Un ritmo por debajo del promedio cercano al 60 por ciento erogado, para el mismo período, por las Agencias del Estado, ajenas al control ordinario del Tribunal de Cuentas.

Eso señala un trabajo elaborado por la legisladora opositora Liliana Montero (Córdoba Podemos), sobre la base de la última Ejecución Presupuestaria que se conoció hace unos días en la Unicameral tras la publicación oficial.

El informe pone la lupa sobre 34 programas distribuidos en seis reparticiones de la administración pública provincial –una secretaría y cinco ministerios– que son contrastados con otros dependientes de las agencias.

“Una vez más, el Gobierno provincial demuestra que, por un lado, subejecuta los programas sociales y, por otro, sobreejecuta lo presupuestado para las Agencias del Estado, las cuales manejan dinero sin control democrático”, se quejó la parlamentaria.

El señalamiento de Montero abarca a 34 programas y no a todo los ítems del presupuesto comprometido. Según la planilla oficial, los programas con gastos menores al 40 por ciento son los que están destinados a atender las problemáticas “más graves” y a las personas “más vulnerables de la provincia”. El grupo incluye partidas para la contención de niños, violencia familiar, adicciones, nutrición y medio ambiente, entre los principales.

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El Gobierno recordó que las partidas evolucionan hasta el final del año

El trabajo aclara que entre los programas subejecutados hay algunos financiados por la Nación. “Tal vez la razón de la subejecución radique en que Nación no ha girado fondos. Si este fuera el caso, nos preguntamos qué ha hecho la Provincia para exigir su cumplimiento”, señala el informe.

Los casos

El estudio destaca entre los programas subejecutados el correspondiente a las Salas Cuna, uno de los emblemas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Según la planilla oficial, de los 321.243.000 pesos, al 30 de junio se comprometieron 112.455.856 pesos, lo que representa el 34 por ciento del total asignado para el año.

Vinculado al Ministerio de Salud, se señala que de los 9.251.000 pesos se ejecutaron 2.367.002 pesos, es decir, el 25 por ciento. La partida destinada a la salud mental lleva una evolución del gasto de 36 por ciento.

En la cartera de Educación, se pone el acento en cinco de los programas con menor grado de ejecución. “Educación para Jóvenes y Adultos” es el mejor, con un 36 por ciento de erogación. Pero hay otras partidas con mayores atrasos: “Mejoramiento de la Educación Rural” (11%), “Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos” (0,7%) y “Plan de Mejora Institucional” (1%).

El relevamiento incluye el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se cuestiona que al 30 de junio, el programa “Asistencia a la Víctima del Delito” tenga una ejecución del 27 por ciento y que en “Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Lucha contra la Discriminación” se hayan gastado 17.994.253 pesos de los 68.867.000 pesos presupuestados, el 26 por ciento.

El trabajo marca un fuerte contraste con lo que sucede en las Agencias del Estado. “El porcentaje de ejecución –señala Montero– sube estrepitosamente a casi el 60 por ciento cuando se analizan las cifras de todas las agencias”.

De los 3.734.756.000 pesos que figuran en el Presupuesto para las siete Agencias (Cultura, Deportes, Joven, ACIF, Innovar y Emprender, Turismo y Pro Córdoba) ya se ejecutaron 2.210.280.877 pesos, es decir, el 59 por ciento.

La legisladora destaca que las agencias “se saltean el control estatal tal como está previsto para el resto de la administración pública. Simplemente, gastan y luego dibujan la justificación, ya que no están sometidos al control preventivo del Tribunal de Cuentas”.