TUCUMÁN (Especial).- A través de un escrito, el fiscal de Estado de la provincia, Jorge Posse Ponessa, pidió que la Corte Suprema local debe dar porcerrado el expediente sobre las elecciones para gobernador, ante el pedido de nulidad que presentó el mes pasado el Acuerdo para el Bicentenario.

El frente opositor había realizado el pedido luego de que el máximo tribunal local rechazó el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que declaró la nulidad de los comicios provinciales. Los apoderados del ApB pidieron que interviniera la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Al respecto, el diario Página 12 adelantó que la decisión apunta a que luego de esta presentación sea la Corte tucumana la que dé por terminado el litigio, indicó el sitio Infojus Noticias.

En el escrito el fiscal de Estado advirtió que la agrupación que impugnó las elecciones en las que resultó electo Juan Manzur (FpV), muestra “una obcecada negativa a reconocer los resultados de los comicios locales” y rechazó esa pretensión. En la presentación, citada por el diario, el fiscal de Estado señaló que el partido que llevó como candidato a gobernador a José Cano “nunca antes había discutido puntualmente la cualidad inalterable del contenido de las urnas”. “Cabe subrayar que el frente electoral impugnante (el ApB) incurre en una notoria tergiversación de los antecedentes y de la plataforma fáctica del juicio de referencia”, apuntó Posse Ponessa. 

El fiscal del Estado sostuvo que “ninguna de las imputaciones se encuentran debidamente probadas en la causa. La parte impugnante sólo las funda en apreciaciones o referencias ambiguas, genéricas y derivadas de su propio parecer pretendidamente amparadas afirmaciones ‘de público conocimiento’, ‘públicas y notorias’, pero sin individualizar, ni acreditar, con prueba cierta y concreta ninguna de ellas. Por el contrario, muchos de los medios de prueba producidos en este juicio han demostrado exactamente lo opuesto de lo infundadamente manifestado por la parte impugnante en su recurso”.

Según Posse Ponessa, “en una lectura desvergonzada de los hechos oportunamente debatidos, la impugnante acude a su notoria tergiversación con el declamado fin de sembrar una nueva duda”. Y consideró que la disputa supone la resolución de un tema que “se encuentra estricta e ineludiblemente encuadrado en el ámbito del derecho público local”; solicitó entonces que la Corte tucumana declare “inadmisible” el recurso extraordinario federal y “manifiestamente improcedente el traslado”.

A fines de septiembre, la Corte provincial convalidó la elección a gobernador y señaló que el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que la había anulado había tenido un efecto paradójico, ya que con el argumento de resguardar la soberanía popular en realidad la estaba lesionando. Ahora, luego de que la Junta Electoral ya proclamó a Manzur como gobernador electo, los seguidores de Cano insisten en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el tema; pero el fiscal de Estado ya dio a conocer su opinión contraria a esta posibilidad.