“Históricamente se decretan las emergencias en seguridad vacías de contenido; de medidas concretas, tal fue la reciente emergencia en la provincia de Buenos Aires; que, más allá del discurso político, solo sirvió para sacarle más de 600 millones de pesos al Banco Provincia para un fin que jamás se cumplió, que era dotar de equipamientos, armas y elementos logísticos, cosa que nunca ocurrió y mintieron sobre las estadísticas que decían que al fin los homicidios dolosos bajaron un 35 por ciento; cosa que no fue así”, destacó.

Sostuvo que para tomar conciencia sobre la realidad, “hay tener en cuenta cómo nos evalúan desde el exterior y remitirse a instituciones intermedias como ‘Transparency Internacional’; ONG que se encarga de investigar los índices de corrupción de los países, posicionándonos sobre un rango de 0 a100. La Argentina se encuentra en el puesto 35 del rango de corrupción; siendo 0 el más corrupto y en el ranking mundial, sobre 175 países, ocupamos el puesto 107, casi de los más corruptos. Ergo: somos 65 por ciento corruptos”.

Añadió que “si no comprendemos nuestra realidad vamos a perder el tiempo desviando la cuestión hacia la inclusión y la formación, que si bien contribuyen a la cultura del trabajo, en vez de la del ocio; solo resuelven a largo plazo la inseguridad. Lo que en política es importante en materia de plataformas, no sirve más que como discurso; mientras que la población espera medidas concretas y realizables para combatir la inseguridad y una de ellas sería, desde las conducciones políticas, la dignidad de no convivir con los grupos delincuenciales, como si fueran grupos de apoyo a la militancia política”.

Gauna Rubio recordó además que “una de las apreciaciones más palmarias del Secretario General de la OEA, que viene diciendo, desde Octubre de 2013, que en América Latina hay mucha democracia y poca institución. Un buen resumen de las debilidades del Estado y de las demandas y expectativas que tiene la región”.

“El Estado se ha metido por décadas en el seno de las familias desculturizándolas, rompiendo esos valores conceptuales que ya en el Contrato social, Rousseau, puso como núcleo esencial de la sociedad y hoy no se quiere hacer cargo por esta cultura populista que está tan apegada al pobre y al libertinaje que lo hace multiplicarse, con un costo desbastador para la institución familiar; ya que los padres, por acción o por omisión manifiestan que a sus hijos no los pueden manejar o que no saben qué hacer con ellos a los escasos 13 o 14 años”, añadió.

Manifestó también que la delincuencia se explica “como un fenómeno social complejo en el que influyen un gran número de variables, tanto sociales como ambientales. Existen diversas teorías que intentan explicar el fenómeno delictivo: Teorías Biosociales y Psicosociales, Teorías Sociológicas y Teorías de la Decisión Racional -Teoría de la Oportunidad-; tal como se referencian el complejo estudio ‘Ojos en la Calle’; Jane Jacobs (1992); Oscar Newman (1996); Bill Hillier (1996) y C.Ray Jeffery (1977); recopilado en un proyecto en el ámbito de la seguridad pública, de mí autoría sobre adecuación en cámaras de seguridad para General Pico y considerado como innovador por distintas ONGs”.

Gauna Rubio sostuvo que en torno a las diplomacias sociales “el Estado para regular las relaciones intersubjetivas, dicta leyes obligatorias y universales. En la facultad monopólica que éste posee, a través del poder punitivo (facultad del Estado para penar a quien comete un crimen, Zaffaroni.), el Estado reprime a quien infrinja las leyes, rompa con el contrato social o viole las normas establecidas, privando al infractor o a sus ciudadanos de sus propios derechos, como la Libertad, castigando y penándolo por haber cometido cierta violación a las normas jurídicas; para que no vuelva a hacerlo y disuadiendo a quienes intenten imitarlos; o le ocurriría lo mismo (pena de prisión; multa o inhabilitación), mediante coerción directa (expoder de Policía); también mediante coerción indirecta, por ejemplo, desalojo sino pago el alquiler”.

Refiriéndose a La Pampa, explicó que “es inminente que la emergencia en seguridad venga acompañada de medidas concretas que le plantearé, en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad, al señor ministro y al señor gobernador si es oportuno. Si en nuestro bendito País hubieran sido un tanto más serios, respecto de las medidas políticas, en seguridad; hubieran contribuido a inocular el terrible avance de la droga y de la proliferación de la delincuencia”.

Afirmó que “es sumamente importante no solo instruir al personal policial, en la relación con la sociedad, sino que también en lo operativo y estratégico; convocar a personal retirado para que ocupe lugares de conducción de instrucción al nuevo personal; dotar de logística a la policía, ya que no tiene ni computadoras, ni dinero para comprar hojas A4; de comunicación y lo más importante es tener mapa del delito saliendo de los obsoletos sistemas de cuadrículas lo que permite tener un diagnóstico sobre las zonas más calientes para atacar en el momento; optimizar los recursos humanos y policiales y hasta tener certezas sobre zonas donde existe corrupción policial; zonas liberadas o más congestivas, por lo menos así lo demuestra el sistema Compstat similar al implementado por William Bratton, en localidades como New York, y Team II que permite evaluar efectividad policial”.

“Durante la emergencia policial se deben intensificar y hasta usar, dentro del marco de la ley; herramientas que normalmente no se usan; como mayores operativos para detectar y secuestrar la gran cantidad de armas circundantes, drogas, vehículos etc.; como así también los controles vehiculares ya que recientemente hay un fallo de la Corte de La Nación (Fernández Prieto), que habilita a la policía a requisar los vehículos en el lugar, con algunos recaudos como testigo, sin orden de allanamiento, ya que el vehículo por su condición puede salir de la jurisdicción y frustrar la detección de un delito”, añadió.

Gauna Rubio explicó que esto es posible “sin descuidar las medidas que se deben adoptar desde el ámbito judicial, siendo más estrictos respecto de las libertades o en su defecto las medidas preventivas; como así también tomar un criterio unificado, respecto de las aplicaciones de las penas; entre el mínimo y máximo; no solo partiendo del mínimo, ya que la justicia se queda sin poder valorar los atenuantes y las penas dejan de ser ejemplificadoras para que el delincuente no vuelva a cometer el delito y/o para que no lo imiten, (poder punitivo)”.

Por último insistió en “recordar hasta el cansancio el control de las camineras o puertas de acceso a la provincia, con el antecedente nacional de la fuga de los hermanos Lanatta, ya que no es posible transitar por medio país sin que nadie los controle”.