Este lunes la ministra de Planificación y Ambiente, María Elina Serrano, participó junto a su equipo técnico de la sesión extraordinaria a la que convocó la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Parlamento chaqueño, presidida por el diputado Daniel Trabalón.

Por casi dos horas ambos poderes intercambiaron posiciones de cara a las políticas de Estado que cada uno considera que deben desarrollarse en materia ambiental, lo que resultó en un diálogo fluido, con más coincidencias que disidencias, y en una agenda común para progresar en acciones que favorezcan al cuidado ambiental y que mitiguen de alguna manera el impacto negativo sobre el mismo.

En resumidas cuentas y previo a un despliegue de las proyecciones del Ejecutivo provincial, la ministra aseguró: "Nuestra política es trabajar el ambiente desde lo social", concepto que completó cuando expuso sobre el primero de los ejes en el que hizo especial hincapié, el proyecto 495 sobre Cambio Climático, en el que fortaleció la idea de lograr que lo ambiental sea transversal a todas las políticas de Estado que se despliegan en Salud, Educación, Desarrollo Social, Producción, entre tantas.

La educación ambiental, la articulación con Municipios para "que tengan autoridad sobre su territorio" y el impulso de una campaña de responsabilidad empresarial por el manejo de residuos y la aplicación de biocidas; también fueron mencionados por la ministra y reforzados por su equipo técnico.

Sobre el proyecto del Código Ambiental

Posteriormente se abordó otro de los temas convocantes, la posición del Gobierno sobre la iniciativa legislativa en la que se enmarca el Código Ambiental provincial, presentada en marzo de 2015 por el exgobernador Jorge Capitanich. No ocultó la ministra lo que la aleja de un documento que no le es desconocido y ante la consulta explícita sobre la postura del gobernador Domingo Peppo, volvió sobre un compromiso del primer mandatario, de "unificar la autoridad de aplicación ambiental, sea a través de este Código u otro". "Entre todos podemos conseguir una legislación mejor", afirmó en ese momento aunque posteriormente pidió un plazo perentorio e incluso se ofreció a desarrollar jornadas de trabajo para explicar a los legisladores de la Comisión punto por punto el proyecto del Código Ambiental y definir tras esa tarea si avanzar o no en su sanción, si reformarlo o elaborar un nuevo proyecto entre ambos poderes.

Sí avaló y calificó de "interesante" la creación de un fidecomiso que unifique todos los recursos/ fondos que se destinan al ambiente y otro punto que también se desprende de esa iniciativa legislativa, que hace a la posibilidad de vender lo que se decomisa para volcarlo en nuevos recursos para el ambiente.

Lo negativo, para la ministra, es que "limita en lo real las bonificaciones de la gente. (...) es una adecuación que llevaría muchos meses, involucra a tres organismos; la APA y la subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción también están implicadas en el Código", dijo.

Tras el encuentro, en declaraciones para CHACO DÍA POR DÍA, la ministra Serrano amplió sobre este tema y afirmó: "Pedimos un plazo. La instrucción del gobernador es que escuchemos lo que piensan los legisladores. Esta relación entre dos poderes tiene que ser de diálogo. Como es otra gestión, otro gobernador y el Poder Ejecutivo es personal, por eso cada gobernador le imprime su carácter a cada una de las administraciones, pensamos que al ser un proyecto enviado hace un año por la gestión anterior debemos conocer la opinión de los legisladores. Hemos armado una agenda de trabajo. Si la herramienta va a ser el Código o una nueva Ley que englobe estas cosas es lo que aún no hemos definido".

Pedidos del Ministerio al Poder Legislativo

Casi al concluir la reunión, la ministra también hizo mención a la realidad de la cartera que encabeza, que cuenta con alrededor de 100 trabajadores entre agentes de la planta permanente y contratados y que requiere de una serie de avances que la fortalezca y sobre todo a sus recursos humanos. En ese sentido la requisitoria se basa en concursar 19 cargos para la planta permanente; la creación de un fondo estímulo; bonificaciones y adicionales remunerativos por recursos humanos ara el personal especializado, la cuestión edilicia que también podría resolverse abriendo oficinas externas a la que ocupan en el 9no piso de Casa de Gobierno, y la necesidad de reforzar su parque automotor.

La postura de la Comisión

Por parte de la Comisión, el diputado Trabalón valoró el aporte del Ejecutivo en la figura de la ministra Serrano, y la "decisión del gobierno de unificar lo que hace a la autoridad ambiental en la provincia".

Rescató entre los planteos "la necesidad del control en materia de legislación. Hay legislación pero hay una demanda de la sociedad para que el Estado aplique las leyes, controle cuando hay incumplimiento y sancione. Y también la cuestión de generar una política de participación ciudadana y avanzar en materia educativa".

"Esperamos que estos espacios se mantengan, se profundicen y se amplíen hacia otros sectores pero que el Gobierno empiece a reforzar la política que tiene que ver con la aplicación de las leyes que ya existen, con el control de las mismas, que genere participación ciudadana e información. Sobre esos ejes se pueden trabar muchas otras cuestiones, es muy amplio el temario y la agenda de trabajo, pero hay una demanda que hace a los problemas ambientales que tiene la provincia: la deforestación, la aplicación de la ley de Biocidas, los residuos sólidos urbanos", dijo el legislador y acotó: "Hay muchos temas que entendemos son todavía deudas pendientes en materia de políticas de Estado".

Los presentes

Como diputados miembros de la Comisión participaron Claudia Panzardi, Enrique Paredes, Mariana Salom, Ana María Canata, Carlos Martínez y María Lilian Fonseca. En tanto, del equipo técnico del Ministerio, la Arq. Claudia Terenghi; la directora de fiscalización ambiental Ing. Andrea Knopoff; la contadora Viviana Pérez por la dirección de desarrollo sustentable; el geógrafo Luis Romero, responsable del Programa Provincial de Cambio Climático y la asesora legal, Marcela Cáceres.