Organizaciones ecologistas acusaron esta semana a un empresario de fumigaciones rurales de haber amenazado y presionado a una mujer que reside en la ciudad de Rufino y que lo había denunciado por haber realizado una aplicación aérea de plaguicida cerca de su casa y de haber volado la aeronave por encima del casco urbano, acciones que están prohibidas por la ley 11.273.

El incidente es un capítulo más de la tensión permanente que recrudece en los pueblos de la geografía sojera desde que se avecina la siembra y mientras transcurre el ciclo del cultivo, tal como sucede ahora, cuando los agricultores protegen sus cultivos de malezas e insectos con diversos plaguicidas, para los cuales la ley les impone algunas restricciones.

Los conflictos se desencadenan en los lotes que circundan a los cientos de pueblos que están dentro de las 18 millones de hectáreas que en el país están cultivadas con soja, bajo el modelo de siembra directa que requiere el tratamiento intensivo con agroquímicos.

El miércoles 13, una vecina de las afueras de Rufino (ciudad de 18.000 habitantes situada junto al límite con Córdoba y Buenos Aires) denunció ante la Guardia Rural de Policía y ante el Ministerio de la Producción provincial que una avioneta estuvo fumigando en cercanías de su vivienda, próxima a la ruta 7, y que incluso sobrevoló el ejido urbano.

"El fumigador había sido multado el año pasado por una infracción similar, y ese mismo avión no está inscripto en el registro que impone la ley fitosanitaria", contó el ingeniero agrónomo Mario Monti, referente local del Ministerio de la Producción. Esa norma prohíbe fumigaciones aéreas a menos de 500 metros de un poblado. El funcionario y varias organizaciones ecologistas afirman que ese límite no es tenido en cuenta ni por los prestadores del servicio ni por los productores que lo contratan.

La ley 11.273 es más contemplativa para el caso de las fumigaciones con los equipos terrestres de pulverización como los llamados "mosquitos". Admite su trabajo dentro del radio de 500 metros de plantas urbanas, pero sólo con agroquímicos de baja o nula toxicidad. Y en esto también hay una polémica vigente que demanda la revisión de la norma provincial, sancionada en 1995, cuando recién explotaba el boom sojero a través del modelo de siembra directa con semillas transgénicas, resistentes al glifosato.

REPRESALIAS. La denunciante, que pidió mantener su identidad en reserva, se apoyó en la ONG Centro de Protección a la Naturaleza, desde donde revelaron que luego de la presentación policial, el dueño de la avioneta fue hasta la casa de la mujer para que retirara su denuncia. Como ésta rechazó esa pretensión –dijeron– el empresario "la amenazó verbalmente y luego la intimidó con el llamado telefónico de una abogada que mencionó futuras acciones legales en su contra por el lucro cesante" que habría sufrido el fumigador por la sanción impuesta.

El director del hospital de Rufino, Silvio Teixidó, refirió que para esta época es común atender casos de alergias cutáneas y de gastroenteritis, aunque aclaró que no tiene la certeza de que esas patologías sean atribuibles a las fumigaciones agrícolas.

Para el dirigente de la ONG Grupo Reflexión Rural, Jorge Rulli, el conflicto entre fumigadores y fumigados "no se puede parar porque el modelo sojero se ha naturalizado. El kirchnerismo pretende echarle la culpa a la Mesa de Enlace, pero lo cierto es que el gobierno no hace nada por modificar eso. Es el modelo de país", dijo.

Una receta que no se discute

En diciembre pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe ratificó un recurso de amparo presentado por vecinos de la ciudad de San Jorge para prohibir por seis meses las fumigaciones a menos de 1.500 metros de la zona urbana –para las aplicaciones aéreas– y a menos de 800, para el caso de las terrestres.

Para entonces, el Ministerio de Producción deberá informar sobre el grado de toxicidad de los productos empleados y determinar si es conveniente o no continuar con ese modo de protección de los cultivos.

El producto clave de la agricultura actual –el glifosato– es considerado por ley como de baja toxicidad, pero existen informes médicos que lo cuestionan. Como el que elaboró en 2006 el Hospital Italiano de Rosario y otras entidades. Ese trabajo estudió pueblos del sur santafesino donde hay uso intensivo de agroquímicos y concluyó en que los casos de malformaciones y de algunos cánceres que registraron esas localidades superan el promedio nacional.

Mario Monti recomendó sumar denuncias para forzar la revisión de la ley y del modelo en sí mismo. Y eso que es ingeniero agrónomo, una profesión directamente involucrada con la actividad. "Así como los farmacéuticos terminaron envolviendo cajitas de medicamentos, los ingenieros agrónomos terminamos aplicando una receta tecnológica sin posibilidad de discutirla", se sinceró.