La historia comienza en 2019 y 2020 cuando luego de la aprobación de la prohibición de plásticos de un solo uso en Oaxaca, empresas vinculadas a Coca-Cola FEMSA buscaron ampararse para poder seguir vendiendo sus bebidas embotelladas y productos de unicel en el estado.
Por: Ornela Garelli.
En aquel entonces, el juez de distrito encargado de revisar el amparo, bajo criterios de protección ambiental, se los negó. Un gran éxito para proteger una de las leyes de prohibición de plásticos más ambiciosas del país, ya que, entre otros productos, prohíbe los envases de PET para bebidas.
La industria del plástico, incluidas las grandes marcas de bienes de consumo, como Coca-Cola, han realizado un sin número de acciones para zafarse de las prohibiciones y continuar vendiendo sus productos en envases contaminantes. Así que, ante la negativa de este primer juez, las empresas quejosas Propimex, una embotelladora, y la cadena comercial Oxxo, ambas subsidiarias de Coca-Cola FEMSA, llevaron su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para buscar la protección de la justicia federal ante la medida de prohibición oaxaqueña.
Finalmente, el pasado 17 de agosto, en una sesión que tardó menos de 10 minutos, por unanimidad los ministros de la Segunda Sala de la SCJN avalaron los amparos presentados por ambas empresas declarando como inconstitucional la prohibición de envases de PET y unicel de Oaxaca. Los ministros ponentes, quienes presentaron los proyectos a favor de las empresas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek, basaron su análisis meramente en cuestiones referentes a las competencias de las entidades federativas, justificando su decisión en una invasión de competencias de la federación. Dicha decisión es cuestionable dado que no tomaron en cuenta consideraciones de protección ambiental y derechos humanos.
La contaminación por plásticos es una de las tres principales problemáticas ambientales que sufrimos como humanidad en la actualidad, junto al cambio climático y la pérdida de especies, como lo ha declarado la ONU; lo que afecta a los ecosistemas de la Tierra y su biodiversidad, así como potencialmente la salud de las personas. Que los ministros no tuvieran en consideración esto es lamentable porque se violan también nuestros derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud. Privilegiaron los intereses de estas empresas por encima del bienestar general y el medio ambiente.
Por parte de Coca-Cola FEMSA, es lamentable que en lugar de acatar la ley siga buscando formas de evadirla, que en lugar de transitar a la venta de productos en envases reutilizables, siga apostando por lo desechable. The Coca-Cola Company ha sido identificada por tres años seguidos como la empresa que más contribuye a la contaminación por plásticos a nivel global, tanto en las auditorías de marca de Break Free From Plastics, realizadas anualmente en cerca de 50 países [1], como en estudios realizados por organizaciones como Greenpeace México, en los que se identificó a esta compañía como responsable de la mayor parte de los residuos hallados en los ecosistemas costeros veracruzanos estudiados [2]. Anualmente, The Coca-Cola Company produce cerca de 124 mil millones de botellas de PET, de las cuales el 97% son desechables. Todos estos datos nos indican que más que vendernos amor y alegría, como sus comerciales quieren hacernos creer, esta empresa y sus subsidiarias nos venden contaminación plástica y productos que además son altamente dañinos para la salud.
¿Qué queda por hacer ahora? La Cámara de Diputados, en la que se están discutiendo reformas a la Ley General de Residuos (LGPGIR) tiene una gran oportunidad en sus manos. Después de la traición del Senado el año pasado, cuando las y los senadores votaron a favor de reformas pro-industria a esta ley, esperamos que las y los diputados estén a la altura de las circunstancias y reformen la ley privilegiando al Planeta y a las personas.
Finalmente, si bien la responsabilidad de las empresas es esencial para acabar con este problema ambiental, nuestra acción como personas consumidoras también es necesaria. Es indignante que estas empresas no cumplan con nuestras leyes y que les importe tan poco la protección ambiental y nuestra salud, algo esencial para reflexionar a la hora de decidir qué productos compramos.
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