Es en el marco de una causa que investiga la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La familia declaró un patrimonio que no pudo justificar y terminó en la Justicia. Enriquecidos al extremo, se supo que cuentan con campos ubicados en los partidos de San Pedro y Ramallo, un inmueble en Uruguay, Gualeguay y autos de alta gama, además de abultadas cifras de dinero bancarizadas.

Según se informó, el ministerio Público Fiscal había solicitado el embargo, congelamiento de cuestas y el registro de llamadas salientes y entrantes. La medida alcanza a “casi una treintena de terrenos, además de productos bancarios. En consecuencia, se ordenó el embargo preventivo de una serie de bienes; el congelamiento de sus productos bancarios / financieros por noventa días -las entidades deberán informar los saldos, excepto que se trate de cajas de ahorro en pesos cuyo destino sea el cobro de sueldos”, cita el MPF.

Y agrega: “La remisión del registro de llamadas entrantes y salientes cursadas durante los últimos ocho meses -contados desde febrero de este año- por cada uno de los abonados telefónicos pertenecientes a los denunciados e identificados por la fiscalía federal”, señala.

Te puede interesar:

Chacabuco: Ismael Passaglia, complicado por estafa millonaria en la construcción de viviendas

El embargo obedece a un recurso presentado por el ministerio Público Fiscal, que reunió los “elementos probatorios tendientes a corroborar los episodios denunciados”.

Las medidas cautelares de carácter patrimonial habían sido solicitadas en diciembre pasado por la fiscalía Federal de San Nicolás que encabeza Matías Di Lello -a cargo de la investigación- en un dictamen elaborado junto a la dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la procuración General de la Nación, cuya titular es María del Carmen Chena. El ministerio Público Fiscal había explicado en esa ocasión que su fin es asegurar “las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de las maniobras delictivas investigadas en autos y de aquellas que han servido para cometer el hecho, así como la pena pecuniaria y las costas que se pudieran imponer en caso de recaer sentencia condenatoria”.

“Del análisis de las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP por los investigados pueden advertirse notorias inconsistencias en la justificación del origen de los bienes”, advirtió Di Lello en el dictamen presentado a fines del año pasado. En ese sentido, agregó que “el señor Passaglia durante el período en que se desempeñó como funcionario público dispuso de fondos cuyo origen no pueden justificarse con sus ingresos declarados. Posteriormente, pretendió disimular la calidad ilícita de los fondos así generados, dándoles ingreso a su patrimonio y el de sus allegados con apariencia de licitud, mediante la adquisición de bienes registrables y la participación en inversiones, incompatibles con sus ingresos declarados”.