Lucía Aisicoff

En el Instituto Patria están convencidos de que el objetivo final de Ricardo Quintela y el sector del peronismo que lo acompaña no era disputar la interna contra Cristina Fernández de Kirchner sino “embarrar” la cancha para evitar que ella asuma al frente del PJ Nacional. Creen que por eso metieron a la Justicia en la elección, una decisión que conlleva la amenaza latente de una nueva intervención al partido. 

El conflicto estalló el sábado, cuando la Junta electoral del PJ rechazó a la lista de Quintela por falta de avales y le dio 24 horas para corregir la situación. El número exigido por el reglamento era el 2% del padrón de afiliados (que equivale a 62.465 avales), pero el riojano presentó 60.755, de los cuales hubo 6.809 inválidos por falta de documentos de identidad y 5.195 con documentos ilegibles o diferencias de firmas entre las del documento y las presentadas en la planilla. Según esos datos, a la lista “Federales, un grito de corazón”, le faltan 13.714 para llegar al número requerido. 

La respuesta de los apoderados de la lista de Quintela fue insinuar que los avales estaban y se los robaron integrantes del Instituto Patria. En lugar de presentar copias definieron pedir un apartamiento de la Junta, denunciando su “parcialidad”. Según lo que repiten, 12 de sus 15 integrantes juegan a favor de Cristina. Es por eso que el tema llegó a manos de la jueza electoral María Servini, la misma que en 2018 definió intervenir al PJ y desplazar de la conducción a José Luis Gioja, dejando el partido en manos del gremialista Luis Barrionuevo, de diálogo fluido con el entonces presidente Mauricio Macri. 

Como afirmaron a elDiarioAR fuentes de Comodoro Py, al tratarse de una presentación en contra de la decisión de la Junta electoral del partido, el Código establece que quien debe tener la última palabra es el juzgado electoral, en este caso, Servini. En ese sentido, la decisión de la jueza es clave, porque no es apelable. 

En el medio de todo esto, según pudo saber elDiarioAR, Axel Kicillof buscó despegarse de la maniobra judicial. “La lista [de Quintela] no estaba en condiciones de aprobarse y además no estamos de acuerdo con la judicialización del partido. Esto era algo que se tenía que resolver puertas adentro y es un error de Quintela judicializarlo”, dijeron a este medio en el entorno del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien nunca se pronunció públicamente a favor de Cristina en la pelea partidaria interna, lo que le valió una indignación más de La Cámpora.

En términos políticos, la lectura que hacen desde el sector que acompaña a la expresidenta es que el terreno ya está “embarrado”. Si bien Quintela hasta ahora sólo exigió participar de las elecciones, el cristinismo ve que hay un riesgo mayor en que interceda Servini. Ven, detrás de la actitud, la mano de algunos sectores que quieren usar a la Justicia como una herramienta para limitar el accionar del peronismo. El timing tampoco es casual: ocurre a días del 13 de noviembre, fecha en la que Casación se pronunciará sobre la condena de Cristina. Ese día está fijada la audiencia del máximo tribunal penal en la que informará si confirma, reduce o eleva la condena a seis años de prisión contra la expresidenta. 

Hay un punto que podría señalar la justicia electoral, que ya comenzaron a repetir en off algunos de los interlocutores de la discusión: la imposibilidad de que el padrón conste de 3 millones de electores. La desactualización de la lista de afiliados podría ser un argumento a favor del que podría agarrarse la jueza si definiera intervenir el partido. 

En diálogo con elDiarioAR, Un operador judicial cercano al Instituto Patria le bajó el tono a esa preocupación: “Servini tiene que decir si la Junta electoral actuó bien o si encuentra alguna irregularidad. No vemos que haya posibilidad de intervención inmediata del partido, porque las autoridades tienen mandato hasta marzo. Creemos que lo que podría pasar es que, cuando llegue la fecha, se proclame la lista de Cristina porque es la única habilitada para la elección; pero también conocemos los tiempos judiciales y esa fecha podría aplazarse”. 

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el viernes de la semana pasada, durante una visita a la Universidad Nacional de las Artes (UNA). NA

En ese sentido, insistió con la versión de que Cristina quería competir para medirse en las urnas contra el riojano, aunque defendió el accionar de la Junta electoral de no habilitar la lista de su rival: “La Junta actuó bien; si se hacían los distraídos y no hacían bien su laburo, ahí sí que facilitaban una intervención judicial al partido. Hicieron lo que tenían que hacer”.

El análisis del kirchnerismo es que Quintela no buscó negociar, sino impedir que Cristina llegara a presidir el partido. Lo sintetizó la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de las apoderadas de la lista de la expresidenta: “Lo que sucedió es que la presentación de la lista de Quintela fue muy defectuosa, muy floja de papeles, no tenían candidatos, no tenían los avales suficientes. La realidad es que no querían competir”. El argumento del riojano es el mismo, en espejo: acusa a la lista de Cristina de no querer ir a elecciones y haber ganado el partido “desde sus oficinas”. 

El kirchnerismo cree que Ricardo Quintela no buscó negociar con Cristina Fernández de Kirchner sino directamennte impedir que la expresidenta llegara a presidir el partido. Marcelo Capece | NA

Las suspicacias del kirchnerismo crecieron el lunes, cuando Jorge Yoma, apoderado de la lista del riojano, apareció en la Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Para Quintela, un gobernador que hasta ahora se mostró como un opositor intransigente frente al gobierno de Javier Milei, la filtración de esa reunión fue un escollo en su estrategia. 

Hasta ahora, todo había sido ganancia: el riojano pasó de actor de reparto a protagonista al consolidarse como una alternativa al liderazgo de Cristina y logró encolumnar detrás suyo a exalbertistas, peronistas disidentes, kirchneristas desencantados y dirigentes cercanos al armado de Kicillof. Rápido de reflejos, el riojano buscó despegarse de la visita de Yoma a la Rosada, en un intento de instalar que se trató de un tema de “gestión”: habría acudido a charlar sobre la deuda de La Rioja. Su provincia le reclama a la Nación unos 300 millones de dólares.

Las elecciones en el PJ quedaron signadas por las denuncias internas y la falta de acuerdos. La posibilidad de que se posterguen es la consecuencia final de una campaña cargada de errores políticos y acusaciones cruzadas. Desde el Patria apuntan contra Quintela y aseguran que detrás suyo se esconden gobernadores que juegan para el Gobierno. Enfrente señalan la seguidilla de errores políticos de Cristina, que arrancó con un visto bueno para que otros “caminaran” el país, siguió con un operativo clamor que no tuvo el eco esperado y finalizó con la resistencia del riojano, que —según dicen— podría haber sido evitada con una charla a tiempo.