El gobernador Gioja firmó, en la jornada de ayer, el decreto que fija la intervención del órgano encargado de fijar el precio de las compras que hace la Provincia. Los miembros permanentes fueron suspendidos transitoriamente.
El Tribunal está sospechado por las expropiaciones de terrenos en Cuesta del Viento, Parque de Mayo y el Canal Benavídes, causa que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción a cargo de la jueza María Inés Rosellot.
El decreto, firmado por el gobernador José Luis Gioja y el ministro de Infraestructura, José Strada, establece la suspensión transitoria, en el ejercicio de sus funciones, de los miembros permanentes de dicho Tribunal: Joaquín Fernández, presidente, Pedro Bazani y José Moreno.
La suspensión transitoria durará mientras se lleve a cabo la investigación administrativa, dispuesta en el mismo documento, a los fines de determinar “la presunta responsabilidad administrativa por eventuales efectos gravosos y perjudiciales al erario público en el accionar de los integrantes del Tribunal”.
Nuevos interventores
El decreto señala como nuevos interventores del organismo constitucional, creado para fijar el precio de las compras que hace la provincia a: Omar Blanco, Elio Vergara y Rubén Ramírez.
También se designa al doctor Ricardo Romero, abogado perteneciente al Servicio Jurídico de Asesoramiento Permanente, como instructor en la investigación administrativa, y al subcomisario Gustavo Manrique como secretario de la investigación administrativa.
Motivos
Entre los motivos que llevaron al Ejecutivo Provincial a tomar tal medida, por un lado, está la expropiación de terrenos para la construcción de viviendas en el departamento Albardón.
En este caso, existió un cambio de criterio al tasar un mismo inmueble, incrementándose el valor del mismo sustancialmente al momento de ser presentado ante el juzgado en el que se tramitaba el juicio de expropiación.
Por otra parte, el Ejecutivo tomó conocimiento del requerimiento efectuado por el Ministerio Fiscal ante el Quinto Juzgado de Instrucción en el que se tramita la investigación llevada a cabo en sede penal “Con motivo de la denuncia presentada por Walter Lima ante la Fiscalía de Instrucción N 1”.
El fiscal interviniente requiere la ampliación de la instrucción de los miembros permanentes del Tribunal de Tasaciones. En el requerimiento se enuncian presuntas irregularidades detectadas en actas remitidas por el Tribunal de Tasaciones.
“Se advierte que en dichas actas constan valores establecidos en distintas valuaciones de parcelas de Cuesta del Viento expropiadas por el Gobierno Provincial y en litigio ante la Justicia, y que se caracterizan porque el Tribunal de Tasaciones cambió constantemente de criterio para fijar el precio, en principio sin justificación”.
Más allá de las responsabilidades penales, que puedan o no tener por el requerimiento aludido, el Ejecutivo advierte la necesidad de iniciar en el ámbito administrativo una investigación al efecto de determinar si existe o no responsabilidad administrativa en la actuación de los miembros del Tribunal.
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