en torno a los 82 pesos. La paradoja es que la suba de las retenciones, tan anunciada como esperada, ya fue eludida por los grandes sojeros. Según dijeron a Letra P desde una de las entidades del campo, el 50% de la cosecha ya fue vendida durante el gobierno de Cambiemos y zafó del aumentó que ordenó Fernández. “Nos estamos empezando a pelear por la historia y por centavos”, aseguró.

El Presidente no quiere enfrentar al sector que provocó su renuncia en 2008 y declara en cada oportunidad que tiene que se trata de un actor fundamental para la Argentina que viene. A la suba del 30% que el Gobierno llama “actualización” de las retenciones pesificadas que inventó Nicolás Dujovne se le sumó un 3% más con el mega paquete de emergencia aprobada la semana pasada. Ese porcentaje adicional, suponen algunos, puede ser parte de la negociación que viene si el voltaje de las protestas va en ascenso. Unos y otros saben que no es un buen momento para salir a las rutas: es fin de año, Fernández acaba de aterrizar, la situación social es entre delicada y muy grave y en el campo están cosechando el trigo.

 AMPLIAR HASTA QUE DUELA. El Frente de Todos puede dar marcha atrás con el último 3% como parte de un gesto de conciliación que rompa con el pasado o avanzar con el intento de segmentar y compensar, en una misión que demandará tiempo y tendrá una efectividad opinable. O puede, también generar un fondo de emergencia agropecuario para administrar con las entidades rurales, en una jugada que pondría bajo sospecha la reputación de la dirigencia del campo ante sus bases. Las cartas están sobre la mesa y el Presidente juega mientras los distintos actores se mueven. La pobreza, la minería, el ruralismo, en una semana todos los condicionamientos salieron a la superficie.  

En el marco de su política de alianzas que no reconoce límites, Fernández cerró la semana en un encuentro con los representantes de las iglesias evangélicas, que dirige el pastor Rubén Proietti. El motivo formal de la convocatoria fue la invitación a sumarse al Plan contra el Hambre. Sin embargo, tampoco faltó la discusión sobre la despenalización del aborto. Fue el Presidente el que introdujo el tema, sin que nadie se lo pidiera. Habló de la necesidad de “encontrar un camino” para solucionar “un grave problema de salud”.