Por: Eduardo Villa.

El 7 de diciembre, Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, presumió en sus redes sociales una reunión y presentación del proyecto de directivos de la empresa Embotelladora Niágara de México, S de RL de CV, en el que afirmaron, invertirían 90 millones de dólares para la construcción de una planta en Mexicali.

La empresa originaria de Irvine, California, propiedad de Andrew Peykoff y que cotiza en la Bolsa, es considerada una de las más grandes del mundo en materia de producción y venta de agua embotellada.

La imagen con directivos de dicha empresa trasnacional, encendió las alarmas de colectivos que consideran pudiera tratarse de una nueva empresa devoradora de recursos naturales, tal como intentó hacerlo la cervecera.

La presión social generó que la alcaldesa se comprometiera a no entregar los permisos municipales correspondientes a la trasnacional, pero mientras existe un rechazo público del gobierno capitalino, Marina ha respaldado el proyecto e incluso ha dicho que ya se cuenta con permisos federales y acuerdos con los concesionarios del recurso hídrico, radicados en el Valle de Mexicali, pese a que la propia mandataria estatal y sus funcionarios, signaron un convenio de trabajo del que fue testigo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se comprometieron a que habría una revisión exhaustiva de todos los proyectos empresariales que intentaran explotar el recurso hídrico de BC, comprendiendo que tanto el acuífero como el agua del Río Colorado, se encuentra en déficit debido a la sobreexplotación del mismo.

Publicacion original, foto tomada de internet

ESTADO Y NIÁGARA INTENTAN “BURLAR” DECRETO DE AMLO

El 8 de noviembre de 2023, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el convenio de colaboración entre varias dependencias y los gobiernos estatal y municipal, que tiene como objetivo “preservar, conservar y proteger el recurso hídrico para consumo humano y doméstico en el territorio del Estado de Baja California y del Municipio de Mexicali”.

La redacción del texto es muy general, pero implica a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de su titular, María Luisa Albores; al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo; a la alcaldesa Norma Alicia Bustamante; al secretario del Ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela; y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, teniendo como testigo al propio AMLO.

En el documento, los implicados se comprometen a siete puntos:

I. Garantizar en el ámbito de su competencia el derecho humano al agua, por encima de cualquier otro uso del agua.

II. Coordinar con las localidades e industrias establecidas en el municipio de Mexicali, programas de inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales y de reutilización de agua.

III. Promover el tratamiento y reúso de aguas residuales.

IV. Supervisar que la transmisión de derechos de agua hacia usuarios de tipo industrial, diferentes usos o servicios, no sea en detrimento del derecho humano al agua o ponga en riesgo la disponibilidad del acuífero.

V. Ejercer las acciones de inspección y vigilancia para determinar los impactos acumulativos y residuales al medio ambiente, para establecer las medidas correctivas, de urgente aplicación, reparación, mitigación o compensación, a partir de estudios o peritajes de daños ambientales.

VI. Promover acciones para reducir la presión hídrica del acuífero de Mexicali por cualquier actividad industrial.

VII. Las demás que acuerden “LAS PARTES” para el cumplimiento del objeto del presente “CONVENIO DE COORDINACIÓN” y que sean necesarias para dar cumplimiento a la normativa ambiental, y se reduzca la contaminación y preserve el patrimonio natural del país en el estado libre y soberano de Baja California.

El martes 19 de diciembre, durante la conferencia de prensa mañanera de Marina del Pilar, tanto ella como el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California (Seproa), Víctor Amador Barragán, fueron cuestionados por los medios de comunicación. Respaldaron la inversión de la empresa Niágara y aseguraron que su instalación no se vería afectada ni sería revisada en el contexto del convenio de colaboración que apenas días atrás habían firmado.

“Es para consumo humano, el uso urbano doméstico, aquí no estamos hablando que sea para fábricas, lo único que las compres en garrafón, la vas a comprar en botella. Aquí el asunto es que Constellation era para exportación, esa agua es para los bajacalifornianos”, refirió el funcionario, quien agregó que el recurso hídrico se quedaría en México y no para productos de importación.

“Aquí sacan los permisos con el Municipio para que les den el uso urbano o fabricar la empresa, luego nosotros dar una factibilidad; ellos compran los derechos con los agricultores, les van a vender el agua”, agregó.

Iván Martínez, foto: Cristian torres

El argumento del Estado es, entonces, que a pesar que se trata de una empresa y que se llevaría a cabo un proceso industrializado, no sería usada el agua con un fin “industrial”, sino urbano, toda vez que sería vendida en negocios locales para su compra por parte de los mexicanos. Su ejemplo ilustrativo fue que el vital líquido sólo cambiaría de presentación, pues ya no sería por medio de un garrafón, sino en botellas de plástico.

La gobernadora incluso comentó que la empresa ya había tenido acercamiento con agricultores para adquirir el recurso hídrico que sería utilizado para su siembra, lo cual es exactamente la misma justificación que Francisco Vega de Lamadrid ofreció para la instalación de la cervecera.

Lo que la mandataria y el titular de Seproa confirmaron sin darse cuenta, es que el agua que será utilizada por la empresa Embotelladora Niágara de México, proviene de los agricultores, y para ser considerada de uso urbano, debe ser cedida a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), es decir, el mismo esquema utilizado por el gobierno panista para burlar la Ley y ofrecer el agua a Constellation Brands.

Mientras Ávila y Víctor Amador intentaban defender a la trasnacional, colectivos defensores del agua en Mexicali sostenían una reunión de trabajo con la titular de Semarnat, María Luisa Albores, para estructurar el convenio modificatorio, con fines de volverlo un decreto para antes de que concluya la administración de López Obrador.

Iván Martínez Zazueta, integrante de la Contraloría del Agua, estuvo presente en dicha reunión y comentó que uno de los mecanismos necesarios para garantizar que futuras empresas con fines de explotación del recurso hídrico no se instalen, es precisamente instaurar candados en la transición de agua de uso agrícola a industrial o uso urbano con fines de beneficiar a la industria.

El doctor Alfonso Cortez Lara, de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) comentó que el Estado es incongruente al promover una inversión de esta naturaleza cuando de manera paralela Semarnat, los colectivos y académicos, están trabajando precisamente en que no se repitan los mecanismos de Constellation Brands.

“Es una actividad industrial, tan sencillo como que el permiso que dará la Conagua es de uso agrícola a través del área de concesiones para actividad industrial para vender agua, si es para tomar es lo de menos, es industrial hídrico intensiva y no es precisamente algo que se esté promoviendo en el mundo. No es sano”, refirió el especialista en materia hídrica, quien recordó que el acuífero del Valle de Mexicali es el segundo más sobreexplotado de México, con 432 millones de metros cúbicos anuales de déficit.

Recordó que, salvo el acuífero de Valle Chico, todas las zonas de extracción de la región se encuentran sobreexplotadas, a lo que se agrega que durante tres años consecutivos se han dado reducciones del recurso hídrico proveniente del Río Colorado y para el próximo año viene una situación similar que podría agravarse, dado que el Gobierno de Estados Unidos ya analiza instaurar una nueva acta con nuevas medidas de reducción.

“A nivel internacional hay una presión contra este tipo de industria de plásticos, cómo promovemos eso, seguimos con la idea de traer industrias hídrico-intensivas, pero ahora contaminan con plástico. Creo que es importante que consideren nuestro contexto, que tengan una mentalidad sustentable”, refirió el especialista, para luego advertir que si Estado y Conagua tienen la intención de burlar estas medidas, no habrá un solo decreto que evite las afectaciones al recurso hídrico de la entidad.

NIÁGARA SE VOLVERÍA EL PRINCIPAL USUARIO

Tanto el doctor Cortez Lara, como el maestro Iván Martínez Zazueta, coinciden en que dicha empresa es de alto consumo de agua o de consumo hídrico intensivo, por el simple hecho que se dedicará a embotellar agua.

Aunque reconoció no contar con la ficha técnica, el titular de Seproa refirió que la empresa produciría 17 litros de agua por segundo, lo que representaría un consumo de 500 mil metros cúbicos de agua al año.

Barragán, foto: Cristian Torres

En las dos plantas, la empresa Skyworks Solutions cuenta con 6 mil empleados y su consumo anual de agua alcanza los 493 mil 796, según un estudio realizado por la propia Contraloría del Agua en 2018. Dicha empresa de semiconductores es la industria de mayor consumo de agua en Mexicali, por lo que sería desplazada por la embotelladora de agua.

Pese a ello, la gobernadora de BC no lo considera una actividad que deba ser revisada en el convenio que precisamente intenta evitar la instalación de este tipo de empresa en una zona con estrés hídrico.

Ambos especialistas coinciden en que Niágara consumiría el agua de entre el 60 y 70% de la industria de Mexicali.

Pese a ello, aún hay indicios que sugieren que se oculta información, toda vez que, en 2018, Embotelladora Niágara de México inauguró una planta en el municipio de Soyaniquilpan, Estado de México. La inversión fue de 80 millones de dólares -10 millones menos que los que pretenden en Mexicali-, y según el permiso de uso de agua 13MEX159707/26FMDL18 -de disponible acceso en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA)-, propiedad de esa empresa, es de 2.850 millones de metros cúbicos de agua al año, es decir, casi seis veces lo que aseguran tendrá en Mexicali.

Martínez Zazueta aseveró que dicha empresa -según reportes de prensa- no generó ni 200 empleos directos. A esto se debe agregar que se desconoce el impacto de la producción de las botellas de plástico, ya que dicha industria requiere de alto consumo de agua.

Cortez Lara secundó que aún no se tiene información sobre el origen de dicha agua y los agricultores que aceptaron el acuerdo, por lo que no descarta sea la propia Constellation Brands, a través de su filial BC Tenedora Inmobiliaria, SA de CV, la que pudiera vender los dos derechos de agua que aún tiene a su disposición.

Cabe recordar que el terreno y los permisos son propiedad de la transnacional y los utiliza de manera libre.

Mientras Marina del Pilar Ávila impulsa la instalación de la trasnacional, la presidenta municipal de Mexicali declaró abiertamente a los colectivos que no otorgaría los permisos.

En una grabación emanada de una reunión de colectivos con Norma Bustamante, dijo:

“Son mis causas de toda la vida, ni loca yo permitiría que eso sucediera, pero hay protocolos políticos que los tengo que recibir”, para posteriormente sentenciar:

“No voy a darle permiso ni a Niágara, ni a ninguna empresa que venga a comprometer con todo y que las argumentaciones que ellos traen nada que ver con Constellation”.