El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que el viernes pasado había firmado el gobernador Juan Manzur junto a su equipo para declarar la emergencia en seguridad en la provincia no alcanzó a cumplir una semana de vida. Ayer, por unanimidad, la Legislatura rechazó el instrumento que había girado el mandatario, en medio de críticas de oficialistas y opositores sobre cuestiones técnicas del DNU.

En su lugar, el cuerpo legislativo sancionó una ley elaborada sobre la base de proyectos de distintas bancadas, de consultas a funcionarios del PE y a magistrados judiciales del fuero provincial y del federal. El objetivo es “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el avance de los delitos contra la propiedad”, expresa el texto aprobado ayer. 

La nueva norma establece una “triple” emergencia en territorio tucumano: en seguridad pública, en política carcelaria y en materia de tratamiento y recuperación de adictos. Esta medida excepcional, que durará 365 días -a partir de la publicación del texto en el Boletín Oficial- y que pude ser prorrogada un año más, adhiere también al decreto N° 228/16, dictado en enero por el presidente, Mauricio Macri, para establecer la emergencia en seguridad en la Nación (el DNU de la Casa de Gobierno no contemplaba esa vinculación normativa).

La ley de emergencia en seguridad, cárceles y adicciones prevé diversas acciones para tratar de paliar la grave situación provincial. Por ejemplo, se concretarán transferencias -de carácter voluntario- de los empleados de planta del Estado que quieran desarrollar tareas administrativas en comisarías y otras dependencias policiales, a fin de liberar a los uniformados de esa carga y destinarlos “a la vigilancia pública de las calles de nuestra provincia”. También se convocará al personal policial retirado o en vías de jubilarse -siempre que no haya recibido sanciones y esté apto, entre otros condicionantes- para que ejerza “funciones de seguridad” en el ámbito de la Policía de Tucumán.

El debate llevó casi seis horas. Si bien hubo oficialistas que trataron de matizar una supuesta disputa entre el gobernador y el vicegobernador Osvaldo Francisco Jaldo -ayer subrogado por el oficialista Julio Silman, ya que estaba a cargo del PE-, opositores criticaron a la Casa de Gobierno por el dictado del luego rechazado DNU.

Durante la semana pasada, magistrados federales expresaron sus advertencias -en entrevistas con LA GACETA- sobre la grave situación provincial en lo referido a narcotráfico y otros delitos, así como en materia de adicciones, e instaron al Gobierno provincial a adherir a la emergencia en seguridad a nivel nacional. El viernes a la mañana, luego del impacto generado por el reclamo de las autoridades judiciales, Jaldo anunció por Twitter que la Cámara iba a tratar de manera “urgente” la declaración del estado de excepción por la avanzada del delito. Cerca del mediodía, también a través de la red social “del pajarito”, el gobernador dio a conocer que había rubricado un DNU para dictar la emergencia en seguridad. La situación fue interpretada como una medición de fuerzas entre ambos referentes del oficialismo.

El decreto de Manzur y los siete proyectos de los distintos bloques políticos referidos a la inseguridad fueron abordados de manera conjunta desde el lunes por las comisiones de Seguridad y Justicia (la preside Javier Pucharras -PJ-), de Asuntos Constitucionales (a cargo de Marcelo Caponio -PJ-), y de Prevención de las Adicciones (el titular es el bussista Claudio Viña). Los legisladores entrevistaron en la semana al juez federalFernando Luis Poviña, al camarista federal Ricardo Sanjuán, al titular de la Corte Suprema de Tucumán, Antonio Gandur, y al ministro fiscal Edmundo Jiménez. Días atrás, habían hecho lo propio con el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Regino Amado, y con el secretario de esa área, Paul Alfredo Hofer.

El martes, oficialistas y opositores acordaron un dictamen conjunto por unanimidad. Ayer, luego de establecer algunos cambios menores en el texto y de un debate que tuvo momentos de tensión, los 43 legisladores presentes le dieron forma de ley a la iniciativa.

Comisión especial

Además de declarar la “triple” emergencia en seguridad, en política carcelaria y en materia de adicciones, la nueva norma tiene por novedad la creación de una comisión especial de seguimiento y control de las acciones y programas llevados a cabo en el marco del estado de excepción. Tendrá siete legisladores, dos funcionarios del PE y dos magistrados provinciales. Además, se invitará a representantes de la Justicia Federal. El ministro de Seguridad o quien él designe deberá elevar un informe estadístico cada cuatro meses ante la comisión especial.

También se eximió a dos ministerios (Seguridad y Desarrollo Social) de realizar licitaciones para compras y contrataciones en el marco de esta norma; sí tendrán que hacer cotejos de precios y el PE deberá informar cada tres meses a la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura sobre las erogaciones por esta ley.

La sesión de ayer cerró con la votación de dos proyectos de resolución: uno que exhorta a Manzur a gestionar ante la Nación el envío de más agentes de fuerzas federales; y otro que solicita al PE que se intensifiquen los controles en todos los accesos de la provincia.

Luego de días de tensión y de supuestos cruces en el oficialismo por la declaración de la emergencia en seguridad, los legisladores le dieron forma de ley y rechazaron “en todos sus términos” el DNU de Manzur. Ahora, la “pelota” quedó en territorio de la Casa de Gobierno, que deberá definir si promulga y publica la norma -y cuándo-, así como su aplicación.

Lo que se dijo en el recinto

Javier Pucharras (PJ), titular de la comisión de seguridad.- “Nos estamos haciendo cargo de esta situación, que no es menor. Y tenemos que tomar conciencia: estamos declarando la emergencia en seguridad. Con ello, estamos creando expectativas en la sociedad. (...) Si este es el accionar de cada uno de los poderes, no quedará delincuente tranquilo en la ciudad”.

Marcelo Caponio (PJ), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales.- “El DNU (del PE para declarar la emergencia) tenía seis artículos; tres de ellos eran de forma. (...) Las comisiones que trabajamos recomendamos su rechazo, porque no determinaba para qué se declaraba la emergencia en seguridad. (...) Los miembros de las comisiones creímos que el único objeto era la autorización a la contratación sin licitación pública, mediante compra directa, y no era un fundamento importante para declarar la emergencia (...) No dudo de las buenas intenciones del gobernador, pero los legisladores coincidimos que había graves falencias desde lo conceptual y lo jurídico”.

Claudio Viña (Fuerza Republicana), titular de la comisión de Adicciones.- “El DNU (del PE) podría recibir muchos calificativos; parece que sólo se buscaba ganar una pulseada a otro poder, y de paso quedarse con un cheque en blanco. (...) Celebro la emergencia en adicciones. Es una problemática que muchas veces se menosprecia. (...) Si sumamos fuerzas, somos muchos más (que la delincuencia); tenemos la suma del poder, las armas del Estado, la decisión política... Si estamos a la altura de las circunstancias, vamos a ganar la batalla”.

Alberto Colombres Garmendia (PRO).- “Hace unos años, funcionarios nacionales (del kirchnerismo) decían que la inseguridad era una sensación. Fue muy perjudicial haber negado el problema”.

José María Canelada (UCR).- “Con esta ley generamos herramientas, pero su ejecución queda en manos del PE. No hay ley que pueda transformar realidades si quienes deben ejecutarla la convierten en letra muerta”.

Fernando Valdez (UCR).- “Lamentablemente, el esfuerzo está puesto en la represión (de delitos de tenencia de drogas para consumo), pero no en aquellos que se organizan en asociación ilícita”.

Alfredo Toscano (Peronismo del Bicentenario).- “No estamos para mandar mensajes políticos con esta ley de declaración de emergencia en seguridad; estamos hablando de vidas”.

Raúl Albarracín (UCR).- “Sabemos que los presos no son rehabilitados; la cárcel (significa) vacaciones para los avezados en el delito, o una experimentación para los nuevos que llegan”.

Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario).- “Sé que muchos policías necesitan de los servicios adicionales para completar sus ingresos mensuales, pero como (las autoridades de esa área del PE) no pudieron explicar quién lo recauda y cómo se distribuye, creo que es un negocio que perjudica la seguridad pública”.

Luis Brodersen (PRO).- “Parece que lo único para lo que servía el DNU del PE era para que Manzur le comprara patrulleros a un amigo, a quien al parecer le cayeron las ventas en los automóviles”.

Marcelo Ditinis (PJ).- “La creación de la Policía Municipal era el caballito de batalla en la campaña del intendente (capitalino) Germán Alfaro. Sería bueno que cumpla esa promesa electoral”.

Christian Rodríguez (Peronismo del Bicentenario).- “Los foros vecinales (que creamos por ley) no fueron para inmiscuirnos en las políticas del PE, sino un aporte. No se entiende que no se lo aplique”.

Ariel García (UCR).- “De la única manera que se podía aprobar el DNU (de Manzur) era si venía anexado con la renuncia de los funcionarios (de Seguridad) que vienen desde la gestión de Alperovich”.

Guillermo Gassenbauer (PJ).- “Muchos hablaron de dar ‘mensajes’ (políticos con esta norma), pero a eso lo descarto de plano. Celebro que hayamos mejorado las iniciativas por consenso. Ahora, pido a los opositores que nos ayuden a gestionar recursos ante la Nación, porque hasta ahora no ha llegado ni una bala”.

La Nueva leyEmergencia en Seguridad Pública Tiene el fin de “revertir la situación de peligro colectivo” que causan el delito complejo, el crimen organizado y los delitos contra la propiedad. El estado de emergencia abarca: la producción, tráfico y venta de drogas; el contrabando de armas y de estupefacientes; hechos perpetrados por asociaciones ilícitas organizadas con fines políticos, raciales o terroristas; fraude contra el erario; prostitución de menores y pornografía infantil; extorsión; delitos tributarios y trata de personas. Emergencia en política carcelaria Al igual que la emergencia en seguridad, fue dictada por un plazo de 365 días (a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial) y puede ser renovada por un año más. Se apunta a “posibilitar el logro de los siguientes objetivos fundamentales: 1) adecuar, mejorar o ampliar la infraestructura edilicia en materia de servicio penitenciario; 2) ampliar, optimizar y capacitar los recursos humanos disponibles en las fuerzas de seguridad de nuestra provincia”. Emergencia para lucha de adicciones Con la ley sancionada ayer, la Legislatura declaró la emergencia en materia de tratamiento y recuperación de adictos, también por un año (renovable). Esta medida tiene por finalidad: “profundizar y ampliar en el territorio provincial los espacios terapéuticos destinados a la recepción, tratamiento y rehabilitación de personas adictas”; y “ampliar, fortalecer y extender los ámbitos de ejecución de los programas de prevención de adicciones en la provincia”. La comisión especial de seguimiento Tendrá 11 miembros: siete de la Legislatura (hasta ahora no han sido oficializados), dos del Poder Ejecutivo y dos del Poder Judicial de Tucumán. Además, serán invitados dos representantes de la Justicia Federal con sede en Tucumán. La comisión especial para el seguimiento y control de las acciones, políticas y programas efectuados en el marco de la emergencia dictará su propio reglamento. Sus funciones serán: “diagnosticar el estado actual de situación en cuanto al delito y la violencia”; “delinear recomendaciones e introducir en las instituciones responsables de la seguridad pública en sus normativas y sus prácticas”; “requerir informes, efectuar las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes respecto de los procedimientos, contrataciones, convenios, obras y acciones que sean implementadas en el marco de esta ley”; se crea además “un centro de Estadística en el ámbito de la comisión especial (...) para “elaborar estadísticas enfocadas a la materia penal, teniendo por fin principal el fortalecimiento del sistema penitenciario”.

La Nueva ley

Emergencia en Seguridad Pública 

Tiene el fin de “revertir la situación de peligro colectivo” que causan el delito complejo, el crimen organizado y los delitos contra la propiedad. El estado de emergencia abarca: la producción, tráfico y venta de drogas; el contrabando de armas y de estupefacientes; hechos perpetrados por asociaciones ilícitas organizadas con fines políticos, raciales o terroristas; fraude contra el erario; prostitución de menores y pornografía infantil; extorsión; delitos tributarios y trata de personas.

Emergencia en política carcelaria 

Al igual que la emergencia en seguridad, fue dictada por un plazo de 365 días (a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial) y puede ser renovada por un año más. Se apunta a “posibilitar el logro de los siguientes objetivos fundamentales: 1) adecuar, mejorar o ampliar la infraestructura edilicia en materia de servicio penitenciario; 2) ampliar, optimizar y capacitar los recursos humanos disponibles en las fuerzas de seguridad de nuestra provincia”.

Emergencia para lucha de adicciones 

Con la ley sancionada ayer, la Legislatura declaró la emergencia en materia de tratamiento y recuperación de adictos, también por un año (renovable). Esta medida tiene por finalidad: “profundizar y ampliar en el territorio provincial los espacios terapéuticos destinados a la recepción, tratamiento y rehabilitación de personas adictas”; y “ampliar, fortalecer y extender los ámbitos de ejecución de los programas de prevención de adicciones en la provincia”.

La comisión especial de seguimiento 

Tendrá 11 miembros: siete de la Legislatura (hasta ahora no han sido oficializados), dos del Poder Ejecutivo y dos del Poder Judicial de Tucumán. Además, serán invitados dos representantes de la Justicia Federal con sede en Tucumán. La comisión especial para el seguimiento y control de las acciones, políticas y programas efectuados en el marco de la emergencia dictará su propio reglamento. Sus funciones serán: “diagnosticar el estado actual de situación en cuanto al delito y la violencia”; “delinear recomendaciones e introducir en las instituciones responsables de la seguridad pública en sus normativas y sus prácticas”; “requerir informes, efectuar las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes respecto de los procedimientos, contrataciones, convenios, obras y acciones que sean implementadas en el marco de esta ley”; se crea además “un centro de Estadística en el ámbito de la comisión especial (...) para “elaborar estadísticas enfocadas a la materia penal, teniendo por fin principal el fortalecimiento del sistema penitenciario”.